Gobierno busca revelar los secretos del informe de Comisión Valech a través de un proyecto de ley

El levantamiento del secreto es una demanda histórica de los familiares de las víctimas del régimen del general Augusto Pinochet y busca facilitar el trabajo de los funcionarios que llevarán a cabo el plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos anunciado la semana pasada por el Gobierno.

«La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan, trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer», dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

Es la primera vez que el Estado asume la búsqueda de los 1.469 detenidos desaparecidos que dejó la dictadura.

Hasta ahora la búsqueda había recaído en grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.

Cordero explicó que las personas que prestaron testimonio en la Comisión Valech podrán decidir «voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad» y recordó que actualmente el independientemente Instituto Nacional de Estadísticas (INDH) tiene acceso a esos documentos.

«Son las víctimas y sus herederos los que deciden qué se hace con esa información», insistió el ministro.

En el pasado ha habido distintos intentos frustrados por levantar el secreto del informe Valech, una medida que genera debate porque el Estado se había comprometido a guardar la confidencialidad de los testimonios por 50 años.

El anuncio del proyecto de ley tiene lugar a días de la conmemoración el próximo lunes del 50° aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende, una efeméride que está provocando gran crispación en nuestro país.

La dictadura de Pinochet dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.

El informe de la Comisión Valech se conoció en noviembre de 2004, durante el Gobierno del socialista Ricargo Lagos (2000-2006), y certificó que más de 27.000 personas fueron víctimas de prisión política, tortura y exilio.

Posteriormente, en el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010) se emitió un segundo informe que sumó casi 10.000 personas más.