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Cuatro de cada 10 de los encuestados admiten no haber recibido nunca un servicio de profesionales de esta área, señala el estudio liderado por la Defensoría de la Niñez y la Universidad de Chile. Asimismo, identifican a los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado como el grupo más afectado.
Dramáticas brechas en políticas de salud mental para la niñez y adolescencia, en especial para aquellos que están bajo cuidado del Estado, fueron constatadas en un estudio liderado por la Defensoría de la Niñez y la Universidad de Chile efectuado a través de su Escuela de Salud Pública y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana.
Específicamente, se trata del “estudio de políticas públicas relacionadas con la salud mental de niños, niñas y adolescentes (NNA)”, presentado por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz en una instancia en la que participó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
“Quisimos elaborar propuestas y recomendaciones para una nueva red de salud mental para niños, niñas y adolescentes, que incorpore los desafíos identificados en esta investigación, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y que permita, sobre todo, asegurarles a ellos y ellas el ejercicio efectivo de su derecho a la salud, a la supervivencia y el desarrollo en su máximo potencial”, detalló Muñoz durante la actividad de esta jornada.
Considerando este propósito, el estudio focalizó su investigación tomando en cuenta diferentes fuentes de información, como es el caso de la revisión de evidencia internacional salud mental, específicamente apelando a la experiencia de seis países, además de entrevistas a más de 30 personas que se desempeñan en este ámbito en diversas reparticiones estatales.
Paralelamente, el levantamiento de antecedentes implicó también la consulta a los mismos niños, niñas y adolescentes, a través de una encuesta en la que participaron 751 adolescentes de todo el país, a lo que se sumó la realización de grupos de conversación y análisis con niños, niñas y adolescentes que viven bajo cuidado del Estado.
Como consecuencia de la consulta directa a niños, niñas y adolescentes, se logró constatar la existencia de dramáticas brechas en el abordaje de la salud mental que enfrenta Chile.
De hecho en la encuesta, además de identificar en su mayoría, el concepto de salud mental como bienestar o sentirse bien, los y las adolescentes participantes reconocen como los problemas de salud más importantes para sus pares la ansiedad (92,9% de las menciones), la depresión (92,3%) y las auto lesiones (77,5%).
Adicionalmente, los y las encuestadas identifican como grupos especialmente afectados, en relación a su salud mental a niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado (84% de las menciones), a aquellos(as) pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ (82%), a las niñas y adolescentes (65%) y a quienes tienen alguna discapacidad (58%).
Consultados sobre el eventual aumento en los problemas de salud mental producto de la pandemia y/o las cuarentenas, los y las adolescentes consultados destacaron el incremento de dificultades vinculadas con la ansiedad y la depresión, con un 86% y 83% de las respuestas, respectivamente.
Respecto de la atención en salud mental, cuatro de cada 10 de los y las adolescentes encuestado admiten no haber recibido nunca un servicio de profesionales de este ámbito. Y entre quienes sí accedieron a ella, la gran mayoría valora positivamente la prestación, pero al ser consultados sobre los resultados derivados de esta intervención, la valoración positiva disminuye de manera considerable, alcanzando el 38%.
En otro ámbito, la mayor parte de las y los encuestados detallan que los tres principales problemas de acceso están vinculados el alto costo de la atención, en 53% de los casos, a la escasez de actividades de prevención (41%) y a la promoción (35%).
En los grupos focales de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado se constata que la salud mental para ellos, se circunscribe a responder consultas alusivas a cómo se sienten, cómo están, qué los afecta.
En cuanto a los problemas de acceso, su expectativa que el servicio sea de acceso gratuito que al llegar al lugar de la prestación debieran atenderlos de inmediato, sin hacerlos esperar.
Por otro lado, se levantó una necesidad alusiva al rol que debieran tomar en este ámbito desde los recintos educacionales. “Los colegios deberían apoyar y estar más atentos al bullying”, aseguran.
Otra demanda tiene que ver con el trabajo que lideran las residencias de protección y centros privativos de libertad. “Faltan más actividades, de todo, en cualquiera queremos participar. De ciencias, repostería, para aprender cosas que uno no sabe”, cuestionan.
Las conclusiones extraídas de la experiencia comparada y entrevistas a expertos y expertas advierten que en Chile la legislación es insuficiente para regular la salud mental de niños, niñas y adolescentes.
“Si bien con la dictación de la Ley N°21.430, de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la Ley N°21.331, del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, se ha avanzado en el reconocimiento del derecho a la salud física y mental, existen grandes desafíos ligados a la implementación progresiva del Sistema de Garantías y sus mecanismos de exigibilidad, para lo cual es fundamental considerar evidencia, como la que proporciona este estudio, para dirigir de forma eficiente los recursos humanos, financieros y operativos”, plantea el estudio.
Y en cuanto al aporte del Ejecutivo, “se suma que el Estado destina insuficientes recursos estatales para el financiamiento de las políticas públicas existentes y hay una inadecuada distribución de dichos recursos para la diversificación, mantención y gestión de la oferta programática”, plantea el análisis al momento de transparentar sus conclusiones.
Las brechas se suman al no existir “instancias de participación especialmente desarrolladas para niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la salud mental, ya sea a nivel de diseño, implementación o evaluación de la oferta programática o atención que se les entrega. Este ámbito, dice el estudio, no se visualiza como algo relevante y sigue enfocándose en lo consultivo”.
Entre las diversas alertas que genera el estudio, destaca la existencia de un predominio de la oferta de tratamiento, sobre la de promoción o prevención. Y aun así, esta oferta es insuficiente en todos los ámbitos de la salud mental, careciendo además de un sistema integrado de información sobre la situación de la infancia, adolescencia y la salud mental, accesible a todas las instituciones responsables de asegurarles el ejercicio de este derecho humano.
Por último, asumiendo todos los hallazgos en los que redundó el estudio, motivó a la Defensoría de la Niñez a entregar diversas recomendaciones a los organismos del Estado, para que se diseñe e implemente una política pública eficiente y eficaz en salud mental para niños, niñas y adolescentes, con una regulación normativa que permita garantizarles sus derechos; que se sostenga en la real intersectorialidad y coordinación; con mecanismos de participación efectiva e incidente para niños, niñas y adolescentes, estructurada metodológicamente en un modelo comunitario con enfoque de derechos humanos, destinado a promover derechos y establecer mecanismos de prevención de vulneraciones, así como de denuncia e intervención.
Lo anterior con recursos financieros suficientes, con mejores condiciones laborales para los equipos profesionales y un sistema integrado de información que contemple, además, monitoreo y evaluación de procesos y resultados, recomendaciones que se hicieron especificando las acciones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo.
