Pese a votos en contra y abstenciones del PDG y la derecha, Cámara despachó “Ley Tamara”

Con 116 votos a favor, 3 en contra y 16 abstenciones, se aprobó en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la llamada “Ley Tamara”, que endurece las penas para quienes cometan delitos contra menores, adultos mayores o personas con discapacidad.

El proyecto nació a partir de la refundición de dos iniciativas que fueron presentadas en marzo de 2021, tras el asesinato de Tamara Moya, niña de 5 años que fue baleada en el contexto de una encerrona en febrero del año pasado.

En concreto, el proyecto aprobado modifica el código penal, estableciendo como agravante el cometer delitos contra menores, personas con discapacidad y adultos mayores, lo que deberá ser considerado por los tribunales para la cuantía penal.

En este sentido, se agregó un artículo que contempla que en caso de cometerse un delito contra este grupo de personas, las penas del delito se determinarán excluyendo el grado mínimo si es compuesta, o el mínimo si consta de un solo grado.

En cuanto a los delitos de violación, se reemplaza la sanción de presidio mayor en cualquiera de sus grados (5 años y un día a 20 años) por grado medio máximo (desde 10 años y un día a 20 años).

De la misma forma, se incluyen nuevas circunstancias en el delito de homicidio, considerando si la víctima es menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad. En el caso de que el delito se cometa con por premio o promesa remuneratoria (sicariato), se añade cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. Esto quiere decir que la pena de homicidio simple para los casos descritos se eleva desde el grado medio (10 años y un día a 15 años) a grado medio máximo (10 años y un día a 20 años).

Respecto al delito de violencia o intimidación, se incluyen las amenazas a la integridad de niños que se encuentren al interior del vehículo. Ello ya sea para apropiarse del móvil o para obtener las pertenencias en su interior.

En la sesión de la Sala, los parlamentarios argumentaron que pese a que el proyecto significa un avance en materia de protección de la infancia, el aumento de penas es una política ineficaz si los reclusos acceden a la libertad condicional.

Los diputados en contra de aprobar el proyecto fueron Yovana Ahumada, Karen Medina y Alejandro Pino, todos del Partido de la Gente (PDG).

En cuanto a los parlamentarios que se abstuvieron está Renzo Trisotti (UDI); los RN, Sara Concha, Francesca Muñoz y Harry Jürgensen; y los miembros y cercanos al Partido Republicano Chiara Barchiesi, Gonzalo de la Carrera, Juan Irarrázaval, Johannes Kaiser, Carlos Meza, Benjamín Moreno, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Luis Sánchez, Stephen Schubert y Cristobal Urruticoechea.