Política

Diario La Cuarta ironiza sobre episodio de violencia contra la mujer: «Hizo anticucho con la polola»

La portada de este lunes del diario La Cuarta encendió las críticas de las mujeres y las organizaciones feministas. En referencia a un episodio de violencia contra la mujer registrado en Arica, y que pudo costar la vida de la víctima, el medio informó en su portada que un individuo «hizo anticucho con su polola». La […]

anticuchoLa portada de este lunes del diario La Cuarta encendió las críticas de las mujeres y las organizaciones feministas. En referencia a un episodio de violencia contra la mujer registrado en Arica, y que pudo costar la vida de la víctima, el medio informó en su portada que un individuo «hizo anticucho con su polola».

La mujer fue atacada con un artículo parrillero por el hombre en cuestión, siendo trasladada hasta el Hospital Regional Juan Noé, donde se encuentra internada y fuera de peligro. Sin embargo, lo ocurrido no es motivo de humor si se consideran las altas cifras de violencia de género que, sólo durante el transcurso de 2015 en Chile, ha cobrado la vida de 40 mujeres hasta hoy.

Fiel a su estilo, La Cuarta generó nuevamente el rechazo de las organizaciones feministas al tratar con su estilo humorístico un asunto de alta complejidad considerando el machismo imperante en los medios de comunicación. Incluso, les aconsejaron a los periodistas leer la «Convención de Belem do Para«, que habla sobre el rol del periodismo a la hora de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

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Convivencia cívica frente a todas las violencias

Convivencia cívica frente a todas las violencias

Sabemos que a nadie le gusta que se incendie un paradero o un bus del Transantiago, pero tampoco que se acosen mujeres en la calle, que el bullying se desarrolle en los colegios, que el Estado viole los DDHH, ni que la pobreza abrume a miles de familias; todas situaciones violentas con causas multifactoriales y que debemos abordar sistemáticamente para frenar cada situación que esté a nuestro alcance.

Tras casi dos años de trabajo como Concejala por Santiago, he podido observar que la violencia en nuestra comuna se traduce en la absoluta falta de convivencia cívica en espacios públicos y resguardo por el respeto y buen trato de todos los actores. Actualmente nos encontramos frente a una crisis generalizada de la educación municipal en Santiago, que desde lo político tenemos mucho que analizar, proponer y resolver en conjunto.

El nivel de violencia que vivimos actualmente nos tiene sorprendidos y preocupados  como  ciudadanía y el diagnóstico es generalizado: “Esto debe parar”. ¿Pero a qué responde esta violencia desatada?, ¿Es una vía de escape para algunas y algunos?

Sabemos que a nadie le gusta que se incendie un paradero o un bus del Transantiago, pero tampoco que se acosen mujeres en la calle, que el bullying se desarrolle en los colegios, que el Estado viole los DDHH, ni que la pobreza abrume a miles de familias; todas situaciones violentas con causas multifactoriales y que debemos abordar sistemáticamente para frenar cada situación que esté a nuestro alcance.

También existen otras formas de violencia como la ejercida contra las mujeres, temática que lentamente se ha ido visibilizando, lamentablemente a través de los femicidios, que son la máxima expresión de este tipo de violencia. Sin embargo, reconocemos la existencia de un camino previo que se localiza en el trato machista que tiene la sociedad hacia las mujeres, y que tiene que ver con prácticas como la “cultura del piropo”, que trata a la mujer como objeto y que afortunadamente cada vez es más repudiable y ya existe conocimiento y aceptación de que es acoso, específicamente “Acoso Callejero”, del cual la mayoría de las mujeres hemos sido víctimas.

Por lo mismo es que se vuelve necesario implementar en Santiago una Ordenanza contra el Acoso Callejero, algo por lo que hemos trabajado durante meses, para que acosar a alguien no esté permitido y sea sancionado. Esto lo consideramos como un mínimo de justicia.

Finalmente, sabemos que no sólo las mujeres sufren acoso u hostigamiento, es por eso que creemos que la ordenanza debe proteger también a las personas con discapacidad, a las personas cualquiera sea su orientación sexual e identidad de género, su nacionalidad o pertenencia a algún pueblo originario; es decir que proteja en contra de todo tipo de acoso.

