A dos años del femicidio de Silvana Garrido: El escaso avance de la justicia para condenar a su agresor

Francisca Barbosa recuerda a su amiga Silvana Garrido Urdiles como una joven alegre, decidida y siempre preocupada de sus amigas y familiares. “Había estudiado trabajo social y le gustaba mucho ayudar, también empoderar a las mujeres como cuando las maquillaba”, cuenta. Cada vez que salen a marchar, dice, sienten que Silvana las acompaña, porque ella habría sido la primera en manifestarse por justicia.

Hace dos años la joven, de 25 años, fue víctima de un femicidio por parte de su conviviente que la lanzó del piso 23 del departamento que arrendaban en Recoleta. Desde ese día en que se denunciaron los hechos, la investigación judicial ha tenido escaso avance: hasta hoy no se han dictado medidas cautelares contra su agresor porque la investigación se encuentra desformalizada. Un aspecto que mantiene activo al círculo cercano de Silvana que, a dos años de su femicidio, identifica las trabas del sistema judicial para las víctimas de violencia de género:

“No puede ser que nos parezca obvio que las investigaciones por femicidio sean tan largas. Deberían ser una prioridad en la agenda de fiscales y tribunales. Nosotras exigimos que se formalice lo antes posible, que se realicen todas las diligencias pertinentes y que el procedimiento sea llevado a cabo por autoridades instruidas en el tema y en la metodología de la perspectiva de género”, ha manifestado el colectivo feminista “Justicia para Silvana”, que integra Francisca y las amigas de Silvana.

La postergación del proceso no ha permitido contar con los resultados de la exhumación del cuerpo de la joven, una diligencia que podría entregar antecedentes más específicos sobre el femicidio. Esta fue realizada en septiembre de 2019 por la médica forense Vivian Bustos, profesional de gran trayectoria en peritajes criminalísticos. El informe no solamente es una pericia médica-biológica, sino que también antropológica, lo que entregaría una mirada más integral de lo ocurrido el día de su asesinato, como lo explica Francisca Millán, abogada del estudio jurídico AML Defensa Mujeres que tomó el caso: “Va a ser determinante en el curso del proceso porque nos dará información relevante sobre cómo fue la dinámica de la caída, los rastros que continúan en el cuerpo de Silvana respecto de cómo sucedieron los hechos y que se pueda establecer si hubo o no actuación de terceros”.

La falta de resultados en el caso de Silvana revela, además, fallas de origen en la investigación. Dentro de los primeros meses, su muerte fue considerada suicidio y, luego, cuando el caso llegó hasta la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar y Género, se catalogó como femicidio. En ese entendido, se solicitaron diligencias fundamentales que siguen pendientes, como la toma de declaración de testigos que se han ofrecido y la revisión del celular de la joven. Y si bien la Fiscalía ha contado con un importante grado de retraso en las causas por el contexto Covid, aquí se manifestó mucho antes, aclara Millán. “Para una causa de esta envergadura deberían tener hechas las diligencias al día de hoy”, enfatiza.

Francisca Barbosa agrega que la pandemia también ha dificultado la comunicación entre los encargados de las pericias. “En un comienzo nosotras sabíamos quién era el teniente a cargo de la investigación luego de la exhumación, hablamos, intercambiamos teléfono, pero ahora no sabemos nada de eso, quién es el culpable de la falta de diligencias”, cuenta.

Las trabas en la justicia

Francisca Barbosa cuenta que en estos dos años han conocido otros casos de femicidios que han quedado igual de postergados por la justicia que el de Silvana, incluso, por mucho más tiempo. Y aquí recuerda el femicidio de Lissette Ramos Vásquez, de 26 años, asesinada en 2017. “Es muy indignante porque ella la mataron en una población de Lo Espejo a las dos de la tarde, fue su conviviente quien le disparo. Esto se comprende dentro de un delito flagrante. Han pasado tres años y todavía no hay juicio”, comenta. Hoy su femicida está en prisión preventiva, pero la fecha del juicio nuevamente fue postergada.

Desde una mirada más amplia, la abogada Francisca Millán apunta a la deficiencia que, en general, caracteriza a las investigaciones en materia de género. “Tienen ritmos de tramitación lentísimos por parte del Ministerio Público y lamentablemente también son las principales que se deciden archivar o no perseverar en ellas”, señala. Además, explica que la mayoría de causas de violencia intrafamiliar comienzan su tramitación en tribunales de familia, hasta que se constata que lo denunciado es un delito y se deriva al Ministerio Público. “Cuando esto pasa son muy pocas las veces en que el Ministerio se hace cargo de lo que viene de Familia. En la normalidad de los casos no se contactan con las víctimas, no se realizan diligencias iniciativas y, finalmente, son archivadas. Para que estas causas avanzan necesitan de un impulso procesal de un privado que sea querellante”, precisa.

Claudia Neira, vocera de la Coordinadora 19 de Diciembre por el Día contra el Femicidio, estima entre dos a cuatro años el tiempo de espera para iniciar los juicios en causas de femicidios. Para ella, sin embargo, las trabas en la justicia son anteriores a la muerte de la persona, más bien se registran a partir de las denuncias de las mujeres por violencia. “El trabajo deficiente de las policías es algo común: ocurrió con Macarena Valdés, con Marta Bustos. Ella es una chica que apareció muerta en un vertedero tapada con cal y que el SML dijo que era muerte natural. Los fiscales tampoco disponen de medidas necesarias para hacer la investigación con enfoque de género”, plantea.

Sobre esto último, da otro ejemplo: “Está el caso de Ximena Cortés, donde ha habido juicio porque los peritajes se realizaron de mala manera. Ella tenía múltiples heridas en su cuerpo que evidencian la intervención de terceros, pero la última hipótesis fue que esto fue de a poco, como si se hubiese suicidado en tres días, algo irrisorio”, señala sobre la mujer encontrada agonizante en 2017, en la base aérea Cerro Moreno de Antofagasta, donde el principal sospechoso es su conviviente.

Esta inoperancia, sostiene Neira, termina por desgastar el núcleo familiar y de amistades que mantienen la pelea por la búsqueda de justicia por las víctimas. “Esto dificulta que las familias puedan hacer un duelo tranquilas porque todo el rato tienen que estar agitando para que la investigación resulte y, a la vez, tener un abogado es caro. Son familias solas enfrentando al sistema judicial”, concluye.

[Te puede interesar]: Día nacional contra el femicidio: Presentan proyecto de protección y reparación a familias de víctimas

Silvana presente

“Me sentí abandonada por el Estado, pero como mamá toda la red de apoyo que he tenido, ha hecho que sigamos en esto y para conseguir justicia por mi hija”, manifiesta Marcia Urdiles, madre de Silvana.

Este miércoles, acompañada de las redes de mujeres feministas, abogadas y amigas de Silvana irá hasta el centro de justicia para una vez más hacer visible el caso de su hija. Algo que en muchos otros casos, asegura, no ocurre de la misma manera.

«Si es que no hay un grupo que constantemente esté haciendo presión ante las instituciones, como Fiscalía y PDI, son cerrados y nunca se determinan los culpables. Como mamá han sido dos años dolorosos, de pena, de impotencia y entendí que nos vamos a enfocar que lo único que queremos es justicia por ella y por sus compañeras. Son muchas las que no han tenido ni siquiera una foto en redes sociales porque no se conocen sus casos”, expresa.

Es en ese contexto, Marcia lamenta la falta de protección para los familiares de las víctimas, como lo ha tocado de manera personal. “Hay un peligro para la sociedad de que este asesino esté libre, pero así es el sistema siempre privilegia a asesinos y violadores y nosotras estamos totalmente desamparadas”, sostiene. «Nos interesa movilizar para poner en el centro de la discusión política que nuestras vidas importan y que se necesita mas que una condena para hacer justicia. Por ahora, ponemos énfasis en la impunidad y la responsabilidad del Estado», concluyen el colectivo «Justicia para Silvana».