Las 27 medidas anticorrupción que propone el Consejo para la Transparencia

A propósito del Caso Convenios, que involucró a distintas reparticiones del Estado y a diversas organizaciones sin fines de lucro, y que salió a la luz luego del escándalo con la fundación Democracia Viva, desde el Consejo para la Transparencia propusieron 27 medidas anticorrupción y pro transparencia para transformar la crisis en una “oportunidad”.

Las acciones apuntan por un lado a la creación de un sistema integral de transparencia, que asegure el control de todos los órganos del Estado y que además incluya ampliar las obligaciones a instituciones que reciben recursos públicos: corporaciones, fundaciones, empresas municipales y universidades privadas, las que actualmente no están mencionadas de manera explícita en la Ley de Transparencia. 

Igualmente, otra arista que quieren abordar desde el organismo, sería la denominada “transparencia activa” –información disponible en todas las plataformas web de las instituciones públicas– que busca aumentar los deberes y exigir la publicación de los antecedentes que permanente son solicitados por la ciudadanía. 

¿Qué tipos de antecedentes? 

Según lo explicó el titular del organismo, Francisco Leturia, un ejemplo sería la publicación de los montos de viáticos y cometidos funcionarios (también conocidos como comisiones de servicio), entre otros detalles de viajes realizados con recursos públicos. 

“Se requiere mirar los forados que tiene el sistema hoy y resolverlos con acciones concretas en las que existe un acuerdo transversal”, señaló Leturia y agregó que “tenemos que reforzar el control ciudadano”. 

En esa línea las propuestas tienen dos orientaciones claras: reformas en transparencia, por un lado, y en probidad y prevención de conflictos de interés por el otro. Ambas se harían cargo de la necesidad de «tomar lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con las fundaciones y un conjunto de casos de irregularidades que han dañado la fe pública para promover un pacto nacional para proteger la democracia», puntualizó. 

¿Cuáles son las 27 propuestas? 

1) Transparencia para todos los órganos del Estado. Creación de un sistema general de transparencia con una única autoridad de control, que incluya a órganos con reglas de transparencia especiales como, por ejemplo, el Congreso Nacional o el Poder Judicial. 

2) Aplicación de normas de transparencia activa a fundaciones, corporaciones e instituciones privadas que reciban fondos públicos. 

3) Ampliación y perfeccionamiento de materias de transparencia activa. Se contempla la publicación de materias que son de interés ciudadano, permitiendo transformar la transparencia activa en la regla y no la excepción. 

4) Establecer normas de transparencia sectorial. Esto permite dar publicidad a materias de interés específico de cada sector, por ejemplo, universidades u obras públicas. 

5) Perfeccionamiento de reglas de transparencia activa en gobiernos regionales. 

6) Rendición de cuentas sobre ejecución de proyectos de diversa naturaleza, tanto a nivel nacional, regional y comunal. Incorporando un mecanismo objetivo de verificación. 

7) Registro público abierto, transparente y unificado de corporaciones y fundaciones que reciben recursos públicos, a cargo del Ministerio de Hacienda, así como la aplicación del principio de probidad a los trabajadores de corporaciones y fundaciones, empresas municipales y corporaciones y fundaciones regionales. 

8) Publicidad pormenorizada indicando institución y montos, para transferencias realizadas por organismos públicos a instituciones internacionales. 

9) Perfeccionar las normas de transparencia en materia de concesiones y asociaciones público-privadas. 

10) Publicación de montos entregados por concepto de viáticos y cometidos funcionarios.

11) Perfeccionamiento de normas de transparencia activa en empresas públicas, incluyendo la nómina de contratos para el suministro de bienes muebles, prestación de servicios, entre otros. 

12) Aumento de sanciones establecidas por ley. Incorpora la determinación de sujetos responsables, que incluya expresamente a los infractores, sin perjuicio de la responsabilidad de la autoridad o jefe de servicio. 

13) Más transparencia presupuestaria. Incluye la publicación de versiones ciudadanas de estas materias, que sean más comprensible, entre otras medidas.

14) Obligación legal de utilizar el Portal de Transparencia del Estado.  

15) Ley de Archivos, que modernice la legislación de gestión documental y archivos públicos. 

16) Corregir en las diversas normativas sectoriales disposiciones que dificultan un acceso efectivo a la información. 

Propuestas en probidad y prevención de conflictos de interés 

1) Perfeccionamiento normas sobre contratación de parientes y cercanos, reforzando para ello las reglas que eviten el nepotismo. Particularmente propone prohibir que un funcionario público ejerza simultáneamente labores en corporaciones y fundaciones que reciban recursos públicos, contratados en cualquier calidad jurídica.

2) Registro público unificado de funcionarios o trabajadores del Estado, con la finalidad de evitar dobles contrataciones o conflictos de interés. 

3) Normas de incompatibilidad más rigurosas, aplicables a las autoridades y funcionarios del nivel nacional, regional o comunal para poder enfrentar las dobles contrataciones

4) Hacer aplicable el principio de probidad a funcionarios de corporaciones, fundaciones y empresas municipales y corporaciones y fundaciones regionales. 

5) No a la “puerta giratoria”, reforzando las normas sobre periodo de enfriamiento y traspaso del sector público al privado, y viceversa, incorporando a la regulación a funcionarios de instituciones fiscalizadoras. 

6) Nueva Ley de Lobby perfeccionando el registro de lobistas y gestores de intereses y reforzando sanciones. 

7) Obligación de las autoridades de registrar audiencias cuando sean quienes toman la iniciativa de citar a lobistas o gestores de intereses. 

8) Mejorar y ampliar la información que debe incluir la Declaración de Intereses y Patrimonio, la que sería obligatoria para otros cargos de la administración del Estado. 

9) Obligatoriedad del registro y publicidad de beneficiarios finales en contrataciones. 

10) Hacer aplicable la responsabilidad administrativa a concejales y consejeros regionales. 

11) Pronta implementación de nueva normativa sobre Estatuto de Protección al Denunciante de actos contra la probidad.