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Activistas que luchan contra empresas que usurpan el agua de Petorca siguen viviendo inseguros ante amenazas de muerte

Activistas que luchan contra empresas que usurpan el agua de Petorca siguen viviendo inseguros ante amenazas de muerte

A fines de enero, los activistas medioambientales Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches por fin tendrán su oportunidad de declarar frente a la justicia sobre las amenazas de muerte que han recibido tras denunciar la usurpación de aguas en Petorca, hecho que también acusarán ante la fiscalía.

El año 2015 un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) alertaba sobre la situación hídrica y la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de Petorca. El documento establece que la escasez de agua no solo estaría asociada al fenómeno de la sequía, sino que también a las actividades empresariales de la zona, especialmente el uso de los suelos en el intenso cultivo de paltos y cítricos.

Esta situación había sido expuesta en varias ocasiones por el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) mediante su secretario general Rodrigo Mundaca, quien incluso contribuyó en que los compradores daneses dejaran de adquirir paltas chilenas en vista del atropello a los residentes de la zona.

Ante esto, y luego de haber dado declaraciones respecto al tema de la supuesta usurpación de aguas al medio danés Danwatch, Mundaca fue amenazado de muerte. Verónica Vilches, compañera del dirigente en Modatima, también recibió amedrentamientos. Sin embargo, el hecho fue desestimado por la justicia y no se investigó, a pesar de que organizaciones como la Defensoría Popular y Amnistía Internacional lo exigían.

«Hemos recolectado más de 30 mil firmas de personas alrededor del mundo que se indignan por las amenazas que el Modatima ha recibido por denunciar una situación de escasez y manejo público del agua en la región de Petorca», indica la encargada de campañas de Amnistía Internacional para las Americas, Marianne Bertrand.

Finalmente, y luego de presiones de estas instituciones y la defensa de los activistas, representada por Rodrigo Román, se fijó el 25 de enero del 2018 como fecha para que los ambientalistas presenten sus declaraciones ante la Fiscalía de La Ligua.

En esta instancia, los objetivos son visibilizar y denunciar dos problemáticas: las amenazas de muerte y la posible usurpación de aguas en la zona de Petorca. Esta acusaciones son conocidas, pero por primera vez la justicia ha accedido a tomar antecedentes del caso.

A pesar de que serán escuchados por la fiscalía, el dirigente declaró que no espera nada de la justicia, puesto que ésta «nunca ha hecho nada a favor de las comunidades que privadas de aguas tienen que vivir en condiciones bastante indignas». Igualmente, mira con recelo al juez a cargo del caso, ya que en 2015 ante una denuncia similar, el profesional «cerró la causa simple y llanamente» sin escuchar a los patrocinadores, según el activista.

«Esperamos que se investigue dentro del marco de la legalidad. Aprovecharemos por vez primera de plantear, ya que nunca antes nos ha recibido, que efectivamente se debe investigar lo acusado por la comunidad», indica Román. A esto se suma Bertrand, indicando que: «sólo nos queda llamar a la fiscalía a que luche contra la impunidad e investigue cuidadosamente las denuncias».

Acallar la lucha con amenazas

Han pasado ocho meses desde que Mundaca recibió las amenazas de muerte. Hoy declara que luego de esto su vida cambió bastante. «Tuve que adaptarme a algunas medidas de resguardo. Medidas mínimas de seguridad como no estar solo, avisar siempre donde iba o tratar de no tener patrones de rutina para no ser predecible», cuenta.

Por su parte, Verónica Vilches sinceró que el asunto la hace sentir «triste y menoscabada». «Ha habido cero apoyo de parte de las instituciones. No le dan crédito a los dirigentes que luchamos por el agua para la gente”, reclama.

Si bien los dirigentes tienen una tesis de desde dónde pueden provenir las amenazas, plantean que la tarea de dilucidarlo no les corresponde a ellos. «La verdad es que creo que las amenazas se han dado en un espacio de absoluta impunidad», critica Mundaca.

Por su parte, anteriormente Rodrigo Román, abogado defensor, recordó en Radio UChile que no es primera vez que el dirigente sufre situaciones violentas. Hace casi tres años fue agredido por la espalda en medio de una marcha por el medioambiente, lo que le causó graves contusiones en su cabeza.

Petorca sigue sufriendo

En la actualidad, Petorca y otras 13 comunas de la V Región se mantienen en situación de emergencia hídrica. Las denuncias de robo de agua y las precarias condiciones de vida de los habitantes de la zona datan de varios años. Sin embargo, según los dirigentes locales, la situación no ha cambiado.

