«Tenemos la peor impresión de este proceso constituyente», aseguró hace menos de un mes a El Desconcierto la directora ejecutiva de Iguales, María José Cumplido, evidenciando su postura ante el borrador, en ese tiempo en elaboración, de la propuesta emanada del Consejo Constitucional.
Y durante las últimas horas, luego de concluido el trabajo de la entidad redactora, liderada mayoritariamente por la ultraderecha y la derecha, desde la fundación oficializaron un llamado a votar «En contra» el 17 de diciembre, advirtiendo respecto de los riesgos que representa para la causa esta ha defendido históricamente.
Tras la emisión de un comunicado detallando su postura, Cumplido conversó con este medio, sincerando las tres principales amenazas que evidencia en la propuesta y que desglosa en un «debilitamiento del principio de no discriminación, que no se ajusta a estándares internacionales de derechos humanos. No hace una remisión a las formas de discriminación, no direcciona al Estado a promover políticas de prevención y protección, sigue en la lógica punitivista».
Obstaculiza avance a una sociedad sin violencia
«Esto podría ser un riesgo para las personas de la diversidad, entre otros grupos vulnerables, sin una defensa a nivel constitucional contra la discriminación arbitraria, lo que obstaculizaría el avance hacia una sociedad libre de violencia para todos. Consagrar los tipos de discriminación en una Constitución de Estado es crucial para establecer un marco legal sólido que garantice la igualdad, proteja los derechos fundamentales y promueva una sociedad justa e inclusiva», argumenta Cumplido.
Se trata de un mínimo necesario, ya que que de esta manera «se envía un mensaje claro de que la discriminación en cualquiera de sus formas es inaceptable y se establece una base legal para la prevención, la rendición de cuentas y la protección de las víctimas. Esto fortalece la democracia, fomenta la igualdad de oportunidades y contribuye a la construcción de una sociedad donde todos los ciudadanos sean tratados con dignidad y respeto».
Paralelamente, Iguales plantea que otra amenaza está dada por la «constitucionalización de la objeción de conciencia», asegurando que aunque en la propuesta «se respeta la libertad de culto de las personas, preocupa que la objeción de conciencia institucional pueda permitir que instituciones evadan el cumplimiento de la ley, lo que podría dar lugar a la discriminación por motivos religiosos en situaciones como el acceso a servicios de salud, educación o empleo».
«Normalmente las Constituciones que abordan la objeción de conciencia la reconocen a propósito del servicio militar, la conscripción en caso de guerra y el uso de la violencia, permitiendo a los objetores sustituir tales exigencias por servicios alternativos. Excepcionalmente, las constituciones de Ecuador, Portugal o Timor Oriental reconocen la objeción como un derecho constitucional de alcance general, cuidando establecer restricciones legales o limitando su alcance respecto de los derechos de terceros. Sin embargo, en uno y otro caso se establece este derecho respecto de personas naturales, no de instituciones», advierte.
«Es un retroceso»
Otro ítem de inquietud para Iguales está dado por el «riesgo de derogación de la ley de aborto en tres causales», que la propuesta podría poner en riesgo. «Lo que atentaría contra la autonomía de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Además, la falta de protección clara para la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes podría afectar su desarrollo libre de violencia y coerciones».
Consultada respecto de la situación real en la que podría quedar la comunidad LGTBIQ+ en Chile, de aprobarse la propuesta, Cumplido asegura que «respecto a las demandas de la comunidad LGBTQ+, el texto no proporciona una protección y consideración adecuada a esta comunidad. Al contrario, nos parece que en varios aspectos es un retroceso y pone en peligro lo alcanzado durante las décadas.
«En una situación hipotética, si la propuesta constitucional y estas preocupaciones se materializan, la comunidad LGTBIQ+ en Chile podría verse en una posición de mayor vulnerabilidad y discriminación», asegura Cumplido.
Finalmente, comenta que se «podría limitar su capacidad para vivir una vida libre de violencia y ejercer plenamente sus derechos. Por lo tanto, la comunidad podría enfrentar obstáculos en su búsqueda de igualdad y libertad, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho para avanzar en la protección de sus derechos».