Alumna del Liceo Carmela Carvajal denuncia expulsión vía Aula Segura por moderar asamblea

El 12 de septiembre, la estudiante de Cuarto Medio, Maite Quijada, moderó una asamblea en el Liceo de niñas Carmela Carvajal de Prat, para decidir las acciones a seguir en una nueva conmemoración del golpe de Estado. Fue su último día en el emblemático establecimiento de Providencia.

Al día siguiente fue citada junto a su apoderada a una reunión con la directora, inspectora general, encargada de convivencia escolar y jefa de UTP, en la que fue notificada de la suspensión por 10 días y la apertura de un proceso de expulsión.

El proceso apela al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a la controvertida Ley Aula Segura, impulsada durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Pero su familia no se quedó de brazos cruzados, y su madre Mónica Pinto interpuso un recurso de protección en su representación, en contra de Makarenna Bustiman Sepúlveda, directora del liceo, y de la Municipalidad de Providencia, representada por la alcaldesa Evelyn Matthei en su calidad de sostenedora del establecimiento.

Lorenzo Morales, abogado de Quijada, señaló que estas sanciones extremas siempre están avaladas por hechos graves, pero en el caso de la estudiante “se está presumiendo que ella organizó a un conjunto de niñas, cuando en realidad solo dio un discurso” en su calidad de moderadora.

Según la afectada, “la persona que modera la asamblea no tiene ni voz ni voto; es la responsable de hacer que las opiniones vayan hacia un objetivo común”. 

2 estudiantes del Liceo Carmela Carvajal fueron notificadas de su expulsión solo por realizar una asamblea informativa, a propósito de las manifestaciones en conmemoración del Golpe de Estado. Hoy, Estudiantado se manifestó en el frontis del liceo, exigiendo su reincorporación. pic.twitter.com/bfrUtqKaqV

— Murosyresistencia (@Murosyresisten) October 6, 2022

A Quijada, y otra compañera, se le aplicó el inciso 3 de faltas gravísimas del reglamento interno del Liceo Carmela Carvajal, que declara como motivo de expulsión “violentar psicológicamente a un miembro de la comunidad educativa a través de amenazas, calumnias, descalificaciones, exposiciones, malos tratos, funas, burlas u otras, entre otras”.

Según la estudiante, fue en la reunión del 13 de septiembre con la directora cuando «se me dice que el inciso específico de todos estos que se me está aplicando es el de ‘entre otras».

Controvertida ley

El inciso se relaciona con la Ley Aula Segura (N° 21.118) del Mineduc, que “modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la facultad de los directores de los establecimientos educacionales, incorporando un procedimiento expedito de expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de violencia grave, que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa”.

En la normativa, se faculta al director de un recinto educacional para que, si algún miembro incurre en una conducta grave o gravísima, de acuerdo al reglamento interno de cada institución, y previa investigación interna, adopte las acciones que estime necesarias mientras dure la investigación, entre las cuales se cuenta como medida cautelar la suspensión.

Reglamento Interno del Liceo Carmela Carvajal de Prat.

Según el recurso de protección, se les explica a ambas que la frase “entre otras” puede ser aplicada para la interrupción de clases. “Me parece inaceptable que se le intente expulsar del establecimiento educacional por un vacío legal en el reglamento”, declara Mónica Pinto en el documento judicial. 

Para el abogado Morales, la sanción aplicada es «extrema» y no se ajusta a un debido proceso, pues implica coartar la libertad de pensamiento de la estudiante.

“Lo que nos sorprendió es que el exceso sancionatorio tiene que ver con una cuestión que va más allá de lo reglamentario, y no se condice con la acción que supuestamente se quiere sancionar (…) entonces es una persecución”, declara.

 Reunión con el centro de estudiantes del Carmela Carvajal

El 7 de octubre la dirección del liceo se reunió con el centro de estudiantes, en una sesión que tuvo entre sus puntos tratar la expulsión de las dos estudiantes. 

Según el acta, la directora esclarece que, si bien las faltas a las que refiere el inciso por el cual fueron sancionadas no fueron «ejercidas directamente» por las estudiantes, es “una consecuencia que se desata a partir de la organización liderada por ellas, la cual provocó ataques de ansiedad y pánico en distint@s estudiantes de la comunidad, al igual que funcionarios, junto con otras agresiones verbales dadas entre estudiantes”.

“(La directora) Enfatiza en el hecho de que se las acoge como responsables del caos desatado posterior a la situación del día lunes 12 de septiembre”, declara el acta. 

Manifestación de estudiantes de LCC por expulsión de alumnas por Ley de Aula Segura.

Hasta el momento, Quijada continúa desvinculada del Liceo Carmela Carvajal, pese a que asegura no tener antecedentes disciplinarios de ninguna índole, ni tampoco contar con anotaciones negativas.

En la justicia, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Marisol Andrea Rojas Moya e integrada por Inelie Durán Madina y por María Paula Merino Verdugo, declaró en primera instancia inadmisible el recurso, argumentando que “los hechos descritos en la presentación sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto, atendida la existencia de una acción especial ante la Superintendencia de Educación”.

Ante esta decisión, Lorenzo Morales ingresó una reposición con una apelación, y se muestra positivo al respecto. “Yo confío en la justicia”, concluyó el abogado. 

El Desconcierto intentó comunicarse desde el jueves de la semana pasada con el establecimiento, sin embargo, pese a la insistencia no obtuvimos respuesta de la dirección. 

• Revisa el acta de la reunión con el centro de alumnos, y el reglamento del Liceo Carmela Carvajal aquí.
• Revisa el recurso de protección interpuesto contra la directora del Liceo Carmela Carvajal y la Municipalidad de Providencia, encabezada por Evelyn Matthei en su calidad de sostenedora del establecimiento.

Recurso de Protección Caso Carmela Carvajal