A la izquierda: Ríos secos en Petorca / A la derecha: Grandes plantaciones de paltos

Para magnificar el panorama, Mundaca plantea que en las condiciones actuales, la comunidad «recibe agua en camiones, se bañan por presas y en situaciones de aguda escasez de agua han tenido que hacer sus necesidades en bolsas de plástico», acusa.

«Hoy los empresarios siguen plantando paltos. Plantan frutales de exportación ante una situación que es completamente un contrasentido. El estado declara la provincia de Petorca como zona de emergencia por sequía y grandes empresarios vinculados a los delitos de robo de agua hoy siguen desmontando flora y fauna nativa para continuar plantando paltos», cuenta el secretario general de Modatima.

Para Vilches, el estado ni la justicia parecen no ser aliados en la recuperación de derechos fundamentales. Ante esto, plantea que saben que a la éstos «no les importa nada lo que pase con la gente. Siempre van a defender y prosperar que no les falte agua los capitalistas”.

Finalmente, Mundaca expone una dura critica: «a mi juicio la desigualdad en Chile se encuentra edificada sobre las bases de la transformación masiva de bienes naturales comunes en capital monetario, en capital financiero. El agua y la tierra son reflejos nítidos de ello».

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Brasil: La ausencia de avances en la investigación sobre Marielle Franco destaca deficiencias en el sistema de justicia penal

Brasil: La ausencia de avances en la investigación sobre Marielle Franco destaca deficiencias en el sistema de justicia penal

“La ausencia de avances en la investigación sobre el asesinato de la defensora de los derechos humanos y concejala del ayuntamiento de Río de Janeiro Marielle Franco y de su chófer Anderson Gomes el 14 de marzo cuestiona la credibilidad del sistema de justicia penal de Brasil”, ha declarado Amnistía Internacional, seis meses después de estas muertes.

“Después de seis meses, el hecho de que el asesinato de Marielle Franco siga sin resolver demuestra la ineficacia y aparente falta de voluntad de las instituciones del sistema de justicia penal brasileño para resolver el caso. Es urgente que un mecanismo externo e independiente monitoree las actuaciones”, dijo Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional Brasil.

“El secreto y la confidencialidad concebidos para garantizar la eficacia de la investigación no pueden servir de cortina de humo para el silencio de las autoridades responsables de aclarar los hechos que rodean el asesinato de Marielle. Debemos identificar y exigir cuentas no sólo a quienes hicieron los disparos, sino también a quienes ordenaron el crimen, además de determinar el móvil de éste”.

La investigación no ha aclarado aún las informaciones aparecidas en los medios de comunicación según las cuales unas cámaras de seguridad enfocadas hacia el lugar del delito fueron apagadas la víspera del atentado y las balas disparadas eran parte de un lote vendido a la Policía Federal brasileña. Según informes, el arma utilizada en el asesinato fue una ametralladora de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, y se había denunciado la desaparición de armas del mismo modelo del arsenal de la Policía Civil. La forma en que se cometió el asesinato y la precisión de los disparos realizados indican también la posibilidad de que algunos de los perpetradores tuvieran adiestramiento especializado.

La prensa brasileña informó de que el presidente Michel Temer había mantenido una reunión en mayo con el ministro de la Seguridad Pública Raúl Jungmann y el general Walter Braga Netto, oficial al mando de la intervención militar en la seguridad pública de Río de Janeiro, en la que presuntamente acordaron un pacto de silencio en torno al caso para respaldar a la división de Homicidios de la Policía Civil, que dirige la investigación.

“La no resolución de este caso indica la falta de compromiso del Estado brasileño con los defensores y las defensoras de los derechos humanos. El hecho de que una defensora de los derechos humanos tan conocida pueda ser asesinada sin que las autoridades respondan con firmeza pone a otras personas en peligro”, añadió Werneck.

“En vida, Marielle siempre defendió la justicia y luchó contra la violencia del Estado. Presionar para que se resuelva este crimen es una forma de mantener vivos su lucha por los derechos humanos, su legado y su recuerdo”.

Marielle Franco, defensora de los derechos humanos

Nacida y criada en la favela Maré de Río, Marielle era socióloga y tenía una maestría en Administración Pública, y comenzó a trabajar en derechos humanos en 2000, tras la muerte de una amiga en un tiroteo en el barrio donde vivían. En 2007 se incorporó a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía del órgano legislativo del estado de Río.

