Política

Ley del royalty bajo la lupa: El beneficio para las transnacionales en cifras

Ley del royalty bajo la lupa: El beneficio para las transnacionales en cifras

El economista de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga denuncia el beneficio directo a las mineras transnacionales que significó la hoy cuestionada ley del royalty minero del gobierno de Piñera.

La ley del royalty minero ha estado en la palestra pública debido al escándalo generado por el intercambio de correos entre Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y Pablo Longueira, senador de la UDI mientras se tramitó la polémica iniciativa. Contesse envió al hoy renunciado militante UDI un artículo que le permite a SQM acceder al beneficio de invariabilidad tributaria. Dicho artículo ingresó al Congreso tal cual como se lo enviaron a Longueira.

Esta jornada, el fiscal a cargo del caso SQM Pablo Gómez le pidió al Congreso todos los antecedentes respecto al trámite de dicha ley para estudiar la posibilidad de cohecho en el actuar del entonces senador Longueira.

La ley del royalty -que fue defendida por el ex presidente de Piñera- fue publicada en el año 2010 con el fin de recaudar dinero para afrontar la reconstrucción del terremoto de febrero de 2010. Para lograr que las empresas mineras aceptaran la modificación, el gobierno les dio una mano a las transacionales:

El proyecto pretendía aumentar el royalty en los años 2001 y 2012, que registrarían 700 millones de dólares extras para el Estado. Claro que uno de los conflictos fue que las empresas mineras contaban con la invariabilidad tributaria entregada por la ley 20.026, aprobada durante el gobierno de Ricardo Lagos, que no permitía el aumento de impuestos a las empresas que estaban sometidas a este requerimiento.

El presidente de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga explica en una columna publicada en Radio Universidad de Chile  que Piñera, para lograr que las empresas mineras aceptaran la modificación,  le tendió una mano a las transnacionales: El incremento tributario se daría solo si las empresas lo aceptaban voluntariamente, por lo que el entonces presiente propuso prorrogar en 8 años el beneficio de invariabilidad tributaria.

Entonces, la promesa de 700 millones extra solo se explica por el ahorro de 2500 millones de dólares anuales al que accedieron producto de la extensión de la invariabilidad. Alcayaga lo explica así: la actual invariabilidad termina en 2017. Es decir, desde 2018, las mineras deberían pagar el 10% de sus ventas, que en promedio para las mineras privadas alcanza los 2 mil 500 millones de dólares anuales.

Piñera, en su defensa reciente de la ley del royalty aprobada durante su gobierno, aseguró que esta «aportó más US$3.200 millones al país, para destinarlos al esfuerzo de la reconstrucción en el período 2010-2013».

Para Alcayaga, esto es mentira.

Cochilco, en su anuario de 2014, entrega la recaudación de las 10 mineras privadas más grandes, desde 2006 hasta 2014. La información es así (en millones de dólares):

2006- 676
2007- 622
2008- 415
2009- 284
2010- 792
2011- 643
2012- 442
2013- 356
2014- 309

Alcayaga dice que para entender estos datos, hay que tener en cuenta que -salvo el 2009- el precio del cobre ha sido siempre superior al del año 2006, cuando era de 3 dólares. Por lo que, en teoría, el royalty debió haber sido superior al 2006 en todos los años menos en 2009. Pero la realidad es distinta: en 2011, con precio de 4 dólares, el royalty debió haber sido un tercio superior al de 2006. Es decir, de US$900 millones, no de US$643, como lo fue.

Además, no se cumplió la promesa de los 700 millones de dólares extras que recaudaría la ley en 2011-2012.

«Las cifras lo acreditan. Es evidente que el objetivo del royalty de Piñera no fue aportar más recursos a la reconstrucción, sino prolongar desde el 2017 hasta el año 2025 la invariabilidad tributaria de las mineras, y evitar que el año 2017, en plenas elecciones presidenciales, se discutiera una nueva ley que recondujera la invariabilidad tributaria. Por eso las mineras renunciaron a la invariabilidad tributaria el año 2010, para la nueva invariabilidad se discutiera el 2010 y no el año 2017. Esa fue la gran jugada de las transnacionales mineras», dice Alcayaga.

