Política

REDES| Critican a Soledad Alvear por decir en el Senado que “el aborto no puede ser más machista”

REDES| Critican a Soledad Alvear por decir en el Senado que “el aborto no puede ser más machista”

Alvear volvió al Senado, pero esta vez a exponer su posición sobre el proyecto de despenalización del aborto en tres causales.

En una nueva sesión de la Comisión de Constitución del Senado relativa al proyecto de despenalización del aborto en tres causales, la ex parlamentaria y ministra Soledad Alvear asistió en calidad de «experta» invitada por la bancada DC. Una vez más, Alvear entregó su visión negativa sobre el emblemático proyecto, que ya lleva más de un año en trámite.

“El proyecto opta por un modelo de sociedad en que no todos los seres humanos son igualmente dignos y por lo mismo sujetos de derechos humanos. Ya que algunos de ellos, los no nacidos, deberían ser excluidos de dicha cualidad para ser ponderados”, aseguró, para luego lanzar su frase más polémica, la que la transformó rápidamente en tendencia en Twitter: “El aborto no puede ser más machista. Todos sabemos que una mujer que está en una situación vulnerable, incluso aquellas que no están en este proyecto, por ejemplo una madre pobre que tiene ocho hijos, que quedó embarazada del noveno y que está abandonada, vive una situación terrible. Pero esto no se soluciona con este proyecto. ¿Qué necesita esa mujer? Ella necesita apoyo, necesita alguien que acoja su drama y que le planteen la posibilidad de la adopción. ¿Por qué digo que el aborto es lo más machista que hay? Porque qué hace el proyecto de aborto: Se aborta, se mata al hijo y ella queda sola”.

Los dichos de Alvear fueron rechazados por los usuarios de redes sociales, quienes acusaron su desconocimiento en términos médicos y sociales y cuestionaron su calidad de «experta» para asistir a entregar su opinión al Senado.

Así se refirieron a Alvear en Twitter:

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Con luma en mano: Carabineros escoltaron marcha evangélica que protestó contra el aborto y ley de identidad de género

Con luma en mano: Carabineros escoltaron marcha evangélica que protestó contra el aborto y ley de identidad de género

En un punto la protesta fue interrumpida por encapuchados que intentaron dispersar a los manifestantes religiosos, autodenominando su acción como «antifascista». 

Durante la tarde de este sábado, la Alameda vio desfilar a cientos de fieles evangélicos y conservadores en la «Marcha por Jesús» que se realiza año a año en esta fecha. Los protestantes se manifestaron en contra de la llamada agenda valórica del gobierno por la aprobación de proyectos como el aborto o la ley de identidad de género. 

En medio de la manifestación, un detalle que llamó la atención fue un grupo de carabineros (alrededor de 20 uniformados) que marchó escoltando la marcha conservadora. Llevaban luma en mano y no vestían sus típicos gorros.

Usuarios en redes sociales han criticado esta acción, comparando este comportamiento con el actuar de las fuerzas especiales en otras protestas, donde cumplen un rol represivo y hostil contra los manifestantes.

Esta marcha no estuvo exenta de disturbios, ya que en cierto punto de la marcha aparecieron encapuchados que intentaron dispersar la movilización, autodenominando su intervención como «antifascista». 

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Aborto en Chile: Desafíos y obstáculos bajo la oleada conservadora

Aborto en Chile: Desafíos y obstáculos bajo la oleada conservadora

Es fundamental que el movimiento feminista y las organizaciones que lo apoyan sean capaces no sólo de mantener la presión sobre las autoridades y la clase política, sino que también necesita profundizar su capacidad de disputarle el sentido común a las fuerzas ultraconservadoras. Y esa disputa no se puede enmarcar sólo en la interpretación de los alcances de la ley 21.030 y la objeción de conciencia institucional, sino en la conquista del derecho a aborto en toda circunstancia, tal como los organismos internacionales que se han pronunciado en la materia han recomendado.

El panorama político en América Latina es desalentador. Estamos ad portas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y el inminente triunfo de la ultra derecha en este país preocupa no sólo a los movimientos sociales y a los y las defensores de los derechos humanos, sino también al movimiento feminista de toda la región.

Preocupa porque los gobiernos conservadores de derecha que han ganado terreno en América Latina en los últimos años, no solo defienden e implementan una férrea agenda neoliberal, impulsan políticas de inversión que atentan gravemente contra el medio ambiente y promueven políticas públicas que van contra de los derechos sociales conquistados hasta ahora. Estos gobiernos, además, promueven discursos anti-feministas que están presentes en sus programas políticos de diferentes formas. Discursos que crean imaginarios en torno a la “destrucción de la familia”, los valores tradicionales, bajo la premisa manipuladora de presentarse como los “defensores de la vida». Sin embargo, en este contexto de “giro a la derecha”, hemos presenciado en los últimos meses una oleada de movimientos de defensa de los derechos de las mujeres que reclaman su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos de manera libre y autónoma. Estamos hablando en específico de la lucha por el aborto legal en todas sus causales.