#NoMásViolencia

#MeHagoCargo

#FrenemosElAcosoCallejero

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Cuando un hombre está decidido a matar: Un 30% de los femicidios de este año han ocurrido en el espacio público

Cuando un hombre está decidido a matar: Un 30% de los femicidios de este año han ocurrido en el espacio público

La calle, vehículos, sitios eriazos y hasta una galería comercial en Concepción han sido escenarios de la expresión más radical de violencia hacia las mujeres este año. Pese a que la mayoría de los crímenes ocurren en el hogar, las cifras demuestran que no hay espacios seguros ni testigos que frenen a los femicidas cuando la institucionalidad falla en su deber de protegerlas.

Durante la tarde del pasado 11 de julio, Luis Gutiérrez (68) dio vueltas por horas rodeando la Galería Caracol de Concepción. En su interior se encuentra la peluquería en donde trabajaba Soraya Pamela Sepúlveda (28), su ex esposa, quien lo denunció en dos ocasiones por violencia intrafamiliar.

Gutiérrez tomó cuatro tazas de café en una conocida fuente de soda penquista cercana al lugar. «Andaba con un bolso, me pagó y se fue», relató más tarde una de las trabajadoras. Luego ingresó decidido a Bella Imagen, donde Soraya se encontraba desarrollando sus labores como esteticista. Antes de que la mujeres pudieran reaccionar, sacó su arma y le disparó a Sepúlveda cuatro veces, en la cabeza y el tórax, con una pistola Taurus 9 milímetros. También disparó en tres ocasiones contra la mujer que acompañaba a su ex pareja.

La joven recibió dos disparos y  su compañera de trabajo, Claudia Abello, de 39 años, sufrió una fractura en el brazo izquierdo y fue trasladada al Hospital Regional de Concepción producto de las balas. Luego, el femicida tomó el arma, se apuntó la cabeza y se suicidó en la misma peluquería. Una tercera mujer presente en el lugar tuvo que recibir ayuda debido al shock que le provocó lo que acababa de presenciar.

Luis Gutiérrez, femicida de Soraya Pamela Sepúlveda.

«El Viejo», como le llamaban Soraya y sus amigas, había cumplido sus amenazas. Ambos se habían casado en abril de 2015, pero ella se separó antes de un año, debido a la violencia y a los malos tratos de Gutiérrez. En enero de 2016 lo denunció por primera vez y luego volvió a acusarlo en noviembre del mismo año, tras una serie de amenazas y persecuciones que eran conocidas por todo su entorno. Hasta el alcalde de Penco, la ciudad donde Soraya residía esperando construir su casa en el terreno de sus padres, estaba enterado de la situación de la joven, quien también le había pedido ayuda.

Sepúlveda recibía asistencia jurídica en el Centro de la Mujer de Penco y también contaba con medidas cautelares que prohibían que su agresor se acercara. La audiencia de formalización de Luis Gutiérrez ocurriría el 13 julio, dos días después de haber concretado el femicidio de Soraya ante sus compañeras, las que siempre supieron e intentaron ayudarla ante la violencia que la rodeaba.

A diferencia del imaginario que durante años ha analizado la expresión más radical de la violencia machista contra las mujeres como algo propio del espacio privado y la intimidad, del total de 47 femicidios contabilizados este año por la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres a la fecha, al menos 15 han ocurrido en el espacio público: en las calles, en sitios eriazos, a bordo de automóviles o en las afueras de un recinto asistencial, lo que equivale al 31,9% de los casos.

Manifestación de mujeres contra la violencia en la galería donde fue asesinada Soraya.

Ningún espacio seguro

Tras dar el abrazo de año nuevo, Damaris Angélica Coronado (33) caminaba por la calles de la villa Las Compañías de La Serena junto a su hermana Cesia, rumbo a casa. De pronto, un hombre las abordó para intentar agredirlas sexualmente.

En plena calle, la joven se defendió golpeando al sujeto y él le respondió con otro golpe. Segundos más tarde, Damaris levantó una botella y lo derribó en el suelo. Ambas huyeron rápidamente en dirección a su casa, a pocas cuadras, pero antes de llegar, Cesia vio cómo el sujeto las apuntaba con una escopeta. Todo ocurrió muy rápido: «Le grité a mi hermana y ella ni siquiera alcanzó a voltearse cuando le disparó», contó. Una de las balas le dio a Damaris en su pierna y otra en el tórax. La herida le causó la muerte en el lugar.

