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Familiares de presos del estallido interpelan a poderes del Estado buscando solución

Por: Cristian Neira | Publicado: 29.04.2022
Familiares de presos del estallido interpelan a poderes del Estado buscando solución Familiares de presos de la revuelta | Agencia Uno
Mediante un comunicado, organizaciones y familiares de los presos de la revuelta buscan dialogar con los tres poderes del Estado, para buscar soluciones que otorguen la libertad de quienes siguen en prisión preventiva o ya han sido condenados.

Buscando una solución a la problemática que los atañe y pidiendo acelerar la tramitación de la Ley de Indulto, organizaciones y familiares de los presos políticos de la revuelta interpelaron a los tres poderes del Estado.

En un comunicado, expresan que “cada uno de ellos, en el marco de sus atribuciones, cumpla con sus obligaciones y enfrente debidamente la grave situación que afecta a los presos de la revuelta social y a los cientos de jóvenes formalizados que se encuentran a la espera de la dictación de una sentencia”.

En ese sentido, al Ejecutivo le solicitan que patrocine y renueve la urgencia al Proyecto de Ley sobre Indulto General. 

“Cumplir  con  lo  anterior,  sería  coherente  con  sendas  declaraciones  emanadas  de autoridades del actual gobierno, en el sentido de reconocer que la prisión  fue utilizada por la administración anterior como una herramienta de castigo dentro de una política de persecución a la disidencia, con el firme propósito de desincentivar la protesta social”, argumentan.

Por su parte, al Poder Legislativo le exigen “tramitar con celeridad el mencionado Proyecto de Ley sobre Indulto General, a votarlo favorablemente considerando el fundamento de derechos humanos en que se basó”.

A su vez, al Poder Judicial, las organizaciones firmantes solicitan “acelerar las investigaciones y a dictar prontas sentencias. Cabe recordar que muchos de ellos, llevan más de dos años en calidad de formalizados sin que se haya dictado sentencia en juicio”.

Por último, queremos advertir que una actitud pasiva de los poderes del Estado ante lo que declaramos, significaría contribuir a la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas a partir de octubre de 2019, que de acuerdo a la legislación penal nacional e internacional constituyen crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales existe un pronunciamiento pendiente de la Corte Penal Internacional”, cierra el texto.
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