Trabajadora sexual chilena es condenada a 14 años en Países Bajos por asesinar a cliente

Un tribunal neerlandés condenó hoy a 14 años de prisión a una mujer chilena que era trabajadora sexual y residía ilegalmente en Países Bajos, acusada del asesinato a puñaladas de uno de sus clientes, un crimen que la acusada aseguró que fue en “defensa propia” tras haber sido presuntamente atacada por su víctima.

El tribunal de la ciudad neerlandesa de Dordrecht, en Holanda del Sur, condenó a Daniela D., una mujer chilena de 32 años, por homicidio, después de que la autopsia demostrara que asestó al menos 214 puñaladas y cortes a un hombre de 36 años el día antes de la Navidad de 2022, en la propia casa de la víctima cerca de Róterdam, donde acordaron citarse.

Durante el juicio, la acusada aseguró que el asesinato tuvo lugar después de una discusión violenta, con ambos bajo efectos del alcohol y drogas como la cocaína, y alegó que la víctima la arrastró del pelo hasta la cocina, lo que la obligó a actuar “en defensa propia” y uso un cuchillo que el propio cliente le “había arrojado” después de “atacarla”, señaló.

Pero la fiscal y el tribunal rechazaron esta explicación, consideraron que había varias inconsistencias en el relato de Daniela D., y las pruebas toxicológicas tampoco detectaron la presencia de las sustancias alucinógenas que, según la acusada, influyeron en sus acciones, según recoge el diario neerlandés De Telegraaf.

Además, los expertos forenses aseguran que la historia de la acusada no coincide con el patrón de salpicaduras de sangre que había en la pared, mientras que los psicólogos tampoco lograron identificar ningún trastorno específico que pudiera haber influido en el homicidio.

La Corte, que describió el homicidio como “repugnante, brutal y despiadado” con puñaladas “infligidas con ira”, condenó a Daniela D. a 14 años de cárcel y al pago de una indemnización de más de 110.000 euros (119.000 dólares) a los familiares de la víctima por, entre otras cosas, ataques nerviosos y pérdida emocional.

La pena coincide con la sentencia que había exigido la fiscalía neerlandesa.