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A Manfredo Enrique Jurgensen Caesar le anularon su sentencia como cómplice con pena remitida, y en su lugar, lo condenaron a ocho años de presidio mayor en su grado medio, como autor de homicidio calificado de Federico Álvarez. “Aquí hubo personas que traicionaron todos los deberes de la ética médica”, aseguró el abogado Francisco Bustos.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia de casación y de reemplazo en la causa que investiga el crimen del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, asesinado por agentes y médicos de la CNI a través de torturas, hecho ocurrido el 21 de agosto de 1979.
El fallo fue responsabilidad de los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, quienes anularon la sentencia del médico Manfredo Enrique Jurgensen Caesar como cómplice con pena remitida, y en su lugar, lo condenaron a una pena de ocho años de presidio mayor en su grado medio, como autor de homicidio calificado del docente.
Adicionalmente, se confirmaron las condenas de los agentes de la CNI Julio Fernando Salazar Lantery, Carlos Arturo Durán Low, Jorge Claudio Andrade Gómez, Jorge Octavio Vargas Bories, todos afectos a 10 años y un día como autores del homicidio calificado de la víctima.
A lo anterior se suma la ratificación de la condena del médico Luis Alberto Lozada Fuenzalida, a dos años de remisión condicional de la pena como encubridor.
“Creemos que este fallo es muy importante porque desecha las defensas de estos sentenciados que incluían desde culpar a la víctima, pretextar cumplimiento de órdenes, entre otras. Confirma las condenas no solo de los agentes sino también de los médicos, lo cual nos parece muy importante, porque como hemos aprendido desde la Segunda Guerra Mundial y los procesos posteriores a Nuremberg, muchas veces son los civiles los que participan en estos crímenes y permiten que un régimen autoritario pueda mantenerse”, dijo el abogado querellante Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados.
Paralelamente, Bustos aseguró que “la dictadura no sólo podía sostenerse con policías y militares, aquí hubo personas que traicionando todos los deberes de la ética médica -desde el juramento Hipocrático-, participaron en actos coetáneos para mantener a la víctima con vida a fin de poder practicar interrogatorios y torturas, los que derivaron en la muerte de la víctima, y ellos, en definitiva, al supervisar estas torturas permitían que una máquina represiva como el cuartel Borgoño pudiera seguir funcionando”, puntualizó Bustos.
Álvarez Santibáñez fue detenido el 14 de agosto de 1976 cuando distribuía panfletos contra la dictadura. Posteriormente fue entregado a la CNI, cuyos agentes lo torturaron durante cinco días, hasta que fue llevado a una fiscalía militar, a la que ingresó en estado agónico. Durante este tiempo, Álvarez fue revisado por tres médicos de la CNI, quienes en sus informes acreditaban el buen estado de salud de la víctima.
Posteriormente, lo trasladaron a un centro asistencial, donde murió al día siguiente.
En ese entonces, la CNI dijo que Álvarez fue golpeado en la cabeza por los carabineros que lo detuvieron, pero los médicos que lo atendieron certificaron que presentaba contusiones múltiples, quemaduras con cigarrillos, quemaduras eléctricas, fracturas costales y contusión pulmonar.