 

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TLC Chile-Brasil: Otro tratado en secreto para favorecer a las transnacionales

TLC Chile-Brasil: Otro tratado en secreto para favorecer a las transnacionales

En total secretismo, los gobiernos de Chile y Brasil han avanzado durante este año en una negociación para la firma de un tratado de libre comercio. Asombra la rapidez con que avanzaron las conversaciones y la total ausencia de las dirigencias políticas, de la ciudadanía organizada y de la opinión pública de nuestros países en la discusión.

-La situación actual de ambos países es muy distinta, pero probablemente empezará a converger. Mientras Brasil ha tenido una política sostenida de fortalecimiento de la industria interna y un rol fuerte del Estado en la sociedad, Chile es uno de los países más abiertos del mundo a la inversión extranjera, sobre la base de un Estado subsidiario. La firma de este tratado y las declaraciones del entorno del presidente electo, Jair Bolsonaro, hacen prever que se quiere transitar al extremo del modelo neoliberal chileno.

-Aunque nadie conoce el texto, salvo los equipos negociadores que no responden a ninguna tutela política, podemos señalar de antemano que este tratado será calcado al TLC entre Chile y Argentina, el que a su vez es muy parecido al TLC entre Chile y Uruguay. Estos tres pasos sucesivos forman parte de la llamada eufemísticamente “convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico”, pero que en realidad es la desaparición del primer bloque y la incorporación de sus países a la lógica desregulatoria y protectora de la inversión del segundo bloque.

-Esto supone, en primer lugar, que se presenta a los tratados como “modernizaciones” de las políticas públicas, pero solo para aumentar garantías al inversor.

-En segundo lugar, se incorporan capítulos de género, pymes, desarrollo y laboral, pero estos cuatro capítulos no tienen ningún contenido vinculante, por lo que podemos adelantar que serán cáscaras vacías.

-En tercer lugar y en cambio, estos tratados sí contienen los nuevos temas regulatorios que atacan la capacidad de los Estados para regular, a través del mecanismo de «buenas prácticas regulatorias». Esto es impulsado por la OCDE e implica una intervención en el propio proceso de toma de decisiones de los Estados, ya que avala la participación de las empresas y de otros Estados en futuras decisiones sobre derechos (humanos, medioambientales, laborales), ya que podrían ser identificadas como atentatorias contra el inversor.

-Los tratados de libre comercio tienen como principal consecuencia la reducción de la soberanía política de los pueblos y mejores condiciones para el capital trasnacional. No queremos que ésa sea la forma de la supuesta unión entre Brasil y Chile, puesto que de esta forma solo perderán los pueblos. Nos oponemos tajantemente.

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Habla dirigenta sindical de Codelco amenazada de muerte tras denunciar a la minera estatal por impago y discriminación de género

Habla dirigenta sindical de Codelco amenazada de muerte tras denunciar a la minera estatal por impago y discriminación de género

La compañía hace cinco meses que tiene a Carolina Zumarán sin sueldo y sin reconocer el cargo de vicepresidenta que la trabajadora ostenta en la Federación de Supervisores del Cobre (FESUC). La sindicalista entrega su testimonio a El Desconcierto sobre la situación de discriminación que enfrenta, las intimidaciones hacia ella y su familia y las dificultades de ser mujer y representante sindical del rubro minero.

“Si su hija no detiene la campaña en redes sociales y en la prensa, vamos a matarla a ella y a su nieto”. Pasaban unos minutos de las 6 de la tarde cuando una voz anónima lanzó la amenaza por teléfono a la señora Robles. Quien hablaba conocía a la perfección detalles de la vida de su hija y de sus tres nietos: el colegio en el que estudian, enfermedades que padecen y horarios de actividades. La mujer avisó rápidamente la madre de los chicos, Carolina Zumarán Robles, y con la ayuda de una vecina llamó a Carabineros para que tomaran constancia de las inesperadas intimidaciones.

