Este 27 de junio en el Centro de Eventos Park Plaza Hotel se llevó a cabo «Causa Abierta», un evento público de reflexión, debate y análisis sobre casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o reproductivos en Latinoamérica y el Caribe.
La actividad se realizó en el marco de la IV Conferencia Regional de Población y Desarrollo, cuyo objetivo es hacer un llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo.
Con este fin, «Causa Abierta» presentó y discutió tres casos emblemáticos expuestos por diferentes organizaciones feministas de la región.
Los casos fueron analizados en vivo por un comité de expertas, quienes realizarán «un balance de los vacíos y fallas, los derechos vulnerados, las consecuencias sobre la salud de mujeres y niñas y/o los problemas éticos que ello suscita. Se pronunciarán también sobre los incumplimientos a distintos compromisos internacionales de los Estados en estas materias», señalaron las organizadoras en un comunicado.
En el evento, que fue moderado por la médica colombiana experta en género, Ana Cristina González, quien recientemente ha sido destacada por Time entre las 100 personas más Influyentes del mundo, se presentaron los siguientes casos:
Chile: «Profanación y ultraje. El cuerpo ciego de la ley». Acerca de las vulneraciones registradas por agentes del Estado durante el estallido social de octubre 2019. Presentadora: Francisca Pérez Prado. La Morada, Articulación Feminista Marcosur.
Ecuador: “Violencia sexual, acceso al aborto, leyes restrictivas y violencia institucional. El caso de Celia”. Presentadora: Ana Cristina Vera, SurkunaGrupo de abogadas de CLACAI.
Brasil: “Mortalidad materna durante COVID-19: El derecho a la vida, a la salud y la igualdad”. Presentadora: Joluzia Batista, Articulación de Mujeres Brasileras.
Francisca Pérez Prado, presentadora de la causa chilena «Profanación y ultraje. El cuerpo ciego de la ley» comentó que «la responsabilidad del Estado, tanto en la comisión de los delitos y vulneraciones que tratamos, como en la gestión de los mismos, es múltiple».
«Resulta evidente, en primer lugar, la responsabilidad que concierne al poder Ejecutivo en la administración de la crisis y en el desempeño de las Fuerzas Armadas y de orden, es decir, Ejército y Carabineros, quienes son sindicados como principales ejecutores de las vulneraciones informadas», agregó.