Qué piensa José Morales: El plan de la carta de Boric en su postulación a Fiscal Nacional

«La próxima administración del Ministerio Público (MP), debe realizar una profunda revisión de la forma que se ha desarrollado la persecución penal en los 22 años de funcionamiento de la institución que, en lo medular, se mantiene sin grandes cambios e innovaciones y que no logra alcanzar el estándar de eficiencia que demanda la ciudadanía», comienza diciendo José Morales en un documento de 12 páginas en el que detalla su estrategia para enfrentar la persecución del delito en momento críticos para el país, afectado por una grave crisis de seguridad.

Jorge Abbott dejó el cargo en septiembre- Foto: Agencia Uno

Específicamente, se trata del proyecto con que busca suceder a un cuestionado Jorge Abbott, quien dejó el Ministerio Público en medio de serias críticas a su gestión, mientras las cifras de delitos en el país se incrementaban en una tendencia que no ha podido ser revertida.

Para Morales, «los insuficientes resultados que ha obtenido el Ministerio Público en el ámbito de la persecución penal, se ven expuestos frente al aumento de delitos violentos como el homicidio, que comenzaron a incrementarse el año 2010, sin que hubiese, en todos estos años, una respuesta por parte de la institución. Al menos, desde el año 2015, se debió establecer una política de persecución a nivel nacional que se hiciera cargo de esta realidad. La situación actual es que ni siquiera contamos con datos estadísticos certeros y confiables respecto de este delito, lo que ha provocado que hoy tengamos cifras de homicidios diametralmente distintas dependiendo de la institución que la mide».

El diagnóstico de Morales identifica que «la excesiva burocratización y el anquilosamiento de prácticas se han agudizado en los últimos siete años, en que pese al aumento de la dotación del año 20151, los resultados en la persecución penal han empeorado, no siendo la institución moderna y eficiente que requiere la persecución penal».

A la hora de las propuestas, el persecutor plantea que el Ministerio Público «debe asumir su responsabilidad en la situación actual y ser un colaborador en el diseño de políticas de prevención delictual, formulando y ejecutando políticas claras y determinadas de persecución penal, poniendo su acción, información y conocimiento en el esfuerzo del Estado en disminuir la criminalidad».

Atendiendo a la preocupante contingencia, la carta de La Moneda al cargo que debe ratificar el Senado,  plantea que «el desafío principal del próximo Fiscal Nacional, es hacerse cargo de liderar una persecución penal que responda a los urgentes y graves desafíos actuales, que si bien es cierto no son nuevos, sí van en constante aumento».

Respecto de las medidas a adoptar, de ser designado, Morales apela a poner en marcha un programa basado en las siguientes medidas:

• Priorizar la persecución del crimen organizado y delitos violentos, a través de:
• La creación de una Unidad de Crimen Organizado a nivel nacional, encargada de los fenómenos vinculados a delitos de armas, homicidios, secuestros y tráfico de drogas.
• Una reforma de la actual ULDECCO (Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado), transformándola en Unidad de delitos económicos, tributarios y aduaneros.
• La creación de una Unidad transversal de lavado de dinero y análisis patrimonial, que se haga cargo de la colaboración a fiscales en casos de mayor connotación.
• La promoción de un estudio del sistema nacional de persecución de crimen organizado y delitos terroristas.
• La creación de zonas regionales de turnos de flagrancias, con criterios comunes y coordinación local para los sitios del suceso.
• Creación por unidad de víctimas y testigos de Fiscalía Nacional, de plan de protección a testigos que colaboren contra el crimen organizado y delitos terroristas.
• Cambio en políticas de metas de gestión institucional. En particular, incorporando aquellas materias que inciden directa o indirectamente en la persecución penal.
• Establecer sistemas de control del cumplimiento de política criminal que se fija por el Fiscal nacional conforme al artículo 17 de la ley 19.640.

Macrozona Sur y Norte

Respecto de las políticas de persecución, el plan considera los delitos de permanente ocurrencia en la Macrozona Sur, especialmente en lo que corresponde al robo y receptación de madera, tráfico de drogas, incendio e infracción a Ley de control de Armas y Explosivos, a lo que se suma uno de persecución, conjunto con policías y Gendarmería, de delitos cometidos en cárceles, además del análisis de la política de persecución de microtráfico y tráfico de drogas,  para lograr resultados a mayor escala y de desarticulación de organizaciones criminales.

Adicionalmente, plantea la promoción y apoyo de políticas de disminución sustancial de las armas en civiles y el establecimiento como delitos prioritarios en la zona norte, del tráfico de migrantes y la trata de personas y la criminalidad vinculada a la migración irregular.

También pensando en la Macrozona Norte, la estrategia de Morales apela a que se debe velar por el cumplimiento efectivo de condenas o expulsiones, evitando que quienes hayan cometido delitos por los cuales fueron condenados echados del país, puedan retornar.

Enfoque de género, violaciones a los derechos humanos y corrupción

Violecia de género es otro ítem que aborda el persecutor, planteando que en este caso, debe incorporarse efectivamente la perspectiva de género en el trabajo del Ministerio Público, de forma de considerar esta herramienta de análisis desde el inicio de las investigaciones, facilitando el cumplimiento del deber del estado de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, en particular contra las mujeres.

Y en el ámbito de las violaciones a los derechos humanos, asegura que «la persecución penal y la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad en un Estado Democrático de Derecho supone, en todos los casos, un total respeto por los derechos fundamentales de las personas, toda vez que la credibilidad de las instituciones y la legitimidad de estas, descansa en las correctas actuaciones de los agentes del Estado, sea para investigar, detener, recoger evidencia y establecer delitos, como asimismo para mantener el orden público».

Considerando esta premisa básica, Morales asegura que se requiere «seguir avanzado en asegurar la debida diligencia de las investigaciones en estos tipos casos, de acuerdo con estándares internacionales, y establecer criterios nacionales uniformes en la investigación y formas de términos de este tipo de causas, con irrestricto apego al principio de objetividad.

Paralelamente, en el contexto del estallido social y «las investigaciones pendientes derivadas de las actuaciones de funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones», insiste en que es necesario acelerar y priorizar en los fiscales adjuntos a cargo, las investigaciones pendientes, a lo que se suma la  designación de un grupo de fiscales especializados y preferentes, a nivel nacional, que puedan establecer o descartar la existencia de responsabilidades de mandos institucionales en las actuaciones de los policías y funcionarios de las
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Corrupción es otra materia a la que Morales busca abocarse, entendiendo que «la transparencia, rectitud y probidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, constituye la base para el progreso del Estado y es una garantía del buen uso de los siempre escasos recursos públicos», asumiendo que «durante el transcurso del sistema acusatorio en nuestro país, la investigación de este tipo de delitos ha ido creciendo».