Este jueves el Senado dio luz verde al proyecto de Reforma Constitucional que modifica la regulación migratoria, ampliando el plazo en que una persona extranjera puede estar detenida previo al proceso de expulsión administrativa.
Según se lee en el proyecto que ahora deberá ser tramitado en la Cámara de Diputados, “este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos”.
A pesar del transversal respaldo del proyecto, que fue aprobado por 39 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, senadores y senadoras oficialistas expresaron sus preocupaciones en cuanto al respeto de los derechos fundamentales que debe contener esta medida.
Por su parte, desde la oposición, donde se gestó el proyecto, acusaron al Gobierno de no hacerse cargo del problema de la migración.
Al respecto, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Ana Lya Uriarte, negó las acusaciones, asegurando que “no son efectivos los fundamentos de los mocionantes sobre un incumplimiento del Gobierno”, acotando que “la opinión del Ejecutivo es favorable al proyecto, en el marco del respeto de los DD.HH.”.
Por su parte, el director nacional del Servicio de Migraciones, Kuis Thayer, señaló respecto al proyecto que “el plazo de 48 horas que se pretende cambiar constituye un problema para la Policía de Investigaciones, porque en algunos casos es insuficiente”.