La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el Ejecutivo interpondrá dos recursos judiciales para revertir la orden del Juzgado de Garantía de Arica al Ministerio Público de entregar la identificación de más de 50 testigos con identidad reservada en una investigación vinculada al Tren de Aragua.
«Tenemos una profunda preocupación por lo que sucedió hoy en el Juzgado de Garantía de Arica: la decisión de que se debe dar a conocer el nombre de 56 personas que han actuado como testigos reservados y como agentes encubiertos en investigaciones ligadas al Tren de Aragua», señaló la titular de Interior.
Sobre ello, Tohá explicó que se trata de «investigaciones muy complejas donde se están persiguiendo a grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos o como agentes encubiertos para identificar y poder también desarticular estas bandas criminales».
Además, agregó que desde el Ejecutivo presentaron, la jornada de este miércoles 13 de septiembre, un recurso para que «se establezca la nulidad procesal de esta decisión y estamos preparando un recurso de protección que vaya en auxilio de las personas que están afectadas por esta decisión».
Orden del Juzgado de Garantía
Cabe recordar que las acciones del gobierno se enmarcan dentro de una causa contra el clan Los Gallegos, un grupo que funciona como brazo operativo del Tren de Aragua en Arica, donde el Juzgado de Garantía de la ciudad ordenó al Ministerio Público entregar a las defensas de los imputados las identificaciones de 56 testigos con identidad reservadas.
«Desde la fiscalía, desde el Ministerio Público, estamos absolutamente sorprendidos por la resolución del tribunal, que ordenó entregar el nombre de los testigos reservados a las defensas«, señaló el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, según recogió La Tercera.
Asimismo, manifestó que no solo se encuentran «sorprendidos», si no que «consternados por esta resolución que entendemos que va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas, sobre todo delitos como el crimen organizado».