Durante los diez años que estuvo en la Comisión, Marielle apoyó a las familias de víctimas de homicidio y a las de agentes de policía muertos en acto de servicio, además de trabajar sobre otras cuestiones, como el derecho a una vivienda adecuada. En 2016 fue elegida concejala con el quinto número de votos más alto del municipio. Como concejala defendió a las mujeres, a las personas LGBTI y a la juventud negra de las favelas.

Poco antes de ser asesinada, fue nombrada relatora de la comisión municipal encargada de monitorear la intervención federal en la seguridad pública de Río. Marielle se oponía a la intervención y a las tácticas de confrontación empleadas por las fuerzas de seguridad, denunció a menudo violaciones de derechos humanos y mantenía una estrecha relación con movimientos sociales.

Desde el 14 de marzo, Amnistía Internacional ha exigido en reiteradas ocasiones a las autoridades que garanticen una investigación rápida, exhaustiva, imparcial e independiente sobre los asesinatos de Marielle y Anderson.

En los últimos seis meses, más de 100.000 personas de países como Argentina, Brasil, Canadá, España, Italia, Perú, Portugal y Suecia han firmado una petición en la que reclaman una investigación adecuada y que se haga justicia para Marielle y Anderson. Además, Amnistía Internacional ha organizado sendas manifestaciones frente a la división de Homicidios de la Policía Civil de Río, el Departamento de Seguridad Pública del estado y la fiscalía del estado de Río.

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«Fueron a buscarla a Petorca»: El chiste sobre el agua del director del Indap que molestó a habitantes de Olmué

«Fueron a buscarla a Petorca»: El chiste sobre el agua del director del Indap que molestó a habitantes de Olmué

La autoridad lanzó la frase debido a la demora en que llegara el vaso con agua que había pedido, en medio de la celebración del Día del Campesino en Olmué, en la región de Valparaíso.

Una serie de pifias y críticas recibió este jueves el director del Instituto de Desarrollo Agrupecuario (Indap), Carlos Recondo, por el chiste que lanzó en pleno acto de celebración del Día del Campesino en Olmué, en la región de Valparaíso.

El ex diputado UDI había pedido un vaso con agua, y ante la demora en recibirlo, aseguró que era «porque fueron a conseguirla a Petorca«, lo que inmediatamente fue rechazado por los presentes en la medialuna de Quebrada Alvarado.

De hecho, uno de los asistentes le gritó: “Estar sin agua no es un chiste, no es para que la gente se ría, no es un chiste, señor”. El hombre además le recordó que Olmué estaba viviendo lo mismo. “No venga a reírse de la gente, Olmué está sin agua, no venga a echar chistes del agua aquí”, agregó.

“Lo sabemos” fue la escueta respuesta de Recondo, la cual fue grabada y viralizada con una leyenda que señala la importancia del elemento para la vida y que constituye “un derecho humano básico”, exigiendo disculpas públicas del director de Indap.

La situación fue difundida por Carolina Marzán (PPD), diputada por esa región, quien escribió en su cuenta de Twitter: «El agua es una necesidad humana y en su escasez no se puede bromear. Pensemos en soluciones de un problema que surge como global, pero golpea en lo más profundo de nuestras comunidades».

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Pruebas ilícitas, persecución a abogados y discriminación: El análisis de Amnistía Internacional de los casos Luchsinger e Iglesia

Pruebas ilícitas, persecución a abogados y discriminación: El análisis de Amnistía Internacional de los casos Luchsinger e Iglesia

El informe de seguimiento de ambos casos judiciales da cuenta, en opinión del organismo internacional, de una serie de faltas de garantías y vulneración de derechos a los comuneros mapuche que fueron imputados. Dicen, entre otras cosas, que la policía incurrió en «ilegalidades y vulneraciones de los derechos humanos de los imputados», con el visto bueno de la Fiscalía.

Dos casos judiciales que contravienen directamente las normas del derecho internacional y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile en el año 2014 por el uso discriminatorio de la Ley Antiterrorista contra dirigentes del pueblo mapuche.

La historia que se repite. Esa es la gran conclusión del informe de Amnistía Internacional sobre los bullados casos «Luchsinger Mackay» e «Iglesia», que marcaron los últimos meses en La Araucanía. En el primero, los tribunales condenaron a Luis Tralcal, José Tralcal y José Peralino por el delito de incendio de carácter terrorista y muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, aunque falta todavía el pronunciamiento de la Corte Suprema para dejar la sentencia firme. En el segundo, los hermanos Pablo y Benito Trangol fueron condenados a 10 años de prisión por la quema de un templo evangélico en Padre de las Casas.