Es que la lucha por la despenalización del aborto es una lucha por los derechos humanos de las mujeres en su sentido más esencial. El aborto debe consagrarse como un derecho porque supone asegurar el derecho de las mujeres a auto-determinar tanto su cuerpo, como su vida. En este sentido, el Estado no puede confinar a las mujeres al espacio de la maternidad de manera obligada, simplemente porque el cuerpo de la mujer no es un espacio público a merced de las decisiones de otros. No puede otorgar al feto una naturaleza jurídica que está por sobre los derechos de la mujer, bajo argumentos ligados a la religión y a la presunción de tener la verdad en torno al “origen de la vida”. A través de la criminalización del aborto, se ejerce violencia y obliga a recurrir a condiciones poco seguras para abortar, en especial a las mujeres de los sectores más vulnerables de la población. Atenta así contra el derecho al acceso a la salud y la vida de las mujeres. En definitiva, vulnera nuestros derechos humanos en pos de salvaguardar una moralidad religiosa, lo que resulta inadmisible en un Estado laico. Bajo estas premisas, los movimientos feministas en diferentes países de la región se han levantado, han salido a las calles y han instalado en la agenda pública un debate que hasta hace algunos años atrás era considerado tabú en un continente que se ha intentado presentar al mundo como católico.

El movimiento feminista chileno no se ha mantenido al margen de esta lucha y este debate. Esto es evidente en las diversas manifestaciones públicas en apoyo al proyecto de despenalización del aborto que se discutió en Argentina, en la movilización por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro celebrado el pasado 28 de septiembre, como también en la iniciativa parlamentaria presentada por diputadas, integrantes de diferentes partidos de oposición, con el apoyo de Corporación Humanas, que busca despenalizar el aborto en toda circunstancia hasta las 14 semanas de gestación.

Lo que hay detrás de esta demanda es la necesidad de ampliar el alcance de la recientemente aprobada ley 21.030 que legaliza el aborto en Chile en 3 causales. En algo la Ministra de Mujer del presente gobierno, Isabel Plá, tenía razón hace unos meses atrás, al afirmar en una de sus columnas de opinión mientras se discutía la aprobación de esta ley que la demanda por legalizar el aborto en 3 causales “-se los doy firmado- irán ampliándose progresivamente”. Esto porque las 3 causales descritas por este marco normativo sólo representan un 2,5% de los abortos, según cifras entregadas por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, y que son recogidas con preocupación por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en su reciente informe titulado “Aborto en Chile: las mujeres frente a innumerables obstáculos”, elaborado en agosto del presente año en conjunto con el Observatorio Ciudadano.

En este informe se insta a las autoridades chilenas a “[g]arantizar plenamente el respeto de los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas y poner fin a los abortos clandestinos permitiendo así a todas ellas acceder a servicios de aborto legales y seguros, en todas las circunstancias, únicamente en base a la expresión de su voluntad”. Esta recomendación hace eco con la realizada el 14 de marzo por el “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) de Naciones Unidas, que emplazó al Estado chileno a que “[a]mplíe el ámbito de aplicación de la Ley núm. 21.030 para despenalizar el aborto en todos los casos”.

A la vez, tanto el informe de la FIDH como el elaborado por CEDAW ven con preocupación el alcance restrictivo de la vigente ley 21.030. Aunque constituye un mínimo avance en la conquista por el derecho a abortar, al otorgar un grado elemental de soberanía y dignidad a las mujeres embarazadas que están arriesgando su vida, que gestan a un feto inviable o que han sido violadas, éste se encuentra en la actualidad restringido en su alcance por una serie de trabas administrativas. En este sentido, el informe añade que “[a]demás de las limitaciones ligadas a las causas del aborto, la Ley 21.030 prevé otros obstáculos de diferente tipo; los vinculados a los plazos dentro de los cuales se debe practicar el aborto, a la intervención de terceras personas, al acceso a la información y a la objeción de conciencia”. Este último punto, el de la objeción de conciencia ha sido el principal recurso administrativo con el que el actual gobierno ha pretendido poner límite al acceso a abortar de las mujeres, en las situaciones antes descritas.

El citado informe de la FIDH recoge además cifras preocupantes con respecto a la aplicación de la ley de aborto en tres causales, como que casi la mitad de los obstetras en Chile son objetores de conciencia en alguna de sus causales, o que existen instituciones de salud pública en donde la totalidad de sus obstetras son objetores de conciencia. También llaman la atención las trabas burocráticas para acceder a un aborto en caso de violación, debido a la obligatoriedad de hacer la denuncia y el límite de semanas de embarazo para poder realizar el procedimiento, lo que dificulta que víctimas de violencia sexual, en especial las niñas y adolescentes, puedan ejercer su derecho a terminar con el embarazo.