Carolina Zumarán es dirigenta sindical en Codelco. Arraigada en Calama, trabaja desde hace nueve años en la minera estatal como asistente de Sustentabilidad.  En 2012 fundó el Sindicato de trabajadores profesionales y administrativos de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco Chile y asumió un cargo directivo que en 2014 le permitió ser elegida como consejera regional de la Federación de Supervisores del Cobre (FESUC).  El pasado 9 de junio, en la nueva convocatoria electoral de la Federación, fue elegida como vicepresidenta del organismo. La elección no es menor ya que por primera vez una mujer ocupa el segundo cargo dentro de la FESUC. Semanas después, a finales de junio, se celebraron elecciones en su sindicato de base, el que ella misma creó hace seis años, pero en esta ocasión perdió la contienda. Desde entonces, la empresa desconoció su representación como dirigente sindical y abrió un litigio con la compañía.

“A finales julio recibí una carta de Codelco en la cual me indicaban que por cada día no trabajado era un día no pagado y además me informaron que podían iniciar acciones legales en mi contra”, explica a El Desconcierto Carolina Zumarán, que desde julio tiene su liquidación mensual en cero. Dice que nadie de Recursos Humanos (RR.HH.) la informó, ni recibió el apoyo de su sindicato de base ni tampoco ha recibido información alguna de parte de la empresa.

Carolina Zumarán

Antes de eso, la mujer fue convocada por la empresa a una reunión en la que se le entregaron nuevas funciones en su lugar de trabajo. “Estoy contratada para hacer A y ellos querían que hiciera B y C. Les indiqué que yo cumpliría con lo que establece mi contrato de trabajo, que dice A, pero no llegamos a ningún acuerdo”. Tras dejar constancia en la Dirección del Trabajo, la mujer siguió desempeñando sus tareas sindicales en un horario liberado, un derecho sindical que empezó a ejercer desde que entró a ser parte directiva de la FESUC y que es parte de un acuerdo tácito entre los sindicatos y la cuprífera. “Todos los dirigentes de Codelco están liberados de su trabajo, todos, sin excepción alguna. A mí, en cambio, me querían cambiar el cargo, los turnos e impedirme desarrollar mi cargo como vicepresidenta de la FESUC”, lamenta.

Carolina critica que Codelco no reconoce su calidad de dirigente de la FESUC: “Cuando perdí las elecciones del sindicato yo ya era vicepresidenta de la Federación, tengo el cargo y el foro por 4 años. Perder el cargo en sindicato base no hace que automáticamente pierda el cargo en la Federación”, sostiene.

De hecho, el artículo 274 del Código Laboral establece en su art. 274 que “todos los miembros del directorio de una federación o confederación mantendrán el fuero laboral por el que están amparados al momento de su elección en ella por todo el período que dure su mandato y hasta seis meses después de expirado el mismo, aun cuando no conserven su calidad de dirigentes sindicales de base”.

La sindicalista denuncia que su situación está vinculado a un caso de discriminación de género: “En la historia de la FESUC varios colegas hombres han perdido la calidad de dirigente de base pero han mantenido la calidad de dirigente de federación y jamás les ha cortado la remuneración”, lamenta, y añade que Codelco está vulnerando sus Políticas Corporativas de Diversidad de Género, suscrita en junio de 2017 precisamente por la responsable de Recursos Humanos, Angélica Jofré, a quien Carolina señala como una de las máximas responsables de su situación. Lo contradictorio, para ella, es que la única mujer gerente de RR.HH. en la corporación toma la decisión en contra de otra mujer dirigente sindical.

politica corporativa genero codelco

Por eso, el pasado 6 de noviembre la FESUC, que representa a unos 3.000 trabajadores de Codelco, presentó ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago una demanda por incumplimiento de contrato e impago de horas de trabajo sindical, y por discriminación contra la empresa estatal. 

El Desconcierto ha contactado en reiteradas ocasiones con Anélica Jofré, entre martes y este miércoles, para contrastar la versión entregada por Zumarán. Sin embargo, la gerente de RR.HH. sólo atendió la primera llamada excusándose de no poder responder al momento y nunca más contestó el teléfono.