Amnistía hizo un proceso de seguimiento de ambos casos y realizó un informe, al que tuvo acceso El Desconcierto. «Luego de un minucioso estudio de ambos procesos, lamentablemente la organización ha encontrado que el Estado chileno no solo ha incurrido nuevamente en las mismas conductas que motivaron la condena de la CIDH, sino que además fue posible detectar puntos de preocupación adicionales».

Específicamente, Amnistía cuestiona que los 16 mapuche que fueron llevados a juicio sufrieron de los alcances extraordinarios de la Ley Antiterrorista, que contribuyó en vulnerar sus derechos a la legítima defensa. Aquí presentamos las principales conclusiones.

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Las dudas sobre la sentencia del caso Luchsinger Mackay

Testigos reservados

Amnistía da cuente de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la protección de la identidad de los testigos debe ser regulada «de tal manera que tenga contrapesos suficiente para asegurar un adecuado contrainterrogatorio por parte de las defensas (…) en ningún caso un testigo anónimo debe servir como principal prueba para una condena». Y eso es lo que ocurrió en el caso Iglesia, dice el informe.

En Chile, la Ley Antiterrorista entrega atribuciones la Ministerio Público y los tribunales para que se prohíba relevar la identidad de ciertos testigos. El Juzgado de Garantía de Temuco determinó proteger la identidad de cinco testigos del caso, que estaban dentro del templo cuando se inició al ataque. Todos declararon en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, detrás de biombo que ocultaba a los testigos de los imputados y del público.

«La continua denegación de las garantías judiciales y el derecho al debido proceso de las personas mapuche que fueron procesadas en el caso ‘Iglesia’ es de suma gravedad, en especial porque ya la Corte IDH había identificado esta práctica como violatoria de los derechos humanos en el fallo Norín Catriman y otros».

Declaración de uno de los testigos protegidos en el caso Iglesia

La organización asegura que, tomando la lectura de sentencia, se concluye que «la declaración de dos de estos testigos fue la única prueba que permitió al tribunal concluir la culpabilidad de las dos personas condenadas en el juicio ‘Iglesia’. En este juicio todas las pruebas materiales existentes en contra de los imputados fueron obtenidas en una detención que el tribunal declaró ilegal y por eso excluyó las demás pruebas. En consecuencia, la única prueba de cargo restante fue la declaración de dos testigos anónimos y en particular el hecho de que reconocieron a los dos condenados como participantes de los hechos».

Amnistía dice directamente que las condenas del caso Iglesia fueron producto «de un juicio injusto que no respetó las garantías del debido proceso».

La Fiscalía de la Temuco argumentó que el reconocimiento de los testigos a Benito y Pablo Trangol «fue espontáneo», pero en el juicio quedó comprobado que el reconocimiento se produjo, en realidad, un día después de los hechos, cuando vieron las imágenes de ellos detenidos en un diario y en televisión. «Podría haberse visto inducido por el hecho de ver a las personas al momento de ser detenidas (detención que además fue declarada ilegal), vulnerando así la presunción de inocencia que las ampara».

Prisión preventiva desproporcionada

«El caso de la machi Francisca Linconao -dice el informe- es representativo. Por lo menos en tres ocasiones se cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario (27 de mayo, 15 de julio y 20 de octubre de 2016), pero esa decisión fue revertida en todas esas oportunidades tan solo unos días después de que hubiera sido otorgada por el tribunal (2 de junio, 22 de julio y 26 de octubre de 2016). En cada ocasión, estuvo no más de una semana bajo arresto domiciliario y luego tuvo que volver a la cárcel».

El informe apunta nuevamente a la Ley Antiterrorista, que alarga el proceso de investigación y, con eso, la prisión preventiva de los imputados. Los cuatro del caso Iglesia, por ejemplo, estuvieron un año y 10 meses en prisión preventiva. Y dos de ellos, Ariel Trangol y Alfredo Tralcal, fueron declarados inocentes. La misma legislación obliga a que los fallos sobre libertad condicional sean unánimes: «En al menos 13 ocasiones, la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario fue revertida por la Corte de Apelaciones de la misma ciudad pese a que existió mayoría de la sala a favor de dicha medida alternativa, en aplicación de la norma constitucional que exige unanimidad para concede libertad al tratarse de delitos ‘terroristas’. Eso contribuyó a la prolongación de la prisión preventiva, precisamente porque se imputaban delitos ‘terroristas’ y pese a que en el caso de la machi Francisca Linconao la misma corte había adoptado una interpretación diferente».

