Los contratos del Ministerio de Salud con Espacio Riesco para instalar el hospital de emergencia durante la pandemia de COVID-19, hechos bajo la administración de Arturo Zúñiga en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, siguen en tela de juicio.
Esta vez, fue por un informe emanado desde la Contraloría General de la República, donde se detectaron graves irregularidades en los procesos que llevaron a la administración del exconstituyente de la UDI a firmar el millonario contrato.
Dentro de las conclusiones de la investigación del ente contralor, se constató que no se cotizó otros recintos antes de firmar, por lo que careció de todo análisis de costos.
“En relación con la implementación del Centro Hospitalario Huechuraba, se observa que la Subsecretaria de Redes Asistenciales suscribió el 25 de marzo de 2020 con el Centro de Convenciones Santiago S.A. un contrato de arrendamiento del recinto Espacio Riesco por un monto de 0,2 UF/m2 efectivamente utilizado -(máximo 5.400 UF, IVA incluido, mensuales, o el equivalente a 27.000 m2)-, estableciéndose en ese acuerdo de voluntades que el Servicio de Salud Metropolitano Norte quedaría como único usuario de dicho recinto, lo que se tradujo, en los hechos, que este último organismo celebrara posteriormente de 1 de abril de 2020, y con la misma sociedad, un contrato para el servicio de habilitación de las instalaciones, por un total de $1.627.379.672-como valor máximo-“, informó CGR.
“En la implementación del aludido centro hospitalario a través de los dos contratos antes mencionados, suscritos por distintas entidades públicas, pese a tratarse de aspectos directamente vinculadas y con la misma contraparte, no se efectuó un análisis integral del proceso y de sus costos totales”, añadió.
En ese sentido, siguiendo el informe de Contraloría, esta falta afectó el correcto proceder en la determinación de los precios y en la verificación y control de las operaciones ejecutadas por la empresa en el marco de la habilitación de dicho inmueble.
“Lo que no se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia, control, coordinación y transparencia, consagrados en los artículos 3°, 5° y 13 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, advirtió.
Otra irregularidad detectada durante la administración del exconstituyente Arturo Zúñiga, es que el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) efectuó pagos a la empresa Centro de Convenciones Santiago S.A., sin contar con la pertinente acreditación de las partidas que se detallan en el Anexo N° 3, de este informe final, por el monto de $ 79.409.721, IVA incluido.
“Toda vez que ese organismo no aportó antecedentes de respaldo que den cuenta que los arriendos y/o faenas se ejecutaron en los periodos establecidos y/o de la forma exigida en el referido acuerdo de voluntades”, reveló Contraloría.
Es por eso que Contraloría ordenó al SSMN acreditar y justificar estos pagos, en un plazo de 30 días hábiles, además de “un procedimiento disciplinario que el Servicio de Salud Metropolitano Norte ordenó instruir mediante la resolución exenta N° 1.676, de 2020, en relación con situaciones analizadas en este informe final, debiendo esa repartición publica remitir a esta Entidad de Control el acto administrativo que lo afine”.
No es la única irregularidad detectada en la administración de Zúñiga. “La Subsecretaria de Redes Asistenciales no acreditó haber realizado un estudio de evaluación de distintas opciones de inmuebles sobre la base de criterios técnicos, objetivos y formales, en el proceso de búsqueda y selección de recintos para el funcionamiento de un hospital de emergencia”, detalló CGR.
Es por eso que el ente contralor iniciará un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en la celebración de este contrato.