El Sernac denunció ante la justicia a 13 supermercados y tiendas del retail en 4 regiones del país, las cuales son Metropolitana, Los Ríos, Antofagasta y Biobío.
El principal motivo de esta denuncia fue que el Sernac detectó una serie de infracciones a la Ley del Consumidor, asociadas a la aplicación indebida de medidas de seguridad y vigilancia en locales comerciales, al exigir a las personas consumidoras a la salida mostraran la boleta de compra, con la función de corroborar que hubieran realizado el pago de los productos que portaban.
Los supermercados y tiendas denunciados fueron los siguientes:
- Supermercados Híper Líder y Líder Express
- Supermercado Unimarc
- Super 10 (Mayorista 10)
- Supermercado Tottus
- Supermercados Acuenta
- La Polar
- Corona
- Falabella
- Ripley
- Easy
- Homecenter Sodimac
- Construmart
Más de 50 fiscalizaciones
Andrés Herrera, director nacional del Sernac, aclaró que si bien las empresas tienen derecho a tomar medidas en relación a la seguridad, lo deben hacer empleando altos estándares de profesionalidad y respetando la dignidad y derechos de las personas.
«Durante las fiscalizaciones realizadas pudimos detectar que las empresas denunciadas no cumplieron con las exigencias que establece la Ley del Consumidor respecto de una serie de aspectos que son muy relevantes a la hora de adoptar medidas de seguridad y vigilancia en las dependencias de sus locales comerciales», declaró Herrera.
«Entre ellos, no entregar información veraz y oportuna sobre dichas medidas, actuar discriminando arbitrariamente o no respetando la dignidad de las personas, y la falta al deber de profesionalidad, entre otras materias esenciales», añadió.
El Servicio ha realizado más de 50 fiscalizaciones presenciales y documentales desde el 2022 a la fecha, para poder verificar que las empresas cumplen con la Ley del Consumidor, con respecto a la materia de “seguridad y sistemas de vigilancia y trato digno”.
Además, Andrés Herrera expresó que la medida de exigir a los consumidores las boletas al salir del local, no sólo es “desproporcionada” y “poco profesional”, sino que a la vez implica “someter a los consumidores a situaciones de estrés, que además pueden dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias o actuaciones vejatorias”.