«El Estado chileno continúa violando el derecho a la libertad personal mediante la aplicación desproporcionada de la prisión preventiva», dice el informe.

Hostigamiento, intimidación y obstáculos al derecho a la defensa

El informe cita también la situación de los abogados defensores de los comuneros mapuche. Específicamente, el de Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, de la ONG Cidsur.

«En diversas ocasiones identificaron la presencia de hombres vestidos de civil que los vigilaban en los tribunales y sus alrededores, y les tomaban fotografías. Dos vehículos en los que se movilizaban las personas que los observaban pertenecían a carabineros de Chile y PDI, según el registro de matrículas vehiculares. Los abogados presentaron un recurso de amparo en contra del jefe de Carabineros de Chile IX Zona Araucania y el prefecto de la PDI ante la Corte de Apelaciones».

Este hecho relevó que la Fiscalía había abiertos dos investigaciones penales en contra de Riquelme y Saavedra, por supuestamante obtener testigos por «vías inadecuadas»

Sebastián Saavedra y Karina Riquelme

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso, al considerar que la policía esta actuando dentro de lo «normal en los tribunales». El 19 de octubre, la Corte Suprema advirtió al Ministerio Público «no interferir en el trabajo de la defensa dentro del marco de investigaciones». Ambas investigaciones fueron cerradas en enero de 2017.

Otro episodio, del caso Iglesia, tuvo que ver con hostigamiento a la madre de los hermanos Trangol, la señora Marta Galino Carilaf. Un día después de la detención de sus hijos, carabineros llegaron a su casa en la madrugada preguntando por el paradero de otro de sus hijos, quien a la fecha ya estaba fallecido.

Obtención de pruebas

Amnistia Internacional también cuestiona y califica como irregulares algunas de las pruebas de los juicios. la primera es conocida, es la posibilidad latente de que la declaración de José Peralino Huinca, la que incriminó a los otros diez imputados en el caso Luchsinger, puede «haber sido obtenida bajo coacción».

Peralino se querelló en contra de los dos funcionarios de la PDI que le tomaron las declaraciones que serían claves en el caso. El joven acusa apremios ilegítimos y que cuando lo llevaron a declarar en 2013 «le mostraron fotos de él y su pareja en lugares públicos y le dijeron que si no hablaba, ella iría a prisión». Dice también que uno de los policías le dio dinero.

La querella se presentó en junio de 2016 y hasta la fecha, el Ministerio Público ni siquiera le ha tomado declaración a los oficiales de la PDI, Guillermo Vilches y Claudio Leiro. Así quedó acreditado el pasado 4 de julio de 2018, cuando el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la reapertura de la investigación y ordenó la toma de diligencias pendientes.

José Peralino Huinca

Lo mismo pasó, dice el organismo, con el allanamiento de la casa de la machi Linconao en el caso Luchsiger y la detención y registro del vehículo de los 4 imputados en el caso Iglesia.

Y en tercer lugar reclaman la contaminación de huellas por parte del personal policial, formularios de cadena de custodia incompletos, reconocimiento fotográfico que no sigue los protocolos, etc.

Estas tres situaciones, dice el informe, «levanta múltiples preocupaciones sobre la forma en la que la evidencia presentada en contra de las personas acusadas fue recabada y si se apega a los estándares de legalidad requeridos como garantía de un juicio justo». Las tres, dicen, corresponden a actuar policial que «ha incurrido en ilegalidades y vulneraciones de los derechos humanos de los imputados», con la Fiscalía validando dicho actuar.

Por último, Amnistía identificó una serie de elementos que consideran discriminatorios y estigmatizantes contra el pueblo mapuche, sobretodo en cómo los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco justificaron que el caso Luchsinger se trate de un delito terrorista.

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El precio oculto de la economía de escala

El precio oculto de la economía de escala

Las grandes plantaciones frutícolas son un claro ejemplo de las economías de escala. Ésta ha tenido un efecto devastador sobre los ecosistemas locales, impactando a la flora y fauna nativa y recursos naturales, donde ya vemos consecuencias en la vida de las personas como el caso del conflicto en torno a la disponibilidad de agua de Petorca.

