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Mientras desde el Instituto de Salud Pública desestimaron que exista una normativa que exija una prescripción médica para el expendio de pastillas anticonceptivas, tras una denuncia sobre una solicitud que estaría haciendo Cruz Verde, colectivos denuncian poca atención del Estado en materia reproductiva, lo que a juicio de sus representantes se ha incrementado en tiempos de crisis sanitaria.
El fin de semana fueron varias las denuncias que se hicieron en redes sociales respecto de una solicitud de Cruz Verde de una receta para la compra de anticonceptivos, apuntando a una disposición del Instituto de Salud Pública (ISP), lo que ha movilizado a distintos colectivos e incluso al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, entidad que a través de su titular, Mónica Zalaquett, informó la materialización de gestiones para revertir la decisión del estamento estatal.
“Estamos realizando gestiones para que el ISP revierta en el más breve plazo la disposición de exigir receta médica para la compra de anticonceptivos. Esta medida vulnera aún más a miles de mujeres que ya enfrentan situaciones complejas por esta pandemia”, aseguró la secretaria de Estado este mediodía.
Por su parte, desde Miles Chile, corporación que promueve el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, su coordinador de salud sexual, Eduardo Soto, entregó su opinión al respecto, dejando claro que el problema evidenciado durante los últimos días es de significativa relevancia.
«Ayer nos enteramos en Miles, por redes sociales, que una farmacia que es Cruz Verde, estaría solicitando la receta para la compra de anticonceptivos por delivery. Hemos hecho las indagaciones, nos comunicamos con el ISP (Instituto de Salud Pública) y no hay ningún documento que establezca que los anticonceptivos se deban comprar con receta, al menos en este momento. Lo que sí hay es una resolución del ISP donde consigna definiciones y lineamientos para la adquisición de remedios en el contexto de alerta sanitaria. Y básicamente, lo que establece es que se aceptan las recetas virtuales para la compra de medicamento. Ya no es necesario tener el papel firmado, puede ser una receta virtual emanada a través de un mecanismo específico para eso, un software o a través de correo electrónico o WhatsApp para poder comprar los medicamentos y, entre los medicamentos, se incluyen los anticonceptivos», asegura el matrón de profesión.
Y agrega que la información transparentada es la que ellos, de momento, manejan. «No hay una regulación específica para anticonceptivos, hay una regulación general que habla de todos los medicamentos y sería para facilitar la compra con un documento virtual en vez de tenerlo en papel», detalla.
En este sentido, complementa que «la interpretación que hace la farmacia es que para las compras por delivery, se requiere una receta. Eso nos parece sumamente grave, entendiendo que en pandemia se está restringiendo la movilización, estamos con un alza de casos no vista el año pasado y que tenemos ya la historia de anticonceptivos que venían defectuosos y que afectó a muchas mujeres del sistema público y de la cual ya cerca de 170 (mujeres) presentan embarazos no planeados de la marca Anulette que venía con desperfectos».
De hecho, para Soto «lo grave de esto es que no hay una señal clara, se envía una directriz muy general que deja a interpretación de las farmacias para qué exigir y no exigir receta. Entiendo que es deseable que cada mujer que inicia un anticonceptivo tenga una consulta personal que prescriba el método disponible y extienda una receta, pero en este contexto de pandemia es muy difícil que las mujeres puedan acceder, por lo tanto se pide un poco más de flexibilidad para que aquellas que estén en tratamiento, sigan adquiriendo su medicamento de la misma forma y que no se pida un requisito extra que hasta en este momento complica el acceso».
Tras el revuelo generado por la cadena de farmacias y el anuncio de Zalaquett, el ISP aclaró que no existe ninguna directriz para exigir una prescripción médica. «No se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia”, declararon al respecto.
«Los anticonceptivos orales pueden ser prescritos por médicos y matronas, y dado que las farmacias son un centro de salud, los pacientes que presenten inconvenientes con sus recetas ya sean físicas, digitales o electrónicas, o bien no cuentan con ella, pueden acudir al químico farmacéutico del establecimiento para recibir orientación y evaluar caso a caso, como se hace habitualmente”, agrega el ISP.
ISP aclara regulación vigente de anticonceptivoshttps://t.co/3GcJyD705s pic.twitter.com/wOzZllkuYl
— Instituto de Salud Pública de Chile (@ispch) April 5, 2021
Soto, por su parte, comenta que durante el último tiempo, «las señales que está dando el Estado son pésimas, ya hay un revuelo por los embarazos producto de los Anulette defectuosos, de los cuales Miles está recabando todos los antecedentes para presentar una querella colectiva, por otro lado el Ministerio de Salud, recién en octubre, saca una orientación técnica respecto a la continuidad de la atención de la salud sexual y reproductiva que contiene algunos lineamientos respecto a anticonceptivos, lo cual es bastante pobre, bastante confuso».
