Fin de la era Abbott: Cinco hitos que marcaron su gestión como fiscal nacional

El próximo 1 de octubre se acaba la era de Jorge Abbott Charme al mando de la Fiscalía Nacional. El persecutor cumplirá 75 años, edad límite legal para el cargo, por lo que no alcanzará a completar su período completo de ocho años.

Su administración, que comenzó en diciembre del 2015, estuvo cruzada por investigaciones claves en casos de corrupción, como SQM, Penta y Corpesca, donde quedó marcada su doctrina.

La renuncia de Gajardo y Norambuena

Una de las primeras decisiones de Abbott al mando de la Fiscalía Nacional fue desarmar el equipo de fiscales que había conformado su predecesor Sabas Chahuán para investigar las causas del financiamiento ilegal de la política, compuesto por Pablo Norambuena, Carlos Gajardo y Emiliano Arias.

La máxima autoridad del Ministerio Público cambió la estrategia y optó por avanzar en causas separadas. Carlos Gajardo y Pablo Norambuena solo quedaron al mando de Penta, mientras que, en una primera etapa, él asumiría personalmente las causas de SQM y Corpesca. Arias, por su parte, fue removido del equipo.

Con el avance de la investigación, los roces entre Abbott y los fiscales fueron creciendo, lo que produjo que en 2017 ambos fueran sacados del caso y, en su reemplazo, asumiera Manuel Guerra, exjefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien optó por juicios abreviados con sanciones económicas para los acusados y el polémico sobreseimiento del senador Iván Moreira (UDI).

En consecuencia, los fiscales Gajardo y Norambuena renunciaron al Ministerio Público en enero del 2018. Mediante una carta, criticaron que la Fiscalía había tomado «un camino que marca un divorcio con nuestras profundas convicciones profesionales y éticas». Ante ese escenario, los persecutores acusaron que no tienen otra opción que «reconocer esta derrota interna y presentar, con dolor, nuestra renuncia a la institución».

Norambuena, Gajardo y Arias. Foto: Agencia UNO

El convenio con la iglesia católica

A fines de abril de 2019, el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal firmaron un acuerdo de colaboración mutua a raíz de los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. El hecho provocó inmediato rechazo por parte de las agrupaciones de víctimas de estos delitos, de parlamentarios de diferentes sectores políticos y de la Asociación de Fiscales.

La imagen del hito mostraba a Abbott firmando el convenio junto al obispo Fernando Ramos, entonces secretario general de la Conferencia Episcopal y hoy arzobispo de Puerto Montt. Pero ante la ola de cuestionamientos, el fiscal nacional tuvo que echar pie atrás siete días después.

En un comunicado, el persecutor anunció que dejará sin efecto el polémico acuerdo, asumiendo que fue un error suscribirlo sin antes reunirse con las víctimas de abusos por parte de personeros de la Iglesia.

«Escuché a las víctimas y me pude dar cuenta de que todo esto tenía un efecto simbólico que no previmos, no fuimos capaces de percibir esto antes de firmar el convenio», dijo Abbott.

La denuncia contra Emiliano Arias

En abril de 2019, el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, denunció que el fiscal regional, Emiliano Arias, había cometido cuatro delitos en el marco de distintas causas judiciales. Días antes de la denuncia, Jorge Abbott decidió separar a Arias de la investigación de corrupción que involucraba a tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, trasladando el caso a Santiago.

Una vez conocidas las denuncias, Abbott convocó a un consejo extraordinario de fiscales donde se decidió suspender al persecutor de sus funciones e iniciar una investigación en su contra. Las presiones sobre Arias al interior del Ministerio Público fueron creciendo e incluso la Fiscalía pidió su destitución a la Corte Suprema en 2020, pero fue desestimada.

En noviembre de 2021, Emiliano Arias fue absuelto por primera vez en forma unánime por Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. No obstante, el fiscal regional Región de Magallanes, Eugenio Campos, a quien Abbott designó para investigar a su par, pidió la nulidad del juicio.

Cuando se realizó el segundo juicio oral, pero con otra integración de jueces, Arias volvió a ser absuelto. De esta forma, tras más de 900 días y varios intentos de Abbott por removerlo, Arias se reintegró a sus labores como fiscal regional de O’Higgins este año.

El caso de Marcos Emilfork

Otro de los choques que mancharon la gestión de Abbott se dieron con Marcos Emilfork, quien en julio de 2019 presentó su renuncia a la Fiscalía Regional de Los Lagos.

Su sorpresiva salida del Ministerio Pública fue aclarada por el propio persecutor, a través de una carta donde detalló que, entre sus razones para salir de la institución, habían diferencias insoslayables con el fiscal nacional.

En particular, Emilfork hace mención al caso Sename. Menciona «situaciones» entre él y Abbott durante el desarrollo de la investigación sobre presuntos desvíos de recursos del programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias del Sename —lo que después se llamó caso Ascar— y que involucraban a los exministros de Justicia de Bachelet, Javiera Blanco y José Antonio Gómez.

El caso finalmente fue cerrado por falta de antecedentes.

Las reuniones con involucrados en casos de corrupción

En una entrevista con el periodista Daniel Matamala para CHV Noticias, Jorge Abbott confirmó varias de las sospechas que habían sobre su llegada a la testera de la Fiscalía Nacional.

El propio persecutor reveló haber tenido una serie de reuniones secretas, con diversos parlamentarios involucrados diversas causas de financiamiento ilegal de la política, previos a su confirmación en un cargo que requiere la aprobación del Senado.

Dentro de dichas reuniones, se encuentra la que Abbott tuvo con el senador demócrata cristiano, Jorge Pizarro, actual vicepresidente del Senado, a quien recibió de manera reservada en su domicilio privado, cuando el legislador y su hijo se encontraban siendo investigados en el marco del caso SQM.

Esta no fue la única reunión del fiscal nacional. También hubo una con Hernán Larraín, quien le solicitó personalmente a Abbott que concrete la arista del caso Penta que involucraba a Iván Moreira, quien se encontraba desaforado de su cargo. Un mes después de la solicitud, el fiscal Manuel Guerra frenó una eventual condena para el parlamentario.