«No alcanzó a despedirse, o a decirme cuida a mi hijo, nada», contó su hermana. Tras cinco meses de investigación, fue ubicado su asesino: José Miguel Pereda Pérez, de 31 años, quien fue formalizado por homicidio, por no tener una relación sentimental o de convivencia con la mujer.

Apenas una semana después, Lucía del Carmen Parra (50) fue asesinada a bordo de un taxi en La Pintana. José Mariano Mendoza, quien trabajaba a bordo del vehículo de Lucía, le había disparado en la cabeza antes de suicidarse y dejar una carta explicando la relación amorosa entre ambos.

Damaris Coronado (33), asesinada por José Miguel Pereda de un escopetazo en la calle.

El mismo día, Marisol López Jorquera, de 29 años, fue encontrada apuñalada y con su cuerpo semidesnudo en un sitio eriazo de San Vicente Tagua Tagua. Su rostro había sido destruido por un golpe con un objeto contundente. El caso permaneció sin culpables y recién en julio, varios meses después, su agresor confesó: era amigo de Marisol y ambos sostenían relaciones sexuales periódicamente. Ese día, la joven le contó que estaba embarazada y él decidió asesinarla.

Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres recuerda que los femicidios no solo son cometidos por las parejas de las mujeres. «Cerca del 30% de los femicidios que se cometen por año obedecen a esta situación: a que un desconocido asesine a una mujer», precisa. A su juicio, «lo fuerte y lo crudo de esto es que si bien la mayoría de estos crímenes se comete dentro del hogar, cuando un hombre está decidido a matar a una mujer, la mata en el espacio que sea».

Como lo demuestra el caso de Damaris Coronado, ni siquiera los entornos cercanos al hogar parecen un lugar seguro para las mujeres. El 28 de abril pasado, el cuerpo de Jennifer Rojas Rojas (37) fue encontrado ensangrentado y semidesnudo en un sitio eriazo cercano a la cancha del club Los Santos, a pocas cuadras de su casa, donde vivía junto a sus tres hijos y a su marido.

La autopsia determinó que Jennifer murió producto de una fractura craneal y de un trauma facial. Su agresor la golpeó con un ladrillo en la cabeza y el rostro y en su cuerpo se encontraron marcas de violación.

Los casos de mujeres asesinadas en el espacio público durante 2018 arrojan diversos factores comunes: uno es la presencia del delito de agresión sexual o violación en gran parte de los crímenes. Otro es el suicidio posterior del agresor, ante la flagrancia del delito.

«Ningún espacio hoy día se convierte en seguro para nosotras, ni el lugar donde vivimos ni la calle», recalca Lorena Astudillo, recordando que estos hechos ocurren incluso en un espacio donde las mujeres no están solas y están siendo vistas por otras personas.

Por ello, cuestiona que «hemos visto cómo carabineros usa sus cámaras para seguir en línea a los ladrones por recuperar un teléfono celular. ¿Qué pasa con las mujeres que están en la calle y que son asesinadas, que lo más probable es que el tipo las venga siguiendo, que no es un hecho que sea aislado y es inadvertido?».

A mediados de junio, Dayanara Martínez, de 19 años, fue asesinada de un disparo en la vía pública de la ciudad de Puerto Montt. Encontraron su cuerpo con dos tiros en la cabeza, en las afueras del Mall Paseo Costanera: su pololo Alexander Riffo Cárcamo, de 24 años, es el único imputado por el hecho. Minutos antes, una persona que circulaba por el lugar alertó a Carabineros que el sujeto amenazaba a la joven con un arma apuntando a su cabeza. Sin embargo, cuando la policía llegó, Dayanara ya estaba muerta.

«Ambos eran súper unidos, andaban junto a todas partes, incluso se tatuaron los dos sus nombres, y tenían planes de casarse», relató la madre del femicida, mientras que él mismo negó haber asesinado a su polola: «Le di vuelta con la mano, le mostré el arma y se me escapó un tiro», señaló.

Jeremy Riffo, quien disparó en dos ocasiones contra Dayanara en las afueras del Mall Paseo Costanera.

