El Juzgado de Garantía de Arauco resolvió desestimar la quinta solicitud del Ministerio Público para aumentar el plazo de investigación en el caso Tomás Bravo.
El hecho ocurrió hace dos años en la zona de Caripilún, en la región del Biobío, cuando el menor fue reportado como desaparecido el 17 de febrero de 2021 y cuyo cuerpo fue encontrado tras nueve días de búsqueda a dos kilómetros de su hogar.
De esta manera, la Fiscalía deberá dar por cerrada la investigación a raíz del plazo transcurrido, que comenzó el pasado 2 de marzo de 2021, por estar pronto a cumplirse el plazo legal de dos años desde que se abrió la causa.
Cabe recordar que, de acuerdo a La Tercera, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, solicitó la ampliación de 30 días en las indagatorias para esperar los resultados de un peritaje de pruebas con material genético de la Universidad de Santiago de Compostela, en España.
Y es que hasta el día de hoy solo existe un imputado por la muerte del infante: Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás, quien no posee medidas cautelares por decisión del Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, tras considerar que no habían pruebas en su contra.
Por los hechos, la tarde de ayer la familia de Tomás llegó hasta el frontis de la fiscalía regional del Biobío junto a una caravana de autos, para exigir justicia. «Ayer se cumplieron dos años del hallazgo del cuerpo de mi hijo y hoy se termina el plazo legal de la investigación. Estamos aquí para exigir justicia y verdad», sostuvo Estefanía.
Asimismo, aseguró que «estamos para seguir exigiendo verdad y justicia, para que sepan que no nos hemos olvidado de Tomás. Necesitamos una respuesta«.
Defensa de Jorge Escobar
Según consignó La Tercera, antes de que se conociera el rechazo a la solicitud del Ministerio Público, el abogado defensor de Jorge Escobar, único imputado por el caso, afirmó que «este 28 de febrero solicitaremos que se fije audiencia urgente para el cierre de la investigación que se lleva a cabo en contra de don Jorge Escobar Escobar«.
Asimismo, agregó que «el 2 de marzo próximo concluye el plazo máximo legal de investigación y no podemos permitir que se siga manteniendo abierta una investigación que no tiene ningún antecedente incriminatorio serio, fiable y verosímil en su contra».
«Luego de dos años de una imputación sin fundamentos científicos y confiables, solo corresponde el sobreseimiento definitivo de nuestro representado«, cerró el abogado.