Senador Castro: “No hay una conspiración contra las isapres, en el gobierno eso no existe”

Considerando que la semana que terminó fue álgida en contingencia de salud, en el contexto de la presentación del proyecto de ley corta que el Ejecutivo presentó al Congreso para darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que mandató a las isapres a restituir los cobros en exceso a sus afiliados, derivados de la aplicación de una nueva tabla de factores, son varias las interrogantes que surgen respecto de un tema complejo sobre el que el senador Juan Luis Castro (PS), es voz autorizada para hablar, atendiendo a su calidad de presidente de la Comisión de Salud del Senado.

Ya presentado el proyecto de ley corta, y anunciada la prórroga que se solicitó para la implementación del fallo de la Corte Suprema respecto de las isapres, ¿siente que se empieza a destrabar este tema?

“Hemos recibido una buena noticia, porque la Suprema ha acogido la petición de la Superintendencia, vamos a tener seis meses más, hasta fines de noviembre, por lo tanto, se puede legislar mejor, se puede desapasionar el debate, se puede poner la pelota en el piso y buscar un acuerdo razonable para que este proyecto de ley, que está partiendo en el Senado, pueda ser consensuado, mejorado, corregido, pero que exista una ley que permita que a la gente se le devuelva lo que se le cobró de más, que bajen los precios de los planes, por fin, que no se cobre a los menores de dos años, que exista un Fonasa mejorado con una nueva modalidad de atención. Son cosas todas positivas.

Las isapres han tenido una primera reacción muy catastrófica, muy endurecida, en la trinchera, aquí no hay una conspiración contra las isapres, no lo hay. Me consta y sé que en el gobierno eso no existe. Lo que hay es la búsqueda de satisfacer a plenitud un fallo judicial donde nadie está sobre la justicia, que tiene márgenes precisos y, por lo tanto, tiene que haber la mejor disposición para adecuarse a este escenario. Esta no es una ley en la neutralidad, es una ley bajo un fallo judicial. Y ese fallo hay que respetarlo, por lo tanto, pido en esto la serenidad de las isapres de escuchar, de hacerse escuchar como lo haremos desde el martes, pero al mismo tiempo de abrirse a nuevas soluciones que permitan que el sistema subsista, pero también que la gente se vea resarcida en los cobros en exceso que sufrieron en los últimos tres años».

Considerando la actitud que ha tenido el gremio, y las declaraciones que ha estado haciendo durante las últimas semanas el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, ¿qué expectativas tiene de este sector, ahora que el superintendente de Salud ya transparentó los montos a devolver (U$1400 millones) quedando en manos de las isapres la elaboración de un plan de devolución de los cobros extra?

«La actitud que uno esperaría es una actitud ponderada. Primero, de admitir que el fallo judicial existe, de admitir que el fallo judicial tiene bordes concretos, tiene una aplicación para todos los planes que estaban vigentes desde el 2020, por lo tanto estamos hablando de 725 mil jefes de hogar, cotizantes que abarcan más o menos a dos millones de usuarios, que corresponde hoy a casi el 40% de todos los beneficiarios del sistema, que de eso hay que hacerse cargo.

Pero el método de hacerse cargo va a ser muy flexible, aquí hay disposiciones en el proyecto que permiten que las isapres propongan durante seis meses, que exista un comité de expertos que evalúe, que luego la Superintendencia establezca, hay mecanismos de apelación. Todas las facilidades están dadas para que las instituciones, cada cual en su  realidad, pueda hacerse cargo en una progresión, no de la noche a la mañana. Recordemos, además, que es por la vía de los excedentes, es decir puede haber mejoras de coberturas, disminución de copago, planes superiores, puede haber dinero, todas ellas o alguna de ellas, por lo tanto, no todo es exclusivamente dinero. No es que aquí se obligue a pagar un cheque el próximo mes, aquí se trata de que esos U$1.400 millones se paguen en las modalidad de excedentes, que es, como diríamos en lenguaje criollo, en especies o ambos.

Todo este juego de alternativas hay que tenerlo sobre la mesa, para entenderlo correctamente y en los tiempos prudentes».

Respecto del proyecto de ley corta que presentó el martes el Ejecutivo, ¿cómo lo evalúa, siente que este se alinea adecuadamente con el fallo de la Corte Suprema?

«El proyecto busca, claramente, estar en sintonía con la habilitación del cumplimiento del fallo. Es decir, es el instrumental que permite aterrizar un fallo judicial. Porque le da atribuciones nuevas al superintendente que no tiene en cuanto a poder hacer modificaciones de tablas de factores, cálculo retroactivo de rebaja de devoluciones, disminuciones de precios para el futuro, o sea un conjunto de acciones que si no estuvieran el fallo, o sería  letra muerta, o si se aplica a rajatabla, sería la quiebra casi inminente de todo el sistema isapre.

