Fiscal Ximena Chong | Fotografía de Agencia Uno
«Las imágenes que han aparecido son imágenes que a nuestro juicio, y de acuerdo a los antecedentes que ha analizado la Unidad de Derechos Humanos, ratifican esa situación», aseguró la persecutora en relación al funcionario dado de baja por la entidad uniformada. En relación a las condenas del Caso Corpesca, dijo que «marca un precedente» en nuestro país.
La fiscal jefa de delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, conversó con Cooperativa, emisora con la que abordó distintos temas de contingencia que la involucran desde su ámbito profesional, además de las amenazas que recibió junto a su familia tras la formalización del carabinero acusado de empujar a un menor en el puente Pío Nono, durante una manifestación del primer viernes de octubre.
«Esas amenazas afectan mi integridad y la de mi familia, pero en ningún caso el trabajo que lidero, que tiene detrás a un equipo que está colaborando con las diligencias que nosotros realizamos. El trabajo que nosotros estamos haciendo no se afecta de ninguna forma», transparentó.
Adicionalmente, la persecutora se refirió al estado de ánimo que mantiene tras ser amedrentada. «En lo personal estoy tranquila, a mi familia afortunadamente también he logrado transmitirle la misma tranquilidad y hemos seguido trabajando», ilustró Chong.
Respecto de la situación enfrentada hace dos meses, la abogada detalló que «el mismo día en que recibimos en la casa esa carta de amenazas, pudimos comunicarnos en la noche con un juez de Garantía para hacer una solicitud de una medida inclusiva en una investigación a nuestro cargo, el día siguiente seguimos trabajando en los alegatos de clausura del mismo caso Corpesca».
Al momento de referirse a la investigación por la caída del adolescente al río Mapocho, Chong fue clara. «La situación del carabinero Sebastián Zamora es la siguiente, él está formalizado. La formalización es una comunicación que hace el Ministerio Público de que se le está investigando por determinados hechos», especificó.
Sobre los graves hechos imputados al funcionario de Carabineros dado de baja, confirmó que la apreciación respecto de su participación en ellos no ha cambiado.
«Mantenemos hasta ahora la convicción de que efectivamente los hechos son constitutivos de un delito de homicidio frustrado, las imágenes que han aparecido son imágenes que a nuestro juicio, y de acuerdo a los antecedentes que ha analizado la Unidad de Derechos Humanos, ratifican esa situación», agregó.
«En todo caso, la defensa del carabinero Zamora no apeló a la decisión del Tribunal de Garantía de mantenerlo en prisión preventiva y la defensa del carabinero Zamora, desde el día domingo 4 de octubre, que es la fecha en la que se le formaliza, tampoco ha presentado ninguna solicitud para efectos de que se revise la medida cautelar», detalló.
Luego de conocerse las condenas contra del ex senador Jaime Orpis y de la ex diputada Marta Isasi por el caso Corpesca, Chong planteó aseguró que «de alguna forma marca un precedente. Si bien en Chile no existe jurisprudencia vinculante, el razonamiento que exponga el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, va a ser un razonamiento relevante en torno a los (contextos) de los delitos tributarios ya descartados, pero también en torno al delito de fraude al Fisco y, por cierto, al delito de cohecho».
En su opinión, «ese precedente o esos antecedentes van a poder ser invocados en los casos» de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira, que continúan en investigación.
«La sumatoria de las penas en relación a Jaime Orpis que solicitamos eran 21 años de cárcel, esto fundado básicamente en que el delito de fraude al Fisco parte en una pena de cinco años y un día, y producto de la reiteración debe alzarse en un grado, eso nos sitúa entre 10 años y un día y 20 años», pormenorizó Chong.
Y agregó que «a la vez nosotros le habíamos imputado un delito tributario por el cual también se solicitó una cantidad de años, lo cual estaría descartado. Eso ya representa una rebaja y en el caso de los delitos de cohecho, nosotros imputábamos un delito de cohecho por cada boleta y el tribunal lo circunscribió a los actos funcionariales».
