Fiscal Morales ante el Senado: Sus respuestas por Cascadas, escuchas, DD.HH. y camioneros

El Senado comenzó este lunes a analizar la nominación presidencial de José Morales como Fiscal Nacional, en relevo de Jorge Abbott, con su presentación ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Apelando a la necesidad de una Fiscalía autónoma, abrió los fuegos la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, quien argumentó ante la instancia el nombramiento propuesto por el Presidente Gabriel Boric, destacando que Morales llega a la Cámara Alta como uno de los candidatos más votados de la quina elaborada por la Corte Suprema, con 17 votos.

En su presentación, Morales presentó su plan para liderar la Fiscalía, apuntando a que «debemos poner todo el esfuerzo en disminuir la criminalidad», dijo.

Y entrando en temas específicos, aludió al crimen organizado, habló de modernizar la labor de la entidad, presentando estadísticas actuales del despliegue del delito en nuestro país, destacando que hay un un incremento significativo.

«El 2021 y 2022 retomamos tendencia al alza, este año terminaremos con alza de 7,8 delitos en general, vamos a retomar tendencia al alza interrumpida el 2018», dijo entregando el respectivo desglose.

De esta manera, habló de la presencia del sicariato en Chile, lo que se suma a los delitos de secuestros, uso de armas de fuego, drogas e ilícitos en las cárceles, destacando sus medidas de abordaje (leer nota relacionada), luego de lo cual se dio paso a la ronda de preguntas en la que fue requerido por distintos casos que han marcado su labor como persecutor, que actualmente ejerce desde la Fiscalía Centro Norte.

El nombre de Morales como Fiscal Nacional debe ser ratificado por la Sala del Senado, en la votación programada para este miércoles 30 de noviembre. Necesita dos tercios de los votos, vale decir 33 apoyos, los cuales -de acuerdo a los cálculos iniciales de La Moneda- estarían asegurados.

Caso Cascadas

Pedro Araya, senador independiente de la bancada PPD, le preguntó directamente qué ocurrió en el Caso Cascadas, que a él le tocó liderar.

«Este es un caso que entiendo que tiene todavía algunas aristas que están vigentes. Fue un caso que se inició aproximadamente el año 2012, por una querella de una de las personas que se consideraba afectada, es un caso que posteriormente es entregada a la Fiscalía Centro Norte, y aquí quiero ser claro. El Caso Cascadas no tiene nada que ver con el financiamiento de la política, es un caso de fraude bursátil, es un conflicto entre privados. Y esto quizás puede mover a confusión, que se relacione este fraude bursátil con el control del activo subyacente, como se denomina en términos de valores, que era la empresa SQM. Este caso lo tuve asignado desde el 2013 probablemente hasta junio del 2015″, detalló intentando responder a la inquietud del parlamentario.

Siguiendo con su exposición, detalló cómo continuó el proceso. «Durante ese período formalicé a una persona que era el gerente general de Cascadas, que eran sociedades que tenían el control del activo subyacente que es SQM. Cuando el ex Fiscal Nacional, el señor (Sabas) Chahuán me apartó del caso, contaba con una persona formalizada porque supuestamente yo no formalicé a otras personas. Transcurridos más de siete años desde que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada en ese caso, la persona resultó absuelta y la persona está en menos condiciones de persecución penal de las que lo dejé, cuando fui apartado, creo, en forma injusta del caso», dijo defendiendo su gestión como persecutor.

«Es un caso en el que el tiempo ha señalado que no hay antecedentes para formalizar a otras personas», agregó luego.

Pacogate y DD.HH.

Alfonso de Urresti, senador del PS, tomó la palabra luego para decirle que no lo había escuchado decir nada sobre las escuchas telefónicas. «Esto es una vergüenza, fiscal. Se lo señalamos al señor Abbott en innumerables oportunidades. Cuando a cualquier ciudadano lo pinchan, le están investigando su teléfono, esa información no sabemos dónde va. Eso queda en un limbo, datos residuales, eso hoy es extorsión y circulan en las redes las extorsiones de esas escuchas. Y el Ministerio Público no ha hecho nada. Usted es integrante del Ministerio Público, ¿cómo va a abordar esto? Eso está en la cultura del Ministerio Público, me lleva a no entender. Su antecesor nos habló lo mismo de las unidades de análisis criminal y hoy uno ve con espanto que lo que se comprometió es mínimo, y seguimos investigando a ciegas, simplemente por parcelas».

Inmediatamente después, antes de cederle la palabra al candidato a Fiscal Nacional, le preguntó por el fraude en Carabineros. «Aquí se ha hablado de obstrucción a la investigación, si nos pudiera ilustrar de esa causa que se consigna que el Fiscal Morales archivó esta causa, donde se indagaba un posible cohecho», dijo aludiendo luego a un informe firmado por el entonces general Flavio Echeverría, donde se descartaba cualquier irregularidad. «¿Y por qué la unidad de análisis no funcionó y usted sabe dónde están las escuchas que durante años y años se le ha hecho a los chilenos? ¿Donde están, quien las maneja, quién tiene acceso, qué pretende hacer usted con eso?«, requirió.

«Es relevante que desde la Fiscalía se dicten criterios para determinar, parece razonable que se destruyan las escuchas tras entregarlas. Cuando se vincula escuchas con otro caso y otro caso, nos damos cuenta que podría permitir desbaratar bandas criminales, hay que asegurar la trazabilidad de las escuchas», propuso Morales.

