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Exsubsecretaria de Prevención del Delito declaró como imputada en caso Motorola

Publicado: 31.03.2023

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La exsubsecretaria de Prevención del Delito y actual integrante de la Comisión Experta del nuevo proceso constituyente, Katherine Martorell (RN), declaró en calidad de imputada en el marco del caso Motorola, a raíz de la investigación que existe por presunto fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.

El caso se remonta al 2020, cuando el Ministerio Público abrió una investigación tras la denuncia presentada por la empresa Pegasus, quienes acusaron ser excluidos de la licitación pública a cargo de la repartición liderada por Martorell, por más de $378 millones. 

Desde la subsecretaría, la idea era dotar con 300 cámaras corporales a Carabineros para el desempeño de sus funciones. 

«Soy inocente»

De acuerdo a Biobiochile.cl, la cita se concretó el viernes 17 de marzo, instancia en que la exsubsecretaria prestó testimonio ante la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal especializado en delitos de corrupción, Francisco Ledezma, cuya causa se encuentra en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras su declaración y, requerida por el medio citado, Martorell enfatizó en que no ha sido formalizada por ningún delito y recalcó que su calidad de imputada se da sólo en el contexto de una querella ingresada en su contra.

«Soy inocente de lo que se me acusa por parte de una empresa que perdió la licitación«, aseguró en la instancia, que se da tras la designación de un defensor público en su causa.

Lo anterior se da luego de que a comienzos de año su abogado, Luis Hermosilla, renunciara a la representación legal de la comisionada. Aunque según Martorell, se debió a una decisión de mutuo acuerdo debido a la pesada carga laboral del jurista.

Cabe recordar que Martorell es investigada por presunta comisión de los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa por liderar la oficina del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del segundo gobierno de Sebastián Piñera durante la licitación.

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