Patricia Muñoz, defensora de la Niñez | Agencia Uno
“Considerando la gravedad de los delitos que constituye la violencia cometida por agentes del Estado, resultan muy preocupante estas cifras, especialmente el 56% de causas cerradas por la aplicación del(la) fiscal de la facultad de archivo provisional. En nuestra opinión, la aplicación de formas facultativas de término de las investigaciones debe ser limitada y debidamente justificada en este tipo de delitos”, asegura la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
En el contexto del tercer aniversario del estallido social, la Defensoría de la Niñez oficilizó el resultado de un revelador estudio respecto de la afectación en que se tradujo el histórico movimiento en menores de edad.
Se trata del “Informe de seguimiento: Verdad, justicia y reparación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia estatal durante el estallido social”, elaborado con el propósito de monitorear «el cumplimiento de las recomendaciones que la Defensoría de la Niñez ha realizado al Estado en relación a la situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos, la institución pública hoy, a tres años de la crisis social», detalla un comunicado.
Respecto del detalle de este, en primera instancia se caracterizaron las constatadas vulneraciones y el avance de las investigaciones penales en las causas de niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de la revuelta.
Posteriormente, la entidad liderada por Patricia Muñoz, analiza a la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido que anunció el Presidente Gabriel Boric, con el propósito de establecer si las medidas de cada uno de sus componentes, (verdad, justicia y reparación y no repetición), satisfacen los estándares internacionales de derechos humanos integrados en las recomendaciones que la institución ha formulado al Estado.
Pese a que la Defensoría ya había divulgado varios documentos y antecedentes respecto de este tema, la publicación que oficializa hoy actualiza respecto de «las cifras de caracterización de las víctimas de violencia institucional que corresponden al grupo de niños, niñas y adolescentes y el estado procesal de las causas».
Específicamente, y como el organismo aclara, en el contexto de la rendición de examen de Estado de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño, en mayo del año en curso, el Ministerio Público aseguró que la cifra nacional consolidada de casos de víctimas, menores de 18 años, de violaciones a sus derechos humanos en contexto de estallido social equivale a 2.178.
Se trata de un número considerablemente mayor al que había sido entregado a la Defensoría de la Niñez durante 2020, que ascendía a 1.314 casos. Incluso, confirma la Defensoría, estos antecedentes fueron corroborados con el Ministerio Público, «confirmando los más de dos mil casos de violencia institucional, que en su mayoría corresponden a la comisión del delito de apremios ilegítimos (74%)».
Adicionalmente, el monitoreo incluyó un análisis al estado procesal de las causas que, como se había alertado en una Nota Técnica del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez de abril de 2021, «existe un muy escaso avance en la obtención de justicia». De hecho, apenas el 1% se encuentra terminada por la vía de una salida judicial, con apenas dos casos con sentencia definitiva condenatoria.
Y del total de causas, 76% se encuentran terminadas (1.461), en su mayoría concluidas por vía no judicial, específicamente, por “archivo provisional”, llegando al 56% respecto de la integridad de las indagatorias.
“Considerando la gravedad de los delitos que constituye la violencia cometida por agentes del Estado, resultan muy preocupante estas cifras, especialmente el 56% de causas cerradas por la aplicación del(la) fiscal de la facultad de archivo provisional. En nuestra opinión, la aplicación de formas facultativas de término de las investigaciones debe ser limitada y debidamente justificada en este tipo de delitos”, asegura Muñoz.
Paralelamente en su trabajo de levantamiento de información, la Defensoría vuelve a apelar a los estándares internacionales de derechos humanos, estableciendo que “la reparación de las violaciones a los derechos humanos no es opcional para los Estados, sino que se trata de una norma consuetudinaria, que es uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados”, señalan.
Y además, destacan la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuó al país en enero de 2020, producto del que elaboró el informe “Situación de los derechos humanos en Chile”, además de relevar la rendición del Estado de Chile del examen periódico frente al Comité de los Derechos el Niño.
Esta última entidad evidencia su preocupación «por el uso de la fuerza, violencia sexual, abuso, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de Carabineros de Chile en protestas desde el estallido social, además del “grado y frecuencia de la violencia institucional y los escasos y muy lentos avances de las causas judiciales”.
Y en relación al seguimiento de recomendaciones, el informe analiza las medidas anunciadas por el gobierno en su Agenda Integral, ámbito en el que la Defensoría de la Niñez reconoce y valora estos anuncios y acciones como un importante avance, pero destaca “la ausencia del enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia en la Agenda Integral y la Mesa de Reparación Integral” planteando que dicha omisión es preocupante, porque niños, niñas y adolescentes son considerados un grupo de especial protección y, en este caso, un grupo que sufrió graves y sistemáticas vulneraciones de derechos en el contexto del estallido social en Chile”.
En consecuencia, el informe apunta a los desafíos para la implementación de esta agenda, incorporando las recomendaciones previas de la Defensoría de la Niñez, especialmente respecto del refuerzo y la mejora de la coordinación entre la institucionalidad involucrada, particularmente entre el gobierno central y regional y los demás organismos involucrados en el proceso.
Además, apela a que se mejore la difusión de la información de la Agenda Integral y la Mesa de Reparación Integral, con especial foco en grupos prioritarios, caso de la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional. Y continúa planteando la necesidad de que se asegure la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en las distintas instancias de la Agenda Integral, además de la generación de una respuesta estatal articulada e integral en relación a verdad, justicia y reparación (y no repetición) a las violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social.
“Además de esos desafíos, también reiteramos como recomendación el establecimiento de una Comisión de Verdad, como mecanismo extrajudicial, complementario y no excluyente de los mecanismos judiciales, para el esclarecimiento total de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de crisis social, de forma adicional a las medidas de Verdad y Justicia de la Agenda Integral”, Patricia Muñoz.
