Rigoberto Marín, quien hasta noviembre trabajaba como defensor penal en Puerto Natales, enfrenta serias acusaciones de haber pedido dinero a cambio de ayudar de manera especial a las personas que defendía.
Entre agosto y septiembre del año pasado, se acusa que Marín solicitó entre $200.000 y hasta $2.000.000 a imputados que defendía prometiendo manejar sus casos con mayor dedicación a cambio de este pago.
El miércoles 24 de abril, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas tomó una decisión importante en este caso. Los jueces, María Isabel San Martín Morales, Marcos Kusanovic Antinopai y Caroline Turner González, decidieron de manera unánime que Marín Andrade debe seguir en prisión mientras esperan más investigaciones.
Esta decisión se basó en el peligro que podría representar su libertad para otras personas y la posibilidad de que intentara huir.
La Corte explicó que no hay nuevos detalles que hagan pensar que deberían cambiar su decisión de mantenerlo en prisión.
Todo lo que se discutió sobre si lo que se investiga en torno a Marín es realmente un caso de cohecho agravado (un delito serio por pedir sobornos) o no se deberá resolver en un juicio donde se presentarán todas las pruebas con las que se le acusa.
Por ahora, el ex funcionario deberá permanecer detenido, esperando que se celebre el juicio para determinar si es culpable de los delitos que se le imputan.