Organizaciones por los Derechos Lingüísticos de naciones originarias se reunieron este viernes a las afueras del Ministerio de Educación para hacer entrega formal del recurso de protección interpuesto en contra del presidente, Sebastián Piñera, el Ministerio de Educación, Raúl Figueroa, y la Contraloría General de la República, ante el decreto ministerial que modifica estatus de la asignatura de Lengua Indígena de obligatorio a optativo, condicionándolo al consentimiento de los apoderados.
Entre las personas que respaldan este recurso de protección se encuentra Elisa Loncon Antileo, investigadora y doctora en lingüística, quien expresó que «estamos frente a una nueva muestra de discriminación institucional, donde el racismo y el colonialismo son parte de la agenda neoliberal de este gobierno. El trabajo que hemos desarrollado durante décadas los quieren borrar con un decreto”, señaló la también candidata a constituyente por escaños reservados.
Esta acción convocó a organizaciones Mapuche, Quechua y Aymara, quienes adhirieron al recurso. Jeannete Pacheco Campos, miembro de la Asociación Aymara Quechua Jac’ha Marka, expresó que estamos frente a un lingüicidio. “Cómo es posible que nos imponga la enseñanza de lenguas extranjeras y nosotros que estamos presentes hace miles de años no se nos da prioridad. El Estado merma la posibilidades de revitalizar nuestras culturas y nuestras lenguas”, comentó la educadora quechua.
Derechos Humanos
Uno de los temas centrales expresados en la declaración fue que el decreto afecta el principio de progresividad en materia de derechos humanos, lo que implica un retroceso en el ejercicio del derecho lingüístico en el sistema educativo, porque deja a criterio de los apoderados el aprendizaje de la lengua y el Ministerio de Educación se desvincula de promover política pública en esta materia.
El recurso de protección en defensa de la la Asignatura de Lengua Indígena admitido en la Corte de Apelaciones de Santiago, exige al Presidente, al Ministerio y a Contraloría, entregar todos los antecedentes de la consulta y el decreto en un plazo de 5 días hábiles.
Juan Pablo Arrué, miembro de la Cooperativa Jurídica Inkachefewen, explicó que, «nos encontramos no solo ante vulneraciones de derechos fundamentales, sino ante un abandono y un apartamiento por parte del Estado de sus obligaciones contraídas por en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, establecidas en la La Ley Indígena 19.253 y en el Convenio 169 de la OIT”, comenta el abogado.