Cordero por detenidos desaparecidos: «Insistir tiene que ver con cuidar la democracia»

En el contexto de la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Justicia, el titular de la cartera, Luis Cordero, se refirió al Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, a 50 años del golpe de Estado.

En esa línea, el secretario de Estado explicó que la medida busca establecer un «instrumento de política pública permanente que avance en la búsqueda de verdad y justicia sobre la desaparición forzada de las personas durante la dictadura cívico-militar».

Al respecto, explicó que la proyección del Plan Nacional de Búsqueda es un tema de «política pública y su reivindicación no es el pasado. Insistir en él, no tiene que ver con abrir las heridas del pasado, tiene que ver sencillamente con cuidar la democracia y el futuro».

Y agregó que «el Plan lo asumimos con la responsabilidad sobre la democracia futura, con la convicción de que sólo reconociendo esas heridas, seremos capaces de construir un Estado Social y Democrático de Derecho sólido, que no tengan en riesgo la democracia, que proyecte dignidad y respeto para todos y todas».

«Cifras preocupantes»

Horas antes, el personero de gobierno calificó de «preocupante» la cifra entregada por la encuesta Cerc-Mori que indica que al menos el 36% de los chilenos/as considera que los militares tuvieron razón en efectuar el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. 

«Creo que a 50 años del golpe debiéramos tener consensos básicos. Uno, que quebrar el orden institucional para imponer otro es romper las bases esenciales del estado de Derecho, lo segundo es que no hay justificación para ninguna lucha política que justifique las violaciones sistemáticas a los derechos humanos«, recalcó en ADN.

Además, aseguró que sobre el plan «hay cuestiones que deberían ser parte de nuestra relación civilizada y una de esas partes es que no hay contingencia, oposición, adversidad a posturas políticas que pueda justificar la desaparición forzada de personas, y ese es el objetivo del plan de búsqueda«, remarcando además que «la obligación del Estado es dejar que esto siga sostenido en las acciones de los familiares y que se transforme en una política del Estado permanente».

Plan Nacional de Búsqueda y acciones del Estado

La autoridad también se refirió a las acciones del Estado destinadas a la búsqueda de verdad y justicia, y destacó que durante el 2022 se presentaron 53 querellas para investigar a 71 víctimas en el marco del proyecto 355.

«Corresponde al trabajo vinculado con las víctimas de desaparición forzada y de ejecución política respecto de las cuales el Estado no había iniciado acciones judiciales destinadas a indagar acerca de las circunstancias de su desaparición o muerte y la determinación de los responsables de esos crímenes», explicó el ministro por el proyecto.

Además, relevó que se han realizado más de 2.600 intervenciones psicosociales y que se han adjudicado más de 118 millones de pesos vinculados a proyectos de cultura y sitios de memoria, y que este año esperan adjudicar 122 millones por la misma causa.

«Por esa vía, hemos tratado de materializar obras de preparación simbólica a las víctimas de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos», sostuvo.

Mientras que el Plan Nacional de Búsqueda, que se encuentra en su etapa de diseño final, contempló en una primera etapa —a partir de septiembre de 2022— más de 50 encuentros a nivel nacional con más de 700 familiares de víctimas de desaparición forzada agrupados y no agrupados, además de la realización de una serie de reuniones temáticas con fin a cerrar el proceso de subasta participativa que fue en el mes de abril.

Mesa de reparación integral

El titular de Justicia también se refirió a la constitución de la mesa de reparación integral para las víctimas de violación a los derechos humanos durante el estallido social, que ha realizado una serie de actividades y encuentros participativos en distintas regiones del país con el propósito de crear mecanismos de diálogo para establecer una necesidad y propuesta de reparación de víctimas y familiares.

«Una dupla psicosocial ha trabajado en la elaboración del programa y el plan de acompañamiento y cuidado a trauma ocular. (Hasta ahora) se han recepcionado 109 casos, entre estos 50 grupos de niños, niñas y adolescentes«, informó.

«Es conveniente no olvidar que esto corresponde a compromisos que el Estado chileno asumió el año 2019-2020 en el contexto de las visitas e instituciones de derechos humanos a nivel internacional».