Detenida ilegalmente por agentes del Estado después del golpe de Estado en 1973, cuando apenas tenía 19 años, una mujer fue sometida a torturas y abusos que dejaron profundas cicatrices emocionales y físicas.
Años más tarde, buscando justicia y reparación, llevó su caso ante los tribunales, pidiendo ser compensada por el grave daño moral que sufrió.
Inicialmente, un tribunal en Santiago reconoció su sufrimiento y le otorgó una compensación de 100 millones de pesos. Sin embargo, esta decisión fue cambiada por la Corte de Apelaciones, que redujo la cantidad a 30 millones, argumentando razones que no fueron bien explicadas, dejando a esta mujer y sus defensores insatisfechos y buscando respuestas.
El 22 de abril de 2024, la Corte Suprema intervino para corregir lo que muchos vieron como una injusticia hacia hacía esta mujer.
Tras revisar el caso, la Corte decidió que la reducción de la compensación no estaba justificada adecuadamente y estableció un nuevo monto de 70 millones de pesos.
La Corte Suprema enfatizó que el daño que esta mujer había sufrido era real y profundo, y que el Estado debe ser responsable de los actos de sus agentes.