La oposición condicionó su apoyo a un eventual acuerdo nacional sobre la seguridad ciudadana y contra la delincuencia, debido a la prioridad que otorgó el gobierno al proyecto de ley de indulto de los presos del estallido social.
La semana pasada, cuando distintos hechos de violencia y el disparo a la periodista Francisca Sandoval en el Barrio Meiggs marcaban la agenda pública, el Presidente Gabriel Boric en su gira a Magallanes hizo un llamado a que las diferentes fuerzas políticas se unan en torno a un pacto político que permita modernizar las policías y reforzar leyes a fin de que existan mejores investigaciones penales, entre otros puntos.
Desde la oposición mostraron su disposición a ser parte de un eventual acuerdo, pero con el correr de los días han ido acusando señales equívocas del gobierno.
Específicamente, argumentan que iniciativas como el proyecto de amnistía para personas detenidas en el estallido social, harían “difícil” un acuerdo, porque por un lado se habla de «mano dura», y por otro, se quiere amnistiar a quienes cometieron delitos durante la revuelta social.
Así lo reiteró el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya, quien dijo que se debe llegar a mínimos comunes para poder avanzar en un eventual acuerdo.
En ese sentido, apuntó a que la intención de amnistiar a los denominados presos del estallido haría compleja la materialización del acuerdo.
Por su parte, su análogo en Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán, dijo que el Ejecutivo debe dejar de lado las señales de impunidad.
El presidente del Partido Republicano, el senador Rojo Edwards, aseguró que el gobierno, más allá de hacer anuncios sin contenido, debe gobernar.
Y en el caso del diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, dijo que están 100% disponibles para ser parte, pero debe haber más proactividad del Ejecutivo.