Paralelamente, sostiene el representante de Miles, estas orientaciones, «están basadas en evidencia muy antigua, hablan de preparados anticonceptivos que ya no se comercializan desde hace 20 años. Y no recomiendan el uso de anticonceptivos no basados en evidencia. Y por lo demás son orientaciones que quedan al arbitrio del nivel local, de la unidad administrativa, ya sea municipio o servicio de salud, cuando lo que uno espera es que la autoridad sanitaria en momentos de crisis sanitaria, norme, envíe orientaciones muy claras y obligue a los establecimientos a cumplirlas».
Para Soto, de hecho, «hay una sensación desde la sociedad civil de que este gobierno está barriendo con una política de anticonceptivos que tiene más de 60 años, que se inicia en la década del 70 y que otorgaba a las mujeres una seguridad respecto de los métodos anticonceptivos, lo que hoy no está ocurriendo. Por lo demás, las recomendaciones internacionales y las regulaciones nacionales, como la Ley 20.418 y las normas nacionales de la regulación de la fertilidad, hablan del acceso efectivo a métodos anticonceptivos para las personas que lo requieran, cosa que no está haciendo el Estado al entregar normativas confusas».
Y a continuación agrega que «el Estado tampoco invierte en mejorar la oferta, ya hace mucho tiempo la OMS desaconseja el uso de métodos de corta duración, aun cuando se entiende que cada mujer puede escoger qué método usar, pero se aconseja el uso de métodos de larga duración, como son los dispositivos intrauterinos, los implantes subdérmicos y que están disponibles en el sistema público, pero en muy baja cantidad, por lo tanto, no todas las mujeres están pudiendo acceder a ellos».
«Nosotros participamos del Consejo Consultivo del Departamento de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Salud. Venimos desde el año pasado pidiendo lineamientos claros, pidiendo reparación para las mujeres de los anticonceptivos defectuosos. Hemos sido escuchados, pero no hay ninguna medida clara, por lo tanto vamos a seguir exigiendo al Estado que entregue lineamientos claros respecto a anticoncepción, que invierta más en anticoncepción, tanto en los métodos como en la capacitación de los proveedores y que tenga una línea clara directa con la sociedad civil para poder escuchar las demandas de las mujeres», comenta luego.
Por su parte, Débora Solís, de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, Aprofa, también se pronuncia al respecto. «Que farmacias Cruz Verde solicite para la venta de anticonceptivos en general la receta física, nos parece un descriterio. Primero, porque esto no existe como norma sanitaria, segundo porque estamos en pandemia y lo que se busca es que las personas no salgan de sus casas y tercero porque hay métodos anticonceptivos que, más allá de la primera vez donde se le solicita a todo el mundo (la receta) a partir del segundo mes no requiere receta para poder venderlo y hay otros que siempre requieren receta. Por lo tanto aquí, en primer lugar se debiera exigir una distinción. Sin embargo, esto claramente es un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a tomar métodos anticonceptivos cuando han decidido retrasar o anular la posibilidad de la maternidad», dice entendiendo que desde el ISP no existe normativa al respecto, tal como lo confirmó la entidad autorizada esta tarde, cuando ratificó la información emanada desde las entidades consultadas por este medio.
Paralelamente, Solís apunta al contexto general que ha afectado a las mujeres en edad reproductiva en pandemia. «Nosotros mantenemos el llamado que hacemos a la autoridad a incorporar la salud sexual y reproductiva de todas las personas en este momento que estamos viviendo pandemia. Durante todo el año pasado lo dijimos, lo volvemos a reiterar este año, la salud sexual y reproductiva ha vuelto a estar al final de la fila, la información que hay del gobierno tiene que ver estrictamente con el Covid, los mensajes que reciben las personas son que uno no se acerque a su servicio de salud, Cesfam, matrona, ginecóloga por alguna enfermedad de transmisión sexual, alguna información de cáncer mamario o cambio de método anticonceptivo», denuncia.
En consecuencia, acusa que «aquí todo está centrado en la pandemia, sin vincularla de manera integral con otros aspectos de nuestros cuerpos que son decisivos. Hay una campaña de desinformación en ese sentido, hay atraso en la información y claramente hay faltas graves con respecto a la entrega de orales defectuosos, que hicieron que mujeres se embarazaran habiendo tomado la decisión de no embarazarse y nada de eso ha sido tema para la autoridad sanitaria».