«Piden que les ayuden a proteger su vida y les devuelven una hoja»

La diputada Loreto Carvajal, quien preside la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género de la Cámara, asegura que es necesario poner atención a las altas cifras de femicidios frustrados, que en las cifras oficiales del Ministerio -al 19 de noviembre de este año- suman 103 casos, además de los 34 femicidios consumados bajo la tipificación de la ley.

«Esto es lo que lleva a que como Comisión de la Mujer y Equidad de Género hemos dado prioridad y hayamos impulsado la ampliación de la figura y de la tipificación del delito de femicidio», explica. La propuesta se materializa la Ley Gabriela -denominada así tras el femicidio de Gabriela Alcaíno (17) y de su madre Carolina Donoso (53) en manos de su ex pololo-, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso.

Tras un análisis de las normas en la materia a nivel mundial y latinoamericano, las parlamentarias concluyeron que la ley chilena en materia de violencia contra las mujeres está «muy muy al debe». Carvajal recalca que entender el femicidio dentro de un marco generado a propósito de la conviviencia intrafamiliar o solo cuando el agresor es su cónyuge o conviviente «hace muy ineficaz el tratamiento, la persecución del delito y la sentencia».

Ante un marco jurídico insuficiente, la parlamentaria PPD acusa que esperan que la propuesta avance rápido en su tramitación y se pueda ampliar cuando antes la tipificación de femicidio.

«Es evidente que una mujer en un espacio público, en el trabajo o en la calle, está absolutamente indefensa frente a un agresor que no solo tiene una actitud violenta, sino que también asesina», recalca.

El 12 de julio pasado, el femicida Juan Carlos Peña, de 54 años, esperó a su ex pareja en las afueras del Cesfam de Calle Larga, cuando Gertudris Martínez (50) acudía a un control médico. Sin resignarse a la separación, la apuñaló en 11 ocasiones en las afueras del recinto médico. Ensangrentada, Gertrudis ingresó a pedir ayuda mientras Peña intentaba suicidarse en la misma calle.

Con un mes de anticipación, el agresor anunció que asesinaría a su pareja de nacionalidad colombiana, quien también lo había denunciado por violencia. Ambos estaban en tratamiento con una psicóloga y asistieron pocos días antes del femicidio. Durante semanas, Peña publicó en su Facebook mensajes como «El fin se nos acerca a ambos», «Me pide que la mate» o «Rarimo Sidurteg» (anagrama de Morirá Gertrudis). También hizo una advertencia explícita: «Si insistes, lo haré, ya pedí ayuda a la fiscalía, PDI, carabineros, nadie me encerró. Y lo pedí», escribió.

Uno de los mensajes que Carlos Alexis Peña publicó en su Facebook antes de concretar el femicidio.

El escenario evidencia una acción judicial ineficiente: al menos el 45% de las víctimas de femicidios frustrados, consumados y tentados había denunciado a su agresor. A juicio de Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena, «es difícil entender por qué, si una mujer está dispuesta a acudir a la institucionalidad a pedir ayuda, esta no responde».

A la vez, recalca que «las campañas siempre son tendientes a hacer la denuncia y pareciera que hacerla va a frenar lo que está pasando. La violencia contra las mujeres está latente, no solo cuando ocurre el hecho: además de la denuncia se tienen que establecer redes de apoyo y la sociedad completa debe colaborar con esto. Hay que ser responsables con las mujeres a las que se les dice que haciendo la denuncia se soluciona el problema«.

Astudillo insisten en que las mujeres «piden que les ayuden a proteger su vida y les devuelven una hoja que dice que el tipo no se puede acercar a 200 metros, porque si se acerca, ella misma que fue a pedir ayuda, tiene que llamar».

Carvajal, por su parte, asegura que las medidas de protección que adoptan los tribunales «muchas veces son tardías, muchas veces son criterios solo del magistrado, no se le pregunta a la víctima cuáles son las medidas que ellos deberían priorizar, que sería un gran avance».

Tras una recolección de datos, la parlamentaria concluyó que hay una baja concreción por parte de Carabineros respecto a las medidas de protección en comunas más pequeñas: «Van a la casa del agresor, no está, esperan unos dos meses para decirle al tribunal que no está y luego hay una lentitud y una gestión policial que debe cambiar», recalca.

