Gobierno presenta el “Compromiso transversal por la seguridad” sin Chile Vamos

Finalmente Chile Vamos no se sumó al acuerdo por seguridad. Pese a los insistentes emplazamientos de la ministra del Interior Carolina Tohá, y del mismo Presidente Gabriel Boric, la oposición no cedió y se mantuvo al margen de la instancia, reafirmando su rechazo a los indultos otorgados a 12 presos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna.

Pese a esto, el Ejecutivo presentó el documento “Compromiso transversal por la seguridad: propuesta para una hoja de ruta”, el que cuenta con el apoyo de las fuerzas oficialistas, gobernadores y alcaldes de todo el país.

“Hemos compartido el avance de lo logrado de este trabajo en conjunto de estos meses y hemos decidido en conjunto poner a disposición de la ciudadanía el contenido de este documento al final del día de hoy”, dijo la ministra Tohá, valorando el trabajo de la mesa que lideró por varios meses.

“Para el gobierno de Chile es una hoja de ruta con la que nos comprometemos. Vamos a avanzar en esa dirección que se ha forjado, nutriéndose en el aporte de todas las fuerzas políticas y esperamos durante febrero que esta propuesta del gobierno reciba comentarios, observaciones, para a final de este mes o a principios de marzo transformarla en un documento formal que ojalá cuente con el apoyo y la suscripción de las fuerzas que hoy no estuvieron”, agregó la jefa del gabinete presidencial.

Sin embargo, la bajada de Chile Vamos sienta un complejo precedente: al momento de legislar, no se cuenta con los votos de dicho sector para aprobar las leyes.

“Yo consideraría muy lamentable que los partidos de la derecha no se comprometan con esta agenda. No sería una buena señal que después de todo lo que se hizo (…) la derecha dijera no me comprometo, que el gobierno se comprometa y nosotros vamos viendo. Eso agudiza la sensación de incertidumbre en la ciudadanía”, reflexionó Tohá sobre la ausencia opositora.

Aunque su sector decidió restarse, el senador Juan Manuel Ossandón (RN) se presentó en la reunión donde se firmó el acuerdo, siendo el único parlamentario de su coalición en asistir a la instancia. También asistió el diputado Gaspar Rivas (PDG).

Por su parte, Ossandón cuestionó ciertos aspectos del documento, como la ley antiterrorista y el nivel de “detalle” del escrito.

Al respecto, Tohá replicó que el Ejecutivo se comprometió a reformar la ley antiterrorista en este año legislativo y que este acuerdo es el más robusto y detallado que haya visto la luz en muchos años.

¿Usted ha visto los acuerdos de seguridad que se han hecho en el pasado? Este es el acuerdo de seguridad más detallado, años luz respecto de todo lo que ha habido”, enfatizó la secretaria de Estado.

Los detalles del acuerdo

En el documento de 14 páginas compartido por el Gobierno se hace énfasis en diversos puntos para abarcar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

En primer lugar, se menciona el fortalecimiento del Programa Lazos, destinado a la infancia, el cual pasará de estar presente de 56 a 95 comunas. Según detalla el documento, su oferta incluye “trabajo social, sicológico y educacional con el objeto de revertir los primeros síntomas de conductas que vulneran la convivencia y la legalidad. Su costo es muy superior al de otros programas equivalentes pero su efectividad también lo es. Por ello, el compromiso que adoptamos busca extender este programa para llevarlo a todos los niños, niñas y adolescentes que lo requieran”.

También, se hace hincapié en las reformas a diversos cuerpos legales para aumentar el rol preventivo en municipalidades, a través de, por ejemplo, incorporar criterios de seguridad en los planos reguladores, otorgar de mayores atribuciones a organismos municipales en materia de seguridad, entre otra serie de puntos.

Además, el acuerdo tiene la intención de “dotar a los Gobiernos Regionales de competencias en materia de prevención del delito así como de protección y apoyo a víctimas”, aunque se precisa que “estas atribuciones excluyen cualquier competencia directa o indirecta vinculada a la seguridad y orden público, tales como la dependencia y subordinación de las policías, el control del orden público, la distribución policial y la legitimación activa para la presentación de querellas”.

Sobre las policías, el escrito contempla la “ampliación de la planta de asistentes policiales (función policial en PDI, equivalente a suboficiales): aumentar la dotación de asistentes policiales de 1.142, que existen actualmente, a 4.892, en 15 años a un ritmo de 250 al año. A financiarse con los recursos actualmente disponibles” y el “aumento de 900 plazas del personal llamado a servicio con cargo a los recursos proyectados en la reforma tributaria” para Carabineros.

Junto a esto, se propone una serie de iniciativas en cuanto a la coordinación pública-privada, espacios públicos, materia de género, atención de víctimas, control de armas y control fronterizo.

Aquí el documento completo: