Superintendente aclara que prioridad son los afiliados y descarta “salvataje” a isapres

Luego de que un fallo de Corte Suprema notificara a las isapres de que deben aplicar la nueva tabla de factores, correspondiente a establecida en diciembre de 2019 por el ente regulador, a todos sus afiliados, además de devolver los cobros en exceso en que han incurrido, este lunes el superintendente de Salud, Víctor Pérez, se refirió a la  situación poniendo el foco en que la prioridad del Ejecutivo son los afiliados.

«Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de salvataje, lo que queremos es tratar de aplicar un fallo siendo prudente y razonable, pero aplicando el fallo», dijo en diálogo con T13 Radio, al tiempo en que sinceró que la prioridad de la Superintendencia es que al acatar el fallo no se afecte a quienes pertenecen el sistema de salud privado.

Para Torres, lo que corresponde es velar porque este se mantenga operativo y no redunde en una afectación para quienes cotizan en isapres. «Lo que uno tiene que hacer es buscar que no se afecte a los afiliados. Y esa afectación de los afiliados, que es el punto central para nosotros como Superintendencia, debe implicar dar garantías de que estos cumplimientos del fallo no generen una caída abrupta de un día para otro del sistema», detalló la autoridad.

«Hay que buscar otras alternativas que le permitan a las personas tener salida frente a una situación eventualmente de crisis”, agregó la autoridad, quien el viernes se reunió con la Asociación de Isapres.

Tras dicho encuentro, la superintendencia emitió la siguiente declaración pública:

Torres insiste en que actualmente, “estamos frente a esa eventualidad, puede ocurrir, entonces tienes que tener la salida hoy día. Y obviamente, lo que se está haciendo es buscar todas las formas de poder garantizarle a las personas que no se van a ver afectadas en sus atenciones, que es lo central».

Respecto de las pérdidas del sector, que estiman US$1.000 millones, Torres dijo que estos cálculos resultan difíciles de clarificar.

«El cálculo es bastante difícil de poder precisar. Si ellos dicen de US$500 a US$1.000 millones, efectivamente», dijo al tiempo en que insistió en que «sería súper irresponsable que yo, que tengo que comprobar aquello, diga una cifra. Todavía no tienen la información».

Finalmente, detalló todavía falta tiempo para que la medida esté operativa. «Tenemos seis meses para calcular si la entrada en vigencia va a ser de un día para otro de manera abrupta, si va a tener algún grado de progresividad, son cosas que tenemos que ir evaluando», acotó.

«Lo que nos interesa es que la gente no se vea perjudicada, que el fallo se cumpla a plenitud», concluyó Torres.