Amedrentar a sindicalistas

En medio de la pelea judicial en contra de Codelco, es cuando la madre de Carolina Zumarán recibe las amenazas por teléfono en contra de su hija y de su nieto mayor. Carolina tiene sospechas, pero no puede demostrarlo: «Estoy convencida que ha sido la empresa, pero no tengo evidencias», afirma con rotundidad. Por ahora, presentó una denuncia ante la Fiscalía y está estudiando querellarse contra quienes resulten responsables de las intimidaciones y evalúa otras demandas en contra de Codelco. También piensa en llevarse a sus hijos un tiempo fuera de Calama.

«Me siento violentada, vulnerada, amedrentada y discriminada. Son varias emociones juntas, pero estoy dispuesta a dar la pelea porque no soy la única mujer a quien le pasa», explica. Reconoce que le costó mucho decidirse a denunciar, pero ahora está dispuesta a llegar hasta el final de esta historia. «No me van a amedrentar y no van a conseguir que baje los brazos, independientemente de los mecanismos que ellos usen para esto», manifiesta.

Carolina Zumarán

Las amenazas de muerte en contra de Carolina Zumarán y su hijo no son un caso aislado. En los últimos meses, varios dirigentes sindicales han sufrido amonestaciones y amedrentamientos. En agosto la presidenta del sindicato de Profesionales y Analistas de división Gabriela Mistral, Ana Catalán, fue amenazada de muerte e insultada. También el secretario del sindicato Nº3 División Chuquicamata, Miguel Véliz, sufrió un ataque contra su vehículo personal estacionado al interior de su domicilio.

Zumarán admite que ser mujer y dirigente sindical del rubro de la minería es una experiencia «dura» porque «cuesta bastante entrar y mantenerse». Mujeres como ella se desempeñan en universos aún muy marcados por los códigos, las formas y los tiempos definidos por hombres. Dice que es un mundo de «egos», en el que «los hombres tienden a minimizar, a creer que las mujeres no tenemos capacidad, que hay que ser choro, y que nosotras somos más débiles». En estos espacios las mujeres se convierten en un frente más de lucha dentro de la organización, aunque a menudo las reivindicaciones de género quedan invisibilizadas o minorizadas por las propias dinámicas patriarcales que la mayoría de las entidades siguen arrastrando. Cuenta que en este tiempo no se ha salvado de «discriminaciones, insultos y agresiones verbales», pero está convencida de que «no podemos ceder estos espacios», y que las mujeres tienen que estar presente: «Si no, el patriarcado va a seguir gobernándonos», concluye.

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Termoeléctrica Campiche: El Estado engaña a la ciudadanía

Termoeléctrica Campiche: El Estado engaña a la ciudadanía

Las marionetas chilensis resolvieron que para cumplir con tal indecorosa tarea el Minvu, siempre solícito a los requerimientos de los poderosos, debía modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que aconteció, vía alegre decreto supremo, el 31 de diciembre de 2009, mientras todos celebrábamos la llegada del nuevo año. Así, con esa movida, posteriormente en agosto de 2010, se logró el permiso municipal y se iniciaron las obras de esa central a carbón.

En el programa de Informe Especial de TVN del reciente martes 30 de octubre en la noche se dio cuenta de lo que sucede con la contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví, Región de Valparaíso, dejándose en evidencia la burlesca trampa, detectada por la Contraloría General de la República, que hizo el Ministerio de Medio Ambiente del segundo gobierno de Bachelet con el Plan de Descontaminación para esa zona saturada. Quienes ejercían el mando en ese ministerio, para favorecer a las empresas allí instaladas, se las arreglaron retozando las cifras de las emisiones tóxicas para que ese Plan no redujera ni un ápice de las mismas.

En ese programa se le dio mucha cobertura noticiosa a la información detectada hace años por Wikileaks y replicada en Chile por el medio de investigación periodística Ciper, en orden a que hubo gestiones internacionales para posibilitar, con malévolas prácticas, la instalación de la termoeléctrica Central Campiche de la empresa norteamericana AES Gener en un predio área verde que, según el ordenamiento territorial respectivo, no admitía el emplazamiento de esa industria.

Dicha empresa extranjera, para abaratar costos, decidió localizar su planta en un terreno que, por sus restricciones de uso de suelo, no se transa en el mercado y aprovechando el desorden de la institucionalidad logró obtener un permiso ambiental en el año 2008 por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso. Tal proyecto de generación termoeléctrica consideró una inversión de US$ 500 millones y aporta 270 MW al sistema interconectado.

