El Senador Álvaro Elizalde (PS) y el diputado Raúl Soto (PPD) se reunieron durante este martes con el padre de Antonia Barra y su equipo de abogados, con el fin de comprometer sus esfuerzos para agilizar la tramitación de la llamada “ley Antonia” en el Congreso.
La cita se da posterior a la lectura del veredicto de Martin Pradenas, quien fue hallado culpable de violación y diversos delitos sexuales, uno de ellos, en contra de Antonia Barra, lo que terminó con su suicidio. El sujeto arriesga hasta 40 años de cárcel por los crímenes que cometió.
Alejando Barra, padre de la joven fallecida, llegó hasta el Congreso para discutir sobre los avances legislativos de la ley que lleva el nombre de su hija e hizo un llamado a seguir trabajando en materia de protección a víctimas de delitos de carácter sexual.
“Eso sucedió con mi hija. Eso sucedió con esta sociedad marcada por estas posturas machistas. Las mujeres se sentían culpables al ser víctimas de delitos. Cambiemos esta mirada. El tribunal resolvió así y todos tenemos que avanzar en esa dirección; tenemos que avanzar para cambiar”, expresó Alejandro Barra.
El pasado 6 de abril la ley Antonia pasó a comisión mixta luego de que la Cámara Baja rechazara parte de las modificaciones al proyecto.
Ante esto, el diputado Raúl Soto (PPD) aseguró que existe un compromiso transversal por parte del Congreso para avanzar en la tramitación del proyecto de ley .
“En nombre de cada una de las mujeres víctimas de violencia sexual en nuestro país, hemos hecho este compromiso transversal para constituir, rápidamente, esta comisión mixta y trabajar en conjunto con la familia, con los abogados, con la sociedad civil, una propuesta que permita avanzar”, sostuvo el diputado.
Por su parte, la diputada Maite Orsini (RD) valoró el fallo de la justicia en contra de Pradenas, aunque enfatizó en que “aún existe una deuda con la mujeres víctimas de violencia sexual”.
“Este fallo histórico con perspectiva de género tiene que ser acompañado también por un cambio institucional que entregue garantías, que proteja a las víctimas. Que les entregue espacio seguro a la hora de denunciar. Que, además, imparta a las autoridades de justicia, a quienes llevan investigaciones, la obligación de aplicar una perspectiva de género a la hora de investigar, juzgar y fallar”, concluyó.