La diputada a cargo de la Comisión de Género aseguran que han realizado una serie de propuestas basadas en la prevención de los femicidios, pero no ha habido voluntad política para tramitar las iniciativas. Y acusa que el presupuesto de 2019 destina apenas un aumento del 0,1% al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pese a este escenario: «Nos deja un sabor amargo y las cifras así lo prueban».

Por su parte, desde la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres -organización que ha trabajado durante años estos temas- Lorena Astudillo recalca la necesidad de pensar en «una legislación integral que reconozca la violencia hacia las mujeres. Se siguen parcializando las manifestaciones de violencia, como si fueran hechos aislados: esto lo cometió el pololo, esto lo cometió el marido. El problema es estructural y es un continuo, así tenemos que entenderlo y así tenemos que empezar a abordarlo».

Te recordamos que si eres víctima de violencia, o conoces a alguna víctima y quieres informarte sobre qué hacer, llama al Fono Ayuda y Orientación 800 104 008. La línea anónima atiende todos los días, las 24 horas. Gratuito también desde celulares. Además, acá puedes ver una guía sobre cómo y dónde realizar una denuncia,

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«Hay mucha retractación»: Fiscal culpa a mujeres por bajas condenas en casos de violencia intrafamiliar

«Hay mucha retractación»: Fiscal culpa a mujeres por bajas condenas en casos de violencia intrafamiliar

El director de la Unidad Especializada de Violencia de Género de la Fiscalía Nacional aseguró que la baja tasa de condenas en causas por víctimas de violencia intrafamiliar se debe a que hay mucha retractación: «Una de cada dos mujeres en general se desiste o retracta», apuntó.

Entre 2016 y el primer semestre de 2018, solo una de 10 causas por violencia intrafamiliar (VIF) terminó en una sentencia definitiva condenatoria. Según los registros de la Fiscalía Nacional, cerca del 80% de las víctimas son mujeres.

Solo este año, del total de 76.941 causas terminadas por este delito, solo 6.658 acabaron con una sanción penal, lo que representa apenas un 8,6%. La estadística tampoco tuvo grandes variaciones en los años 2017 (8,7%) y 2016 (8,7%), según consignó El Mercurio.

Además, el 90% del resto de las denuncias acaba por salidas judiciales o no judiciales. En el primer caso, abundan las suspensiones condicionales del procedimiento, con un 16% de los casos, lo que equivale a cerca de 12 mil causas.

En el reportaje de El Mercurio, el director de la Unidad Especializada de Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, aseguró que la alta retractación de las víctimas de violencia intrafamiliar explica la baja tasa en las condenas.

«La cifra se debe a la fenomenología de estos casos, donde hay mucha retractación. La suspensión aparece como una salida intermedia, es un acuerdo que permite tener una condición de no acercarse, como medida de protección, por ejemplo, y algún tratamiento de impulso del imputado, entre otras medidas», sostuvo, recalcando que «una de cada dos mujeres en general se desiste o retracta».

En este escenario, el fiscal culpó a las víctimas de violencia del temor y la burocracia que implica estampar una denuncia ante la justicia. El reportaje de El Mercurio agrega que también existen otros factores para explicar el desistimiento, como la dependencia emocional y económica.

Por su parte, la psicóloga de la Fundación Soymás, Teresita Eguiguren, sostuvo que es «el miedo y lo engorroso y largo que puede resultar para la víctima el trámite de presentar una denuncia por violencia intrafamiliar, una de las principales razones por las que desisten durante el proceso». Además, recordó que al agresor lo beneficia que el proceso sea burocrático, pues tiene más tiempo para influenciar y convencer a su víctima.

Las salidas no judiciales equivalen a cerca de 22 mil causas. Más abajo, con un 9,7% se encuentra la decisión de no perseverar con la investigación, un porcentaje que indica más de 7 mil casos.

Al respecto, los dichos del fiscal jefe de Alta Complejidad Metropolitana Occidente, Pablo Sabaj, volvieron a apuntar a las víctimas de violencia machista: «Es algo que ocurre puertas adentro; por lo tanto, es difícil encontrar testigos. Si las personas no perseveran en sus denuncias, no hay cómo acreditarlo».