Tanto la Contraloría General de la República como la Corte Suprema, acogiendo las denuncias de los vecinos afectados, liderados por el Consejo Ecológico de Puchuncaví, resolvieron que por la razón antes indicada el proyecto era contrario a derecho, por lo tanto anulando la feble aprobación de esa Corema porteña.

Paul Simons, en aquella época embajador de EEUU y el gerente de AES Gener, se relacionaron con unos cuantos ministros y funcionarios de Bachelet, verdaderos títeres, quienes urdieron las fórmulas para que el Estado pasara por alto el dictamen de la Contraloría y el fallo de la Corte Suprema. Simons se movió astutamente buscando que La Moneda consintiera en cambiar las reglas del juego urbanístico para que esa industria se instalara en el lugar no apto elegido por ella.

Las marionetas chilensis resolvieron que para cumplir con tal indecorosa tarea el Minvu, siempre solícito a los requerimientos de los poderosos, debía modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que aconteció, vía alegre decreto supremo, el 31 de diciembre de 2009, mientras todos celebrábamos la llegada del nuevo año. Así, con esa movida, posteriormente en agosto de 2010, se logró el permiso municipal y se iniciaron las obras de esa central a carbón.

Como un hecho anecdótico y hasta pueril, el presidente de AES Gener, Andrés Gluski, en un arrebato de chifladura, después de reunirse con el embajador Simons, antes que se produjera este traje a la medida del solicitante, expresó que la sentencia del máximo tribunal del país era “una señal activista al gobierno”, frase insolente que le repetimos al actual presidente de la Corte Suprema, con motivo de nuestra visita de cortesía que le hicimos el pasado martes 30 de octubre en la mañana.

En vista de aquello, ya como otro hecho impúdico consumado, la fundación Defendamos la Ciudad, con otras organizaciones de la sociedad civil informada, acusaron formalmente ante Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con copia al presidente Sebastián Piñera, copia al contralor general Ramiro Mendoza y copia al presidente de la Corte Suprema Milton Juica, este incorrecto comportamiento de los gobiernos de EEUU, como un mandón y de Chile, como un simple mancebo, ya que las reglas de esa institución internacional exigen que en los países que la integran se observen los más altos estándares en probidad pública. Entre otras cosas, se le informó a la OCDE que el lobby y la presión diplomática internacional perturban sus propias reglas pues las inversiones extranjeras tienen que respetar las legalidades vigentes en los países receptores.

En noviembre de 2011, primer gobierno de Piñera, le dirigimos una carta al canciller Alfredo Moreno, hoy ministro de Desarrollo Social, debido a que la OCDE nos respondió el 14 de abril de 2011, expresándonos que esta delicada materia se había trasladado al gobierno de Chile para que sus nuevas autoridades adoptaran las medidas conducentes a evitar la reiteración de los hechos.

Le manifestamos a Moreno que en razón a que la OCDE se relaciona con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), organismo dependiente de su ministerio, le solicitamos en base a la ley que garantiza a la ciudadanía conocer las actuaciones de la Administración, nos informara por escrito cual ha sido el resultado de la investigación que se ha hecho al interior del gobierno para impedir la injerencia de una potencia extranjera en nuestras políticas públicas.

Al final de nuestra carta le decíamos al canciller “tenemos la certeza que usted comparte la molestia que nos ha causado conocer los detalles de esta situación y por lo tanto es urgente adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de prácticas tan negativas que erosionan el sistema democrático y el ejercicio del libre mercado en la economía”.

Tiempo después nos respondió una funcionaria de la Direcon, expresándonos que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía conocimiento del episodio cometido por AES Gener. Ante este tipo de mendaz contestación oficial queda en evidencia que nuestras instituciones están dirigidas por personas que desconocen absolutamente lo que es el servicio público.

En resumen, los que ejercen el poder político quisieron pasar gato por liebre en la elaboración del Plan de Descontaminación para Quintero y Puchuncaví y más encima niegan la abusiva intervención extranjera para que AES Gener pudiera construir su planta Central Campiche en una zona saturada.

