VIDEO| Subsecretario Gajardo: «Bloqueo de señal celular disminuirá comisión de delitos desde cárceles»

Hasta finales de octubre de este año, Gendarmería incautó casi 25.000 teléfonos celulares desde las cárceles. Una cifra que refleja lo extendido de su uso al interior de los recintos penales y que permite, en muchas ocasiones, la comisión de delitos como estafas o la coordinación desde el interior de los penales de actividades delictivas en el exterior.

Ante este problema para el control del Estado de las cárceles, se licitó una tecnología que permite la inhibición de las señales celulares para dejar a estos aparatos sin comunicación con personas fuera de estos recintos, que se espera que llegue en marzo de 2024 a un quinto de la población penal.

Una tecnología novedosa, pero que involucra importantes recursos fiscales. «Solo para bloquear la telefonía celular en el sector de Pedro Montt, el Estado va a gastar más de 3.000 millones de pesos en el año», afirma el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en entrevista con El Desconcierto.

– ¿Qué medidas se están realizando para paliar el aumento de la prisión carcelaria?

Actualmente nuestro sistema penitenciario está enfrentando dos grandes fenómenos: el crecimiento de la población penal y el aumento de la peligrosidad de los internos. Estos fenómenos se han intensificado en los últimos dos años y requieren una inversión importante del Estado. Para eso, estamos trabajando en un plan de infraestructura penitenciaria que nos permita ampliar nuestra capacidad en 9.000 plazas para el 2024 y el 2025, y también en fortalecer los módulos de alta y máxima seguridad para segregar adecuadamente a los líderes de bandas criminales.

– ¿En qué punto se encuentra el bloqueo de las señales celulares al interior de las cárceles?

El bloqueo de la señal de teléfono al interior de los establecimientos penitenciarios es un largo anhelo de nuestro país. Muchos hablan de por qué no existía este bloqueo, es una tecnología nueva y cara que existe solo en algunos países. Llegará a nuestro país gracias a una inversión importante de recursos desde el Ministerio de Justicia, en particular desde la Subsecretaría hacia Gendarmería. Esta tecnología se va a incorporar a través de un contrato que acabamos de suscribir y que va a estar ya en marcha en marzo del próximo año, en el sector de Pedro Montt, donde tenemos un quinto de la población penal de nuestro país y que es uno de los sectores más claves de nuestro sistema penitenciario. Nosotros ahí tenemos cuatro cárceles; Santiago Uno, Santiago Sur, Capitán Yaber y el Recinto Especial de Alta y Máxima Seguridad. En esos cuatro establecimientos penales nosotros tenemos más de 10.000 personas privadas de libertad, un quinto aproximadamente de la población privada de libertad que tenemos a lo largo del país. Dentro del 2024 esperamos incorporar diez establecimientos penales más en una licitación que vamos a presentar prontamente.

Esta medida muy importante para mantener el control de los establecimientos penitenciarios y así disminuir la posibilidad de la comisión de delitos desde las cárceles.

– ¿Cuál es el presupuesto involucrado en la instalación de esta tecnología?

Solo para bloquear la telefonía celular en el sector de Pedro Montt el Estado de Chile va a gastar más de 3.000 millones de pesos en el año. Tenemos 81 establecimientos penales a lo largo del país, lo que implicaría, si quisiéramos llegar a la totalidad, una inversión aproximada de más de 200 millones de pesos. El presupuesto de Gendarmería para su funcionamiento total es de 600.000 millones de pesos. Es decir, una tecnología de este tipo en todos los establecimientos penales sería un tercio del presupuesto de Gendarmería, lo que obviamente excede las capacidades que tenemos como Estado para financiarlo. Por lo mismo hemos identificado 15 establecimientos que son los prioritarios, y esperamos concretarlo entre 2024 y 2025.

– ¿Cómo se está llevando a cabo la política de expulsión de personas extranjeras detenidas por delitos violentos?

La expulsión es una medida que se puede utilizar cuando existe un condenado extranjero por algún delito. Sin embargo, la nueva ley de inmigraciones eliminó la posibilidad de expulsar a los extranjeros condenados o imputados por el delito de narcotráfico o tráfico de estupefacientes, que son una importante cantidad de los que tenemos en nuestro sistema penitenciario, sobre todo en el norte del país. Por eso, hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para retomar esa capacidad y poder expulsar a estos extranjeros que hoy por hoy se encuentran en nuestras cárceles.

– ¿Cómo evaluaban la política de los allanamientos nacionales y masivos que habían lanzado en junio en las cárceles de nuestro país?

La política de allanamientos masivos forma parte de las medidas que tenemos para la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios. Es clave que el Estado tenga el control de cada uno de los establecimientos y no permita que se generen contaminaciones criminógenas o que se cometan delitos desde las cárceles. Para eso, tenemos una unidad de servicios especiales que interviene en los establecimientos, que captura todos los elementos prohibidos que hay en su interior y que nos permite desbaratar a las bandas que funcionan y se siguen coordinando en los establecimientos penitenciarios. Esta es una medida que vamos a mantener y a potenciar.

– ¿Qué avances se han realizado en torno a la Unidad Especial de Crimen Organizado que lleva adelante la Subsecretaría de Justicia?

El Congreso ha aprobado dos proyectos de ley que son muy importantes. El primero es que le dio más facultades a Gendarmería en la investigación penal, para que pueda participar con más capacidades dentro de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. El segundo es que aprobó recursos para la estructura orgánica de la unidad de investigación criminal al interior de Gendarmería, que nos va a permitir mejorar las capacidades del Estado en la investigación de los crímenes que se cometen al interior de los recintos penitenciarios.

– ¿Qué se puede esperar para el 2024 en lo que respecta al déficit carcelario y al control de las bandas criminales?

Nuestro país tiene que tener un sistema penitenciario que le permita adecuadamente trabajar con los desafíos que tenemos. Y los desafíos que tenemos son, primero, tener un sistema penitenciario que tenga las capacidades de albergar a la población penal que tenemos actualmente, en segundo lugar, que tenga las capacidades de combatir el crimen organizado en su interior, que sea un sistema penitenciario seguro, y todo esto es la base para que sea un sistema penitenciario que nos permita que las personas, una vez que salgan de la cárcel, se reinserten en la sociedad. Para eso, como gobierno, estamos trabajando fuertemente en un plan de infraestructura, en seguridad penitenciaria, en un conjunto de medidas que nos permiten combatir el crimen organizado en el interior de los establecimientos penitenciarios, y todo eso es la base para tener un sistema penitenciario que nos permita reinsertar a las personas en la sociedad al día de mañana.

-¿En qué punto está la movilización de los funcionarios del Servicio Médico Legal, que argumentan que hay una «modernización unilateral» del servicio?

El Servicio Médico Legal está funcionando a lo largo de todo el país, no hay una movilización de los funcionarios, existen trabajos con las distintas asociaciones y esos trabajos los está liderando la directora del servicio.

Lo que ha ocurrido es básicamente que una de las asociaciones del Servicio Médico Legal vino a entregar una carta a la Subsecretaría, dando cuenta de sus visiones respecto al funcionamiento del servicio y al plan de mejoramiento de brechas que ha presentado el Gobierno para hacernos cargo de las principales brechas que tiene el Servicio Médico Legal en materia de peritajes, que son claves para el funcionamiento del sistema de justicia.