Además, sostuvo que «a veces hay una denuncia por amenazas o lesiones, y cuando llegamos a un juicio simplificado, hay ocasiones en que la víctima no quiere seguir con el caso, o ya se reconciliaron (con el agresor)».

Por último, el femicidio consumado es el delito que registra la más alta tasa de sentencias condenatorias: siempre van a juicios y con penas de cumplimiento efectivo, con un mínimo de 15 años y un día de cárcel. Sin embargo, en la mitad de los casos, el imputado decide suicidarse.

Entre enero y junio de este año han ingresado 65 denuncias, que incluyen femicidios consumados, frustrados y tentativos. En estos casos, 39 causas fueron terminadas y cerca del 60% (22) acabó con sentencia condenatoria. No pasa lo mismo a la hora de revisar otras expresiones de violencia: por ejemplo, el Ministerio Público logró apenas un 10,03% de condenas en casos de lesiones, mientras que alcanzó un 6,2% en caso de amenazas y solo un 1,2% tras denuncias de maltrato habitual.

Te recordamos que si eres víctima de violencia, o conoces a alguna víctima y quieres informarte sobre qué hacer, llama al Fono Ayuda y Orientación 800 104 008. La línea anónima atiende todos los días, las 24 horas. Gratuito también desde celulares. Además, acá puedes ver una guía sobre cómo y dónde realizar una denuncia.

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Casi un tercio de las víctimas de femicidio de este año había denunciado: Solo una tenía medidas de protección de vigentes

Casi un tercio de las víctimas de femicidio de este año había denunciado: Solo una tenía medidas de protección de vigentes

Al menos ocho mujeres que han sido asesinadas este año por parejas o convivientes habían denunciado previamente la violencia que vivían y solo una contaba con medidas de protección. Rosa Martínez (58) denunció a su pareja en enero y fue asesinada nueve meses después.

A fines de enero pasado, Rosa Martínez declaró ante la fiscal Erika Maira acerca de la violencia psicológica reiterada de su pareja. Sin embargo, la persecutora, que hoy es jefa de atención a las víctimas de la Fiscalía Nacional, desestimó que los hechos constituyeran un maltrato habitual y descartó iniciar una investigación. Nueve meses después Rosa fue asesinada por su pareja.

Del registro oficial de 28 víctimas de femicidio en el transcurso del año, según los registros del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al menos ocho habían denunciado antes situaciones de violencia intrafamiliar. Además, del total, solo una contaba con medidas de protección vigente y tres de ellas estaban en los programas del gobierno para ayudar a las mujeres. A la vez, en 10 casos el agresor se suicidó luego de cometer el crimen.

Según los datos analizados por La Tercera, María José Hurtado (33), fue la mujer que más denuncias presentó previo a su asesinato. El pasado 27 de mayo, fue encontrada muerta con un golpe en la cara y en avanzado estado de descomposición. María José tenía cuatro hijos y su femicida también se suicidó tras asesinarla.

La mujer registraba ocho denuncias por violencia intrafamiliar, en diversas comisarías y en distintos momentos del año, pero de forma constante. Sin embargo, no tenía medidas cautelares de protección ni atención del Sernameg al momento de su muerte.

Al respecto, la ministra Isabel Plá señaló que «lo único que nosotros hemos visto de todas las instituciones, especialmente de la fiscalía, del Poder Judicial y de la policía, es preocupación y son bien comprometidos, ponen lo mejor de ellos”. Señaló que “el máximo responsable de la muerte de una mujer víctima de femicidio es el femicida. Nunca podemos perder el foco de quién es el verdadero criminal».

En este escenario, Plá subrayó que siempre es mejor que una mujer denuncie a que se mantenga en silencio y recordó que «de las mujeres que son víctimas de violencia, menos del 30% había denunciado a Carabineros, a la PDI o a la fiscalía, y solo tres habían recurrido a un centro de la mujer. Necesitamos que las mujeres confíen en la institución».

En tanto, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, recalcó que esta situación pone en evidencia las falencias del Estado al cumplir sus obligaciones de prevención y protección a las víctimas. Maturana señaló que se evidencia «en la ausencia de un mecanismo estatal a cargo del seguimiento y evaluación de las medidas de protección que se decretan para la seguridad de las mujeres».

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