La FIDH también muestra su preocupación frente a estos protocolos emanados desde el Ministerio de Salud de la actual administración, en donde se ha interpretado la Ley 21.030 de forma abusiva, permitiendo incluso que en un comienzo instituciones que reciben recursos estatales se declaren objetoras de conciencia y se ha intentado así “instaurar la objeción de conciencia como la regla general y no como una situación de excepción” haciendo que el acceso al aborto en sus 3 causales permitidas por la ley sea poco eficaz y en algunos casos imposible. Gracias al pronunciamiento de Contraloría, este protocolo tuvo que ser revisado por el Ministerio de Salud, revisión que tuvo a las mujeres y niñas de Chile esperando casi un año para poder entender los alcances y la “letra chica” de la ley de aborto en 3 causales. Sin embargo, el nuevo reglamento que vio la luz este martes, el cual estipula que las instituciones de salud privada que mantengan contratos con el Minsal, es decir que reciban financiamiento fiscal “no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón“. Bajo esta norma, por tanto, podrían declararse objetores de conciencia instituciones que no realicen abortos en pabellón, como son las prácticas que se llevan a cabo en las primeras semanas de embarazo y que no requieren que la paciente ingrese a pabellón para llevarla a cabo. El nuevo reglamento tampoco contempla la obligación de los establecimientos médicos de contar con profesionales “no objetores” ni tampoco exige fundamentar las razones de los obstetras o las instituciones para negarse a practicar un aborto. Como si no esto no fuera suficiente para el ala conservadora del parlamento, diputados de la UDI ya anunciaron que llevarán este reglamento al Tribunal Constitucional bajo el argumento que “está en la esencia del principio de subsidiaridad que los entes privados puedan colaborar con el listado de la prestación de servicios públicos, sin que el Estado esté encima y les imponga requisitos”, en palabras del diputado Macaya.

 Como vemos, es un hecho que las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, así como los organismos internacionales que defienden los derechos de las mujeres ven con preocupación tanto la restrictiva aplicación de la ley 21.030 en Chile como la ausencia de una normativa legal más amplia que garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Pero eso no es suficiente para enfrentar la amenaza que representa el ascenso de la ultra derecha en la región. Es fundamental que el movimiento feminista y las organizaciones que lo apoyan sean capaces no sólo de mantener la presión sobre las autoridades y la clase política, sino que también necesita profundizar su capacidad de disputarle el sentido común a las fuerzas ultraconservadoras. Y esa disputa no se puede enmarcar sólo en la interpretación de los alcances de la ley 21.030 y la objeción de conciencia institucional, sino en la conquista del derecho a aborto en toda circunstancia, tal como los organismos internacionales que se han pronunciado en la materia han recomendado. Sólo de esta manera podremos mantener las conquistas que tanto han costado y proyectar los avances necesarios. El llamado es urgente, porque el panorama inverso, es devastador. No podemos ser otra vez obligadas a cumplir el mandato social de la maternidad exponiendo de esta forma a miles de mujeres y niñas a arriesgar su salud y vida a través de prácticas abortivas clandestinas.

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Ya es oficial: Tras meses de espera, gobierno publica reglamento de objeción de conciencia por aborto en 3 causales

Ya es oficial: Tras meses de espera, gobierno publica reglamento de objeción de conciencia  por aborto en 3 causales

El Ministerio de Salud deberá mantener en su sitio web un listado actualizado de todos los establecimientos objetores de conciencia. Protocolo comienza a regir en 15 días más, a casi un año de aprobada la Ley en el Congreso.

Después de un largo periplo entrando y saliendo de Contraloría, hoy se publicó en el Diario Oficial el reglamento de objeción de conciencia en la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Vale recordar que el pasado 23 de marzo, el gobierno de Sebastián Piñera publicó un protocolo que sorprendentemente amplió las facultades de establecimientos privados a declararse objetores y así negar el derecho a las mujeres que quisieran abortar por causales de riesgo de vida, inviabilidad fetal o violación.

La Contraloría entonces alzó la voz, alertando que dicho reglamento no se ajustaba a derecho, obligando al gobierno a retirar el documento e ingresar uno nuevo, que se publica hoy, después de más de tres meses.

El documento regula tanto la objeción de conciencia individual e institucional. La individual podrá ser invocada por el médico cirujano y/o personal médico que corresponda desarrollar sus funciones en pabellón quirúrgico de forma previa y escrita.

