Comisión de Constitución aprueba proyecto de isapres patrocinado por la UDI y RN

Con posterioridad al proyecto de ley corta presentado por el Ejecutivo para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema contra las isapres, que implica la restitución de los cobros extra a sus afiliados por la aplicación unilateral de tablas de factores que han encarecido los planes de salud, este lunes la Comisión de Constitución del Senado analizó un proyecto alternativo patrocinado por parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas, que ha sido promovido como una opción de hacer efectiva la devolución de los recursos involucrados, sin amenazar la viabilidad del sistema privado.

La iniciativa fue presentada por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (Demócratas) junto a sus colegas Rodrigo Galilea (RN), Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI), detalla Emol.

Específicamente, este busca la incorporación de una disposición transitoria que regule las bases para la fijación del costo de los planes de salud y la implementación de los ajustes de precios, una iniciativa que en la instancia de esta jornada fue aprobada en general por tres votos a favor, dos en contra y ninguna abstención, trámite que le permite pasar a revisión en la Sala del Senado.

Respecto de la votación, quienes le otorgaron su respaldo al proyecto fueron la presidenta y senadora Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Matías Walker (Demócratas) en reemplazo de Luciano Cruz-Coke (Evópoli), mientras que rechazaron Francisco Huenchumilla (DC) y el socialista Juan Luis Castro, quien sustituyó a su par Alfonso de Urresti.

El proyecto aprobado este lunes plantea que las isapres solo podrán apelar a la tabla de factores de riesgos para establecer los precios de la Superintendencia de Salud a fines de 2019, mientras que las cargas nuevas podrán modificar el costo final del contrato luego de cumplidos los dos años, no antes.

Además, detalla la iniciativa, la tabla de factores se aplicará sólo al ingreso del cotizante a la Isapre, no pudiéndose utilizar para efectos de reajustes, salvo que estos beneficien al cotizante.

Otro aspecto de gran relevancia, es que se facultaría a las aseguradoras para que recalculen el precio base de los planes con contratos vigentes firmados previo a abril de 2020, para que el precio final se analogue lo más posible al precio que se estaba pagando a la fecha en que se confirmó el fallo del máximo tribunal.

«Si, aplicando este nuevo precio de manera retroactiva, hubiera eventuales excedentes pagados por los afiliados que las compañías deberán devolver, la Superintendencia deberá fijar un procedimiento de devolución de aquellos excedentes que se hubieren generado, aplicando las prescripciones que sean del caso», asegura el proyecto.

Y en relación a la Superintendencia de Salud, esta regulará la devolución de  eventuales excedentes, determinando esta se haga de manera gradual y solo a través de beneficios.

Aguilera: «Esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios”

Asumiendo que la iniciativa legal apunta en sentido contrario a la ley corta que presentó el Ejecutivo la semana pasada, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se pronunció cuestionándola, dejando claro su alcance.

«Para nosotros esta reforma constitucional, de alguna forma, plantea el que el sistema de isapres, para subsistir, requiere seguir cobrando en exceso a 600 mil contratos, principalmente mujeres, a las que la compensación, la rebaja que se le haría por la tabla de factores, se le subiría a través del precio base. Entonces, mantendría una condición que la Corte Suprema ha considerado que es injusta».

Siguiendo con su argumentación, insistió en que «esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud que la Corte ordenó expresamente por la aplicación de la tabla única de la Superintendencia, y como consecuencia de lo anterior, anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponde al cobro en exceso por los menores de dos años. Con independencia de la discusión constitucional, es difícil apoyar la actual iniciativa por un respeto al orden institucional y a lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema».