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Parte de los $10 millones que recibe el ex general de aviación, Jaime Alarcón, son pagados a través de una pensión aprobada por un departamento de la División de Asuntos Institucionales que él mismo dirige. Cada tres meses, además, recibe otros dos millones por concepto de desahucio.
Juez y parte. Así consignan fuentes al interior de la subsecretaría de Fuerzas Armadas luego de enterarse que el ex general de aviación de la FACH, Jaime Alarcón, después de asumir como jefe de la División de Asuntos Institucionales en el organismo, encargado entre otras materias de la gestión de asuntos previsionales, haya sido favorecido con un proceso de reliquidación de su pensión en la misma repartición que dirige.
La historia se remonta a febrero de este año, cuando fue aprobada la reliquidación de la pensión de Alarcón, sumado a la cancelación de un desahucio en cuatro cuotas. La pensión del ex general de aviación de la Fach, visada por el mismo departamento a su cargo, quedó en $3.828.066 pesos. A esta cifra se le suma por concepto de desahucio $7.691.412 (monto dividido en cuatro pagos de $1.9 millones). A parte de este ingreso mensual, percibido en calidad de ex funcionario de las Fuerzas Armadas, Alarcón recibe un sueldo mensual de $6.128.593 en un cargo público como jefe de la División de Asuntos Institucionales.
Raya para la suma –sumando su pensión y sueldo como funcionario público-, los ingresos mensuales de Alarcón bordean los 10 millones de pesos ($9.956.659). Cada tres meses, sin embargo, incorporando lo que recibe por desahucio, su renta alcanzaría los $11.879.512, superando con creces lo que recibe, por ejemplo, el Presidente de la República, quien cada mes percibe $7.564.829 bruto (6.052.489 líquidos).
El beneficio otorgado al ex general se materializó luego de haber sido reintegrado a las filas de una entidad dependiente de Capredena, como lo exige la ley, accediendo a una reliquidación de su pensión, reajustando su pago (o sea, aumentándolo), y entregándole un segundo desahucio cancelado en 4 meses.
Lo cuestionable, aseguran fuentes al interior del organismo, es que este proceso fue realizado y autorizado por el Departamento de Previsión Social de la subsecretaría de FFAA, entidad que es una sub área de la División de Asuntos Institucionales, encabezada por el ex general de la FACh, por lo que en la práctica, quienes procesaron el aumento en sus pagos, fueron sus propios subordinados.
Consultados por esta cuestionada práctica, desde la subsecretaría de FF.AA. descartaron que «él mismo se haya otorgado» esta reliquidación de pensión, argumentando que es «el Departamento de Previsión Social quien revisa, califica, y propone al Subsecretario la resolución de otorgamiento de las reliquidaciones de pensiones».
No obstante aquello, la subsecretaría omitió que según su organigrama, el Departamento de Previsión Social es una entidad dependiente de la División de Asuntos Institucionales, la cual es dirigida por Alarcón.
Más aún, la resolución en la que la subsecretaría de FFAA da cuenta de la contratación de Alarcón en 2018, afirma en dos oportunidades que una de sus labores será atender «materias previsionales».
Así, el documento menciona que será «responsable de la gestión de temas de nivel ministerial de las ramas de las Fuerzas Armadas, en materias previsionales, trámites institucionales y sobre políticas públicas para el sector de la defensa nacional». Además, el ex general sería el responsable de «los trámites sobre actos administrativos previsionales y de comisiones del personal de la propia Subsecretaría».
Cabe mencionar que Alarcón se hizo conocido en los medios en 2012, cuando era director de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), y dio declaraciones defendiendo su gestión por la caída del Casa 212 en la Isla Juan Fernández, que acabó con la vida de 21 personas, entre ellas, el animador de televisión Felipe Camiroaga.
El fallo por el caso fue dictado en mayo de este año por la Corte Suprema, que estableció la responsabilidad de la FACh en lo ocurrido, y condenó al Estado a pagar más de mil millones en indemnizaciones, dejando fuera de la resolución a la DGAC y liberando de responsabilidad a Alarcón.
Un reciente reportaje de Ciper reveló que las pensiones en las instituciones adscritas a Capredena han doblado sus montos en los últimos 10 años. Una situación que explicaría, en parte, la abultada cifra que el ex uniformado recibe cada mes que se empinaría sobre los diez millones de pesos, sumando su pensión, sueldo actual y desahucio.
Según consigna la investigación periodística, al 31 de diciembre de 2019 las pensiones sobre las 60 UF (equivalente a $1.698.596 a esa fecha) totalizaron 8.691 casos. Esto es, un gasto anual de $254 mil millones. Eso es el doble del desembolso registrado en 2010 cuando el gasto en pensiones por sobre las 60 UF sumó $125 mil millones.
En total, Capredena financió 105.928 pensiones a fines de 2019, con un desembolso mensual de $91.145 millones. De estos montos, 90% provendría de las arcas fiscales, y sólo 10% de los ahorros de los propios militares, afirmó también Ciper.
Desde la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el parlamentario Guillermo Teillier (PC) se manifiestó preocupado por la potencial auto asignación, y lamentó que las cifras hablen de una «desigualdad brutal«. “Este es un tema que nunca ha estado bien claro. Yo esperaría una aclaración del Ministerio de Defensa y una investigación de parte del mismo. Si hubiera efectivamente una auto asignación significaría que aún quedan resabios de corrupción en las esferas de las FFAA (por lo que) se necesita una pronta respuesta«, agregó el presidente del PC.
Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Defensa, el senador Pedro Araya, señaló que «aquí puede haber un conflicto de interés o una infracción a la probidad debido a que esta persona era la encargada que tenía a su cargo el tema», por lo que llamo a investigar, y «a modificar la normativa si es necesario para evitar estas situaciones».
«Espero que con estos antecedentes sea la propia Subsecretaría la que realice la investigación, o, en su defecto, sea la Contraloría la que determine si existen faltas a la probidad en esta materia. Claramente vamos a tener que volver a estudiar porque se producen situaciones como esta, y se requerirá seguramente una modificación al sistema previsional de las FF.AA. a fin de evitar las reliquidaciones», afirmó Araya.
Por su parte, la diputada del PPD y también miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Loreto Carvajal, criticó la «práctica continua de recontrataciones de oficiales de las FF.AA. y que sigue siendo una constante», y llamó a llevar a cabo «una investigación profunda».
«Hemos afirmado de manera constante que no puede haber un sistema previsional para las FF.AA. y otro para los ciudadanos comunes y corrientes. Obviamente que las FF.AA. defienden este sistema porque se provocan este tipo de irregularidades. La verdad es que en mi condición de integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara vamos a pedir los antecedentes que sean correspondientes, y es evidente que el cambio -que incluso la Contraloría a propósito de una comisión investigadora señaló que debía ‘hacerse ahora de manera urgente’-, debe ocurrir», sostuvo la parlamentaria.
En cuanto a una posible auto asignación de la pensión por parte de Alarcón, Carvajal agregó que «en este caso, con un funcionario que tiene incidencia directa sobre el sistema previsional, por supuesto que es inaceptable. Hoy día, sin más trámite, debemos exigir explicaciones y vamos a hacerlo de la manera que corresponde en la Comisión y de cara al país». «El subsecretario de Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa tendrán que aclararnos estas situaciones y las atribuciones de este funcionario, que nada se condicen con la necesidad de transparencia y de mayor probidad por parte de las FF.AA.», cerró la diputada PPD.
Por otro lado, el doctor en ciencias políticas y ex director de Defensa de Chile 21, Mladen Yopo, sostuvo que este tipo de situaciones, «aunque muchas veces son legales, presentan un problema de legitimidad de por medio. Lo legal no necesariamente es legítimo. Puede que se cumpla con cada uno de los preceptos de las leyes, pero hay que tener en consideración que si tenemos pensiones básicas que no alcanzan los 100 mil pesos, y que alguien saque de pensión arriba de los 3, 4 o 5 millones, y además a través de otros mecanismos -aunque sean legales- tenga un sustento ‘x’, me parece a mí que no es legítimo».
De la misma forma, Yopo agregó respecto a la reliquidación de la pensión de Alarcón que «esto de la rejubilación, que ha costado miles de millones, y las altas pensiones de las FF.AA., financiadas principalmente por el Estado, a una edad temprana, no me parecen cuando existen discusiones sociales muy fuertes por el tema de pensiones».
«En general la carrera militar es muy corta, dado el sentido profesional que hay hoy en día y los gastos que se hacen en la formación del personal. Es un tema que se va a tener que discutir. Ahí hay un tema que no es menor. Porque al final de cuentas es un problema que carece de un sentido de lo esencial, que tiene que ver con cómo fomentamos el profesionalismo en defensa. Creo que con el cambio en la Constitución hay una oportunidad para poder ordenar un poco el tema de las Fuerzas Armadas y la defensa. Poder empoderar un mayor nivel de control y de profesionalismo, que sea acorde a las necesidades del mundo actual y legitimidades que requiere un sistema democrática», complementó el experto.
