Un procedimiento policial contra la presunta cúpula de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), realizado la semana recién pasada, culminó con la detención de 11 personas. Pero de acuerdo con la RML, ninguno de los arrestados pertenece a su organización ni al movimiento mapuche.
Además, desde el Observatorio Mapuche de Derechos Humanos y Medio Ambiente acusan que el arresto, y el posterior vinculación del hecho por parte de los medios de comunicación a la causa indígena, plantea “preguntas fundamentales sobre la integridad y equidad” en el trato.
Por otro lado, se refieren a la posibilidad de que “estos eventos sean parte de una estrategia Estatal más amplia, que agrave las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades mapuche”.
Según trascendió en su momento, generando revuelo en el mundo político y en la sociedad en general, entre las personas detenidas se encontraban un carabinero en retiro y un funcionario activo de la misma institución. Lo anterior, como parte del mega operativo de la PDI realizado en Curanilahue y Cañete.
El director de la unidad especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo Val, confirmó la detención de ambos sujetos vinculados a Carabineros y señaló al medio ADN que “se detuvo a parte de la organización, incluyendo a dos funcionarios policiales, pero preferiría mantener la reserva de esta información hasta que el fiscal a cargo se refiera al operativo”.
Así también agregó que “esto da cuenta de algo que nosotros ya habíamos visto, que es la relación entre la sustracción de madera y las organizaciones radicales de la zona”. El lunes, todos los detenidos fueron enviados a prisión preventiva.
Tongo mediático
Días después, a través de un comunicado, la Resistencia Mapuche Lafkenche aseguró que pese a verse involucrados en algunos “sabotajes” en los últimos días, “ninguno de los 11 detenidos durante el mediático operativo del día jueves es integrante de nuestra organización”.
“Descartamos, enfáticamente, que tengamos algún vínculo con los pacos detenidos en dichos allanamientos”, agregan desde el movimiento.
También señalan que “este tongo mediático, creemos, buscaba difamar a nuestra organización haciendo creer a la opinión pública de un supuesto golpe a nuestra militancia, desacreditando nuestros principios de lucha y mostrándonos como una banda de criminales al servicio de mafias forestales”.
Grollmus, Los Ríos y el Hotel Curef
“Sabemos que nuestras acciones han sido golpes letales para nuestros enemigos. Y como integrantes de la lucha mapuche autonomista no tenemos temor en reivindicarlas, porque así ha sido nuestra decisión política”, añaden.
Así, se adjudican los ataques en el “molino Grollmus, la base de Los Ríos y el hotel Curef de Quidico, de los que tanto hablaron los medios estos días”, los que “son solo una ínfima parte de las más de 100 acciones que hemos efectuado en los más de 10 años de existencia”.
En tanto, desde el Observatorio Mapuche apuntan a una posible discriminación en el trato mediático que se ha dado en torno al caso, cuestionando la presencia militar en la zona que recrudece la tensión entre el pueblo Mapuche y el Estado.
Primero acusan que “notablemente solo dos de los detenidos llevan apellidos mapuche y, sin embargo, los medios, incluidos El Mercurio y Megavisión, continuamente señalan a esta detención como un golpe a una ‘organización Mapuche’, distorsionando la percepción pública”.
Ausencia de condena
Luego, indican que “incidentes como los ejercicios militares dentro de la comunidad María Colipi viuda de Maril en Tirúa el 25 de julio y las acciones militares en el Lago Lanalhue el 5 de septiembre, atentan contra el derecho fundamental a vivir en paz, seguridad y sin miedo”.
“Estos actos no solo vulneran los derechos humanos básicos, como el derecho a la educación al negarles a los niños y niñas el acceso a sus escuelas, sino que también infringen tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de San José”, agregan.
“La ausencia de condena a estas violaciones por parte de las autoridades locales es, en sí misma, preocupante”, indican desde la organización.
Finalmente, se cuestionan: “¿Cuál es el verdadero propósito detrás de imponer un estado de excepción que limita la libertad de reunión y tránsito en el territorio, cuando las estadísticas delictivas en regiones como Santiago superan proporcionalmente a las del sur?”.