El consejo político de Revolución Democrática (RD) solicitó congelar la militancia de la diputada Catalina Pérez y anunció que presentará una querella por el caso Democracia Viva, tras el convenio que firmó la fundación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
La acción judicial será presentada este martes “caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices”, afirmó el senador y presidente del partido, Juan Ignacio Latorre.
Asimismo, desde la instancia solicitarán al Tribunal Supremo de RD congelar o suspender la militancia de la diputada Catalina Pérez, debido a su vínculo con dos de los militantes claves del caso.
Uno es su expareja Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva, y el otro es Carlos Contreras, renunciado Seremi de Vivienda de Antofagasta y exasesor parlamentario de Pérez. Ambos sellaron el convenio por 426 millones de pesos en dicha comuna.
Latorre recalcó que la diputada, hasta el momento, “ha manifestado toda la disposición a que la investiguen” sobre el caso, y puntualizó que estas decisiones están en línea de “hacernos cargo de cualquier irregularidad que para nosotros tiene que ser sin doble estándar, tolerancia cero ante cualquier irregularidad donde estén involucrados militantes de nuestro partido”.
La rebelión de los alcaldes
Congelar la militancia de Pérez hasta que concluya la investigación del Ministerio Público fue solicitud de los alcaldes de RD, según informó La Tercera.
Ediles icónicos del partido como Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Tomás Vodanovic (Maipú), Emilia Ríos (Ñuñoa), Carla Amtmann (Valdivia) y Luis Valenzuela (Tiltil) expresaron su rechazo a las muestras de falta de probidad cometidas por militantes del partido.
En esa línea, solicitaron al consejo político que se acelere la expulsión de Andrade y Contreras, y recalcaron la importancia de suspender a Pérez “hasta que esclarezca si tuvo o no participación”.
Hasta ahora, Catalina Pérez ha negado cualquier vínculo con el caso y dejó sus funciones como segunda vicepresidenta de la Cámara Baja para desactivar la censura a la mesa completa que estaba promoviendo la oposición.