«Si la mujer requiere atención inmediata e impostergable y dentro de la causal 1 [riesgo de vida de la madre], quien haya manifestado objeción no puede excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que la pueda realizar», dice el reglamento.

Para concretar la objeción, el Ministerio de Salud subirá a su página web un formulario único, que la persona deberá rellenar con su identificación, título profesional, cargo, establecimiento de salud, fecha y hora de objeción de conciencia, causales de interrupción a las que adhiere y firma del médicoy director del establecimiento de salud.

«No podrá discriminarse arbitrariamente a ninguna persona que, conforme a la ley N°21.030 y a este reglamento, haya manifestado su condición de objetor de conciencia o se haya abstenido de hacerlo. No se podrán imponer exigencias o consecuencias, ni generar ninguna clase de incentivos que busquen alterar la condición de objetor o no objetor de conciencia», agrega el documento.

Objeción institucional

Respecto a la invocación de la objeción por parte de establecimientos de salud, el reglamento regula las condiciones que tienen los privados para hacerlo.

«Los establecimientos privados que hayan suscrito convenios regidos por disposiciones del decreto con fuerza de ley N°36 de 1980 del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón«, dice el reglamento, tomando el punto que había incluido el gobierno de Michelle Bachelet y que el propio gobierno de Piñera eliminó en marzo.

Al igual que en el caso de objeción individual, si una mujer invoca de forma urgente la primera causal, el establecimiento «no podrá excusarse de la realización de la interrupción de embarazo».

Para concretar la objeción institucional se debe presentar un escrito ante la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Salud, identificando nombre de la persona jurídica, rol único tributario, representantes legales, establecimientos o sedes comprendidos y causales de interrupción del embarazo que manifiesta la objeción de conciencia.

Presentado el requerimiento, la Seremi correspondiente tendrá 10 días para pronunciarse sobre la manifestación de objeción.

Asimismo, se obliga al Ministerio de Salud a mantener en su sitio web un listado actualizado de todos los establecimientos objetores de conciencia. Las propias instituciones deberán declarar su condición de objetor en su sitio web e informar al público mediante avisos visibles.

Si el establecimiento no cuenta con personal para realizar el aborto, «deberá derivar a la paciente a otro establecimiento de salud que esté en condiciones de otorgar dicha prestación».

En quince días más comenzará a regir oficialmente el reglamento.

Mira el documento completo acá.

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Ministro de Justicia pasa el dato: «Este ministerio no es partidario de innovar respecto de la eutanasia o del aborto»

Ministro de Justicia pasa el dato: «Este ministerio no es partidario de innovar respecto de la eutanasia o del aborto»

El ministro Hernán Larraín señaló que, de cara a la elaboración del nuevo Código Penal «deberíamos ni avanzar ni retroceder, sino que dejarlo en el punto que está aprobado por la legislación vigente; es decir, el aborto con las tres causales».

Durante este jueves, 36 facultades de derecho conocerán el anteproyecto del nuevo Código Penal. El cuerpo legal de la iniciativa fue trabajado por una comisión liderada por Jorge Bofill y donde participaron miembros del primer gobierno de Sebastián Piñera y de la segunda administración de Michelle Bachelet.

El anteproyecto, cuyo objetivo es «llenar vacíos de penalidad» incluye la tipificación de nuevos delitos, como el acoso a las mujeres o una nueva figura de cohecho. Sin embargo, según anticipó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la iniciativa final «no va a ser necesariamente igual al anteproyecto que nos entregan».

Ya existen dos propuestas sobre la mesa que Larraín aseguró que «vamos a revisar», ya que no son de toda simpatía del gobierno: por ejemplo, incluyen la incorporación de la despenalización de la eutanasia y del aborto durante los primeros tres meses de embarazo, algo que no es aprobado por Larraín.

«Yo tengo reparos, porque personalmente pienso que en estas materias no deberíamos aprovechar el Código Penal y su actualización para incorporar una serie de delitos que quisiera la gente agregar. Eso nos parece que debe ser individual, una vez promulgado el código», señaló el ministro a El Mercurio.

A la vez, el titular de justicia añadió que «yo personalmente soy partidario, este ministerio es partidario, de no innovar respecto de la eutanasia y del aborto. Creo que deberíamos ni avanzar ni retroceder, sino que dejarlo en el punto que está aprobado por la legislación vigente; es decir, el aborto con las tres causales. Que yo voté en contra en la discusión, siendo senador, cuando se aprobó».

Por último, Larraín sostuvo que «yo no retrotraería el aborto a antes de esa legislación, y tampoco avanzaría en lo que algunos quisieran: algunos quieren el aborto libre, otros el aborto a plazo, en fin. No entraría en innovaciones en materia de aborto; mantendría lo que la legislación actual estableció».

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