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Castigar no es educar

Castigar no es educar

No importa cuántas veces digamos que no estamos de acuerdo con que rocíen a personas con bencina, pero que el proyecto tiene múltiples defectos, para el oficialismo esto sigue siendo una batalla entre los que están ‘del lado de los estudiantes que quieren aprender y crecer en paz y los que están ‘del lado de los delincuentes de overol, que quieren destruir y atemorizar con bombas molotov y violencia’, como lo puso el presidente Piñera.

Mucho se ha dicho sobre el proyecto de ley ‘Aula Segura’. Poco ha sido escuchado por un gobierno que intenta desesperadamente limpiar su imagen. Para hacerlo, han desviado el debate a algo meramente superficial, lo que ha llegado a un punto donde cualquier crítica al proyecto sea ser partidario de la violencia. No importa cuántas veces digamos que no estamos de acuerdo con que rocíen a personas con bencina, pero que el proyecto tiene múltiples defectos, para el oficialismo esto sigue siendo una batalla entre los que están ‘del lado de los estudiantes que quieren aprender y crecer en paz y los que están ‘del lado de los delincuentes de overol, que quieren destruir y atemorizar con bombas molotov y violencia’, como lo puso el presidente Piñera.

En medio del show mediático que ha sido armado por personas tales como el alcalde Alessandri o Canal 13, se ha perdido el debate sobre el enfoque punitivo que tiene el proyecto o la efectividad de este mismo.

Aunque parezca obvio, hay que decirlo: los actos con los que el gobierno ha intentado caracterizar a los ‘delincuentes disfrazados de estudiantes’ ya son ilegales. Portar bombas molotov o rociar a una persona con bencina, es una violación de la ley, y, consecuentemente, los servicios públicos tales como Carabineros ya tienen la facultad de sancionarlos de acuerdo a esta. La pregunta evidente es, entonces, ¿por qué estas instituciones no son capaces de tomar las medidas que se supone deberían estar tomando?

La respuesta también parece ser obvia, aunque los que promueven el proyecto de ley parecen ignorarla. Carabineros y los cuerpos que castigan las violaciones a la ley no son capaces de identificar a los culpables. De todas maneras, el proyecto parece creer que los directores de los establecimientos educacionales van a ser capaces de identificar a los estudiantes que cometan actos violentos, y aplicar las sanciones que correspondan. Como en el mundo real esto no va a suceder, el proyecto de ley queda completamente vació de cualquier tipo de utilidad que pudiera tener (excepto, claramente, dejar al gobierno parado como defensores de los estudiantes).

La expulsión, en sí, es un mecanismo inútil para enfrentar los problemas de violencia. No responsabiliza a nadie de los actos cometidos. Permite que el establecimiento educacional, que debería tener un rol formativo y rehabilitador, se lave las manos de los estudiantes que más necesitan de su atención. Si este proyecto consigue algo, el estudiante será trasladado a otro establecimiento, si ninguna garantía de que no cometa otro acto violento. Cuando esto inevitablemente llegué a pasar, probablemente será trasladado a otro establecimiento, y así sucesivamente.

De todas maneras, el Estado seguirá teniendo una responsabilidad de proveer al estudiante de educación. Esto implica que habrá establecimientos que no tomarán la medida más extrema, la expulsión, y que harán lo mínimo que requiere el proyecto de ley: abrir un proceso sancionatorio. El proyecto además propone que el establecimiento al que el alumno será reubicado tendrá que contar con profesionales que presten apoyo psicosocial. Solo ciertos establecimientos contarán con estos profesionales, por lo que solo los estudiantes serán trasladados a solo ciertos establecimientos. En un sistema educativo que ya está extremadamente segregado, lo que menos necesitamos es una ley que marginalice aún más a los estudiantes más precarizados. Ni hablar de la calidad de los servicios públicos de ayuda psicosocial.

Esto es, por cierto, asumiendo que este proyecto consiga algo. Pero este no es un proyecto que en su centro tenga la preocupación por el bienestar de la comunidad educativa. Si fuera así, entendería que la solución no está en aislar estudiantes. Esta en trabajar en conjunto las comunidades educativas, en darles los recursos que necesitan para cumplir su rol formativo.

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