De hecho, las isapres decían hace tres meses, con duda, que por la demora del gobierno temían que no quisiera enviar ninguna ley. Lo miraban con sospecha, como si eso fuera parte de un diseño para dejarlas caer. Porque ellos saben que si no hay ley, caen. Ahora hay ley, por lo tanto, mal se puede mirar bajo el agua y decir que la ley es la conspiración contra ellas. No es así, la ley lo que busca es habilitar un fallo judicial. La Corte Suprema, establece que esperan más señales de cómo se aplica el fallo, que es uno solo.

Por lo tanto, llamo a la tranquilidad, llamo a que haya espíritu de diálogo en los meses que vienen y construyamos una buena ley que haga que las cosas mejoren y que las reglas para el sistema de isapres sean nuevas porque judicializado como venía, no va a poder continuar.

¿Cree que se puede mejorar el proyecto enviado al Congreso?, ¿qué modificaciones le haría usted?

Siempre los proyectos se pueden mejorar, estamos recién partiendo, es difícil aventurar en qué aspecto, en qué artículo, todo se puede conversar. Hay materias que son de exclusivo patrocinio del Ejecutivo, ningún parlamentario las puede cambiar, por ejemplo las facultades de la Superintendencia, otros en materia de plazos se podrán revisar y va a haber disponibilidad. Ya la Suprema fue flexible, ¿por qué el Congreso no va a ser flexible?, ¿por qué el gobierno no va a ser flexible? Lo que no nos pueden pedir es que escamoteemos el fallo. El fallo existe y es de otro poder del Estado. Y tenemos que someternos a lo que dice el fallo, otra cosa es como eso se aterriza. Y para eso, la ley debiera ser el instrumento adecuado para cumplirlo?

¿Cómo evalúa, con los hechos constatados la semana pasada, considerando la presentación del proyecto de ley, además de la gestión del Ejecutivo, considerando el trabajo que han hecho en este ámbito tanto el superintendente de Salud, Víctor Torres, como de la ministra Ximena Aguilera?

«El gobierno, dentro del plazo, ha dado cuenta de lo que se le pedía y lo que había ofrecido, que era una ley corta que permitiera hacer posible el cumplimiento de la sentencia, cambiar para este efecto las reglas, que permitieran hacer devoluciones, rebaja de tarifas, lograr además, un Fonasa renovado que se haga cargo de la clase media, muy disminuida y hacerse cargo de que se está yendo gente masivamente de las isapres. El año pasado 300 mil personas se fueron de las isapres sin que ninguna estuviera quebrada.

Hay una tendencia a ir a Fonasa. Fonasa tiene el deber, y me alegro que esté proponiendo una mejora, una nueva modalidad que se haga cargo de tener redes privadas, seguros adicionales, ser competitiva, buscar a esa abandonada clase media que hoy a veces poco puede elegir y necesita tener alternativas. Creo que ahí se pueden hacer un mundo de mejoras e innovaciones, pero a partir de un proyecto de ley que esté discutiéndose y no a partir del silencio o de la ausencia del proyecto.

Por último, respecto del proyecto, cree que este le otorga viabilidad a la coexistencia de los dos sistemas de salud a través de un modelo que beneficie las prestaciones y garantice que tanto el sector privado, como el público, puedan ofrecer un mejor servicio, pensando además en la gente con menos recursos de nuestro país, en línea con el discurso del Ejecutivo y el programa del Presidente Gabriel Boric?

«Creo que el proyecto, primero se hace cargo de establecer que hoy en Chile el Estado no es subsidiario solamente como ha sido desde la Constitución del 80′, sino que un Estado Social de Derecho, vale decir no solamente interviene el Estado cuando el mercado falla, sino que el Estado debe hacerse cargo sobre todo en un Chile que tiene el 85% de la gente afiliada a Fonasa, ahí está el grueso de la población. Y tiene a un 15% afiliado a isapre, pero este mundo de isapre tiene también derechos y deberes y las personas que están ahí afiliadas están pagando un plan, tienen familias y son muchos de clase media y tienen que tener una certeza de lo que va a pasar.

Y si hay un fallo judicial que establece ciertas obligaciones, hay que cumplirlas. Nadie está pensando en un futuro con un Chile estatal, o que sólo la salud pública se haga cargo, porque no sería posible. Ya tiene una lista de espera muy engrosada, tiene largos tiempos de atención, hay que mejorar mucho el sistema público. El sistema privado hoy cumple un rol, no por nada las clínicas privadas que no son isapres, sino atienden pacientes, atienden más de cinco millones de personas de Fonasa, de los grupos B, C, y D. Tenemos ahí un mundo que existe desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Y va a seguir existiendo, porque complementa la atención de las personas. Yo veo coherencia en esto, veo un sentido práctico de hacer las cosas de manera ágil, y lo veo en consonancia de lo que ha dicho el Presidente de la República de lograr una mejor calidad de atención y un mejor acceso de todos los sectores medios y populares».