Este es el documento final: Claves de las propuestas oficialistas para nueva Constitución

«Bases de la propuesta constitucional oficialista» se titula el documento de ocho páginas que suscribieron los 10 partidos de gobierno para el proceso constituyente.

El texto está dividido en cinco ejes: Estado social y democrático de derecho; institucionalidad democrática; desarrollo económico sostenible; igualdad de género; y una Constitución antiabusos que combata la corrupción.

Estos son algunos de sus puntos más importantes:

Autocrítica y mención a Fuerzas Armadas

El documento parte con una importante autocrítica: «El pasado proceso constituyente, que culminó en el plebiscito del 4 de septiembre, nos dejó importantes lecciones que debemos sopesar y asumir con humildad y espíritu autocrítico».

A partir de ahí, empiezan a enumerar algunos de los principios que deberían guiar este nuevo proceso, donde los Derechos Humanos consagrados internacionalmente sean un «piso mínimo» en materia de salud, educación, vivienda y pensiones. También se plantea el trabajo decente y la vida digna.

Además, los partidos oficialistas proponen garantizar el derecho a «la seguridad y la tranquilidad de las personas, procurando adoptar políticas que permitan fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, garantizando la defensa de las víctimas, a través del fortalecimiento de los órganos competentes».

«Las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones son fundamentales para el Estado. Estas estarán sujetas al poder civil en base al principio democrático de subordinación. Deben ser modernas y contar con los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones, con pleno respeto a los derechos humanos», añaden.

Superación del Estado subsidiario

Los partidos oficialistas también definen el Estado social y democrático de derecho: «Es una fórmula que estructura el pacto constitucional y constituye un compromiso con el Estado Social, el régimen democrático y el Estado de Derecho».

En ese contexto, plantean que debe reconocer el principio de solidaridad, lo que implica «la superación del Estado subsidiario, pues se habilita constitucionalmente un sistema de servicios públicos basado en la solidaridad de las políticas públicas».

«El Estado social debe alcanzar progresivamente mayores niveles de bienestar, justicia social y ambiental, mediante la realización de los derechos sociales y las libertades fundamentales. Así, el Estado asume como tarea disminuir y corregir las desigualdades», añade.

Aún así, el texto aclara que la nueva Carta Magna deberá consagrar la «autonomía individual», la «propiedad privada» y el «derecho a realizar actividades económicas», aunque reconociendo también la «interdependencia» que hay entre las personas y la naturaleza, e imponiendo «obligaciones por su función social y ecológica».

Sistema electoral, paridad y pueblos originarios

Una de las primeras definiciones del documento, en términos institucionales, es la paridad, que deberá «aplicarse a todo órgano colegiado».

«Se debe consagrar una democracia paritaria, garantizando la participación de todas las personas en cada esfera de la vida social», señala el texto.

También traza algunas líneas respecto al sistema electoral, para que «favorezca la gobernabilidad, reduzca la fragmentación política y fortalezca la representatividad de las distintas visiones que existen en nuestra sociedad».

Por otro lado, se plantea «eliminar las leyes de quórum supramayoritario».

Además, se propone «reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y consagrar sus derechos colectivos, comunitarios y de consulta, de conformidad al Convenio 169 de la OIT».

«En concreto, la propuesta de nueva Constitución deberá incluir una adecuada forma de representación política (para indígenas), incluida su presencia en el Congreso Nacional, y demás derechos políticos, sociales y culturales», puntualiza el documento.

Minería, propiedad privada y empresas del Estado

En el apartado de desarrollo económico sostenible, se consagra «la libertad económica de conformidad a la ley y las regulaciones respectivas. El Estado debe desarrollar políticas de fomento al emprendimiento, las cooperativas y la economía solidaria».

También el «derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, así como la propiedad intelectual e industria».

Aún así, se establece que «el Estado y sus organismos, a nivel nacional, regional o comunal, pueden desarrollar actividades económicas y formar empresas, cumpliendo los requisitos y orientaciones que establezca la ley».

Asimismo, se plantea que «el Estado tiene el derecho absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. La ley regulará las condiciones y requisitos para su exploración y explotación, la que siempre deberá considerar su interés público».

En materia minera, «el Estado fomentará el encadenamiento productivo, considerando la innovación, protección ambiental y cultural y la generación de valor agregado», añade.

Igualdad de género y normas anticorrupción

El documento plantea que la nueva Constitución debe «sentar las bases de una sociedad inclusiva que erradique la discriminación de género y la desigualdad estructural».

En ese sentido, plantea que se deben «establecer los derechos específicos de las mujeres y personas de la diversidad sexual, tales como los derechos sexuales y reproductivos«.

«El enfoque de género debe expresarse en los derechos sociales, económicos y culturales, en especial en la seguridad social, la salud, el trabajo y la educación, e incorporar el reconocimiento del trabajo doméstico y el derecho al cuidado«, añade.

Además, sugieren que el texto fundamental debería «consagrar los principios de probidad, rendición de cuentas y transparencia como elementos estructurantes de los órganos del Estado, en todos sus niveles».

«Se debe impedir que accedan a cargos públicos quienes hayan sido condenados por delitos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, narcotráfico, hechos de corrupción, tales como el lavado de activos, cohecho, fraude al fisco y otras conductas que determine la ley», añade el documento.

El texto está firmado por 19 de representantes de los partidos:

– Partido Comunista: Marcos Barraza y Bárbara Sepúlveda.

– FRVS: Ximena Salinas e Ivo Vukusich

– Acción Humanista: Camila Ahumada y Rodrigo Bravo.

– Convergencia Social: Raúl Méndez y Lorena Meneses.

– Comunes: Camila Miranda.

– Revolución Democrática: Claudia Heiss y Domingo Lovera.

– Partido Socialista: Flavio Quezada y Leonardo Soto

– Partido Liberal: Nicolás Freire e Ignacia Gómez.

– Partido Radical: Marcelo Encina y Aníbal Urbano

– PPD: Jorge Insunza y José Antonio Ramírez.

Puedes revisar el documento completo a continuación.