Y agregó que «la situación actual es que no hay un orden en ese sentido, ahora no hay un registro, repositorio de las escuchas y sobre todo, el registro del vaciado de teléfonos, excepto donde sabemos que está la gran cantidad de información de una sola persona. Por esa circunstancia la forma de almacenaje varía de lugar a lugar y se hace indispensable la creación de estas bases de datos. No persiguen que ajenos tengan acceso a esas escuchas, lo que permitirían es asegurar la trazabilidad de la información», dijo defendiendo su iniciativa, apelando a que haya un registro de quienes accedan a ellas, para prevenir delitos de extorsiones, por ejemplo.

La Comisión de Constitución del Senado discute oficio del Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo para nombrar en el cargo de Fiscal Nacional a José Morales. Foto: Agencia UNO

Rodrigo Galilea, de RN, le preguntó luego si tiene el carácter para sacar adelante la tarea (que implica el cargo). «¿Por qué archivó la causa de general Echeverría, vinculado al fraude en Carabineros?.  Por qué no hizo todo lo que la ley le permitía hacer?», lo requirió.

«Efectivamente, el reporte de operación sospechosa se refería a una persona que no era Echeverría, refería entrega de dinero a terceras personas, la Fiscalía realizó diversas diligencias», dijo Morales detallando algunas gestiones en distintos ámbitos. «Se consultó a la Unidad de Análisis Financiero y señaló que no había nuevos antecedentes«, acotó el candidato a liderar la Fiscalía Nacional.

Complementando sus declaraciones, dijo que año 2011 aproximadamente, «llegó un reporte de información sospechosa a la Fiscalía de Alta Complejidad, que despachó una orden de investigar a la entonces Dirección Policial de Carabineros, Dipolcar». Para efectos de descartar irregularidades, prosiguió, «esta entidad pidió un informe de gastos, este informe fue emanado por esta persona que actualmente se encuentra en juicio por la Fiscalía de Magallanes. Este informe aparecía como emanado por el encargado de finanzas de Carabineros, la Fiscalía archivó esa causa».

«Posteriormente el 2017, cuando se destapa el fraude de Carabineros, lo primero que hago es presentar una denuncia por obstrucción a la investigación contra las personas que resulten responsables. De acuerdo a lo que pude revisar estoy citado como testigo de esa causa, por ese informe fraudulento», detalló luego.

Otra de las consultas que le hizo De Urresti fue la alusiva a una información de Londres 38 vinculada a un caso de una acusación de violación de derechos humanos que terminó con un carabinero acusado de causar un trauma ocular, en la que él no decidió perseverar.

«Esa causa se me asignó y a la luz de los antecedentes disponibles en esa época, se aprobó una decisión de no perseverar con autorización del fiscal regional. No teníamos otros antecedentes disponibles. Sí posteriormente con la autorización de un juez de garantía se determinaron una serie de diligencias, las que se realizaron todas por parte de la Fiscalía y esa causa en este momento, entiendo que está en el Tribunal Constitucional a propósito de un requerimiento de inaplicabilidad constitucional presentado por la defensa. La actuación que yo realicé, no significa que esta causa terminara», argumentó respecto del rol que tuvo en ella.

Y como la sesión derivó nuevamente en un tema que ya se había abordado, Morales volvió sobre Cascadas. «Mi labor ha sido como fiscal adjunto, los fiscales adjuntos están a cargo de áreas específicas, no estamos a cargo de las políticas generales. Uno puede hacer un análisis, la legislación vigente a la época no tenía tipos penas que si hubieran estado hoy vigentes, probablemente podrían haber sido aplicados en ese caso. Es relevante considerar que es un fraude que se comete respecto de hechos acaecidos del 2008 al 2011 en los que me correspondió una parte de la investigación. Y en el devenir posterior de esa investigación no tengo ninguna intervención, ni en los dos juicios orales que se realizaron ni en la intervención ante la Corte Suprema ni en la decisión que han tomado los fiscales a cargo no formalizar a ninguna persona. No puedo hacerme cargo de los problemas de esa investigación», dijo.

Paro de camioneros y violencia de género

Entre otras diversas consultas, el senador ex DC Matías Walker, lo llevó  luego al paro de los camioneros que actualmente enfrenta el país.

«Algunos camioneros tienen bloqueadas las principales carreteras del país, el gobierno ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado, cómo operaría usted desde la Fiscalía? Acá estamos ante un delito flagrante, ¿qué acciones tomaría usted?», lo requirió el parlamentario.

«Si el Ejecutivo la invoca, el Ministerio Público la va a aplicar. (Se) tiene que proceder a las detenciones que corresponde. Cada vez que corresponda aplicarla, la Fiscalía las va a aplicar», dijo respondiendo escuetamente a esta consulta, comprometiendo la labor de la Fiscalía en este sentido.

En tanto, Luz Ebensperger (UDI) le preguntó por su propuesta para enfrentar la violencia de género, además de su interés en aplicar esta perspectiva en las investigaciones, apuntando a que este enfoque podría redundar en un trato «peligroso y contraproducente», considerando a mujeres que puedan ser utilizadas por las bandas criminales.

«Lo que pretendí señalar es a partir de los delitos de violencia intrafamiliar, la circunstancia del peligro debe abordarse desde ahí (…) en crimen organizado, debe perseguirse estrictamente», aclaró.