La teoría de economías de escala presentada por Adam Smith, planteaba que mientras más y más rápido producimos, menor es el costo unitario. Es decir: a mayor productividad, menor costo. El caso más emblemático de la aplicación de esta teoría es la de Henry Ford, quien revolucionó la industria automovilística. Esta consigna ha llevado a empresas y países, como el nuestro, a planificar su sistema de producción utilizando esta teoría. Y a pesar de que ha conseguido grandes beneficios económicos, hoy podemos ver los efectos de la sobreproducción en nuestra tierra y en la población.

El modelo extractivista chileno tiene su base justamente en este concepto de la “economía de escala” ya que tiene territorialmente concentradas sus actividades económicas como la minería, la fruticultura y horticultura, la ganadería, forestal o la pesca. Esta distribución de grandes áreas destinadas a priorizar un sector productivo, ha contribuido sin duda a generar riqueza debido a las condiciones favorables para estas actividades, pero así también ha generado importantes condiciones de vulnerabilidad.

Las grandes plantaciones frutícolas son un claro ejemplo de las economías de escala. Ésta ha tenido un efecto devastador sobre los ecosistemas locales, impactando a la flora y fauna nativa y recursos naturales, donde ya vemos consecuencias en la vida de las personas como el caso del conflicto en torno a la disponibilidad de agua de Petorca acentuado por las plantaciones de palta. Sumado a esto, al necesitar grandes áreas de tierra, ha reducido el espacio de autoproducción de alimentos de los campesinos de algunos sectores, viéndose obligados a comprar en los grandes centros de abastecimiento de las capitales provinciales/regionales productos que pueden venir desde el otro extremo del país.

El impacto sobre los ecosistemas es quizás el más grave, ya que los que perciben los impactos son distintos a los que perciben los beneficios, dificultando la concientización de esta problemática. Según el instituto nacional de derechos humanos (INDH) hasta el 2015 aproximadamente el  94% de los conflictos medio ambientales declarados en Chile ocurren fuera de Santiago, sin embargo el 76,5% de los impuestos de primera categoría se pagan en la capital ya que las matrices de las empresas se encuentran en ésta.

Siguiendo con el ejemplo de las plantaciones frutícolas, éstas tienen un ciclo productivo que genera oferta de trabajo temporal, por lo que para las personas que trabajan en este sector significa un ingreso importante durante una época específica, pero que debe durar para todo el resto del año debido a la poca oferta laboral en otros sectores, que se relaciona justamente a esta estrategia económica poco diversificada en un territorio.

Otro aspecto importante en las economías de escala, es que para lograr eficiencia en los procesos, muchas veces se necesita de tecnologías y procedimientos que son caros, lo que hace que éstas solo sean accesibles por grandes empresas o personas con un alto capital. Esto genera, además de una nueva acumulación de capital, que los pequeños productores vean limitados sus márgenes de producción, donde ante mínimas variaciones externas (que son cada vez más seguidas) pueden perder la producción anual. Por ejemplo, si llueve o hiela en una época inesperada en un campo frutícola que no está preparado para esto, puede ver comprometida toda su producción de fruta anual en apenas unas horas.

La desesperación por producir más a menor costo ha degradado el suelo y su capacidad de hacer frente a pestes de forma natural, por lo que esto ha incentivado malas prácticas de producción que afectan directamente en la salud de las personas que trabajan en la tierra o en sus cercanías, donde podemos ver ejemplos como lo que  ocurre en Talca y San Clemente donde se encuentran restos de pesticidas prohibidos en orina de niños.

Sin duda este es un tema que debe ser abordado a nivel nacional pero descentralizadamente, donde por ejemplo deben mejorar los mecanismos de participación a la hora de presentar grandes proyectos, facilitar la creación de empresas que diversifiquen la matriz productiva regional, facilitar los mecanismos de asociación entre pequeños productores que les permitan acceder a mayores tecnologías e impulsar los movimientos de la Economía del Bien común y del Comercio Justo en los municipios.

¿Y nosotros podemos hacer algo para mejorar esta situación? Si tiene la posibilidad, cultive parte de su propio alimento y haga trueque con sus vecinos, si no puede, compre a pequeños productores locales, si no puede, prefiera productos con alguna certificación que le asegure que existe por ejemplo Comercio Justo o “rainforest-alliance” o a empresas que certifiquen su accionar como Empresas B o empresas de la Economía del Bien Común; Si tiene la posibilidad de emprender, emprenda en regiones y ayude a diversificar la matriz productiva  regional.

Y recuerde que si un producto es demasiado barato, es probable que se deba a que hay una economía de escala y que alguien o algo esté pagando el precio “oculto” de ello.

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