Chile, cómplice de la tortura en el siglo XXI

? Pasé ocho meses en una celda de dos por tres metros, con otras tres personas. Sin baño, solo teníamos un agujero en el suelo que tapábamos con un cartón.

? La celda estaba llena de insectos. Nos teníamos que poner papel en las orejas para que no se nos metieran adentro.

? Dormíamos en camarotes de piedra, sobre colchones de un par de centímetros.

Es posible que estos testimonios remitan al lector a tiempos pasados, a centros de tortura o campos de concentración. Pero la verdad es que retratan lo que está sucediendo hoy, ahora, en las cárceles de todo Chile.

La tortura es una asignatura pendiente para el Estado chileno. En 2005, nuestro país firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que ratificó en 2008, obligándose con ello a crear un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en el plazo de un año. Hoy, en 2015, ese mecanismo todavía no existe.

Palizas, amenazas, abusos sexuales, administración de psicofármacos sin prescripción médica son prácticas habituales dentro de los recintos penales, invisibilizadas porque son internos quienes las reciben. Varios de ellos me han contado que los mismos gendarmes los trasladan a las dependencias donde están recluidas bandas de las que son rivales, para que los agredan o, simplemente, los maten.

También me han contado que sus guardianes lo hacen después de golpearlos, para que parezca que sus marcas son producto de una riña. En 2014, ciento treinta y cinco internos fallecieron estando bajo la custodia de Gendarmería; sesenta y dos como consecuencia de agresiones o riñas, según la clasificación que hace la propia institución.

Palizas, amenazas, abusos sexuales, administración de psicofármacos sin prescripción médica son prácticas habituales dentro de los recintos penales, invisibilizadas porque son internos quienes las reciben.

La detección de casos de tortura no es fácil: las cárceles son extremadamente herméticas. Casi los únicos que pueden ingresar son jueces sin ninguna especialización, miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos y, eventualmente, profesionales de la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, estas personas rara vez se enteran de lo que sucede en las prisiones, pues, generalmente, los internos tienen miedo a denunciar. ¿La razón?: seguirán viviendo bajo la custodia de la institución a la que acusan y saben que, si lo hacen, serán víctimas de brutales represalias. Incluso más, los casos de tortura respecto de los que sí existe evidencia terminan sin consecuencia alguna.

En primer lugar, en Chile la tortura no está tipificada como delito, lo que impide que haya condenas por este motivo. En segundo lugar, si bien el Código Penal sanciona ilícitos de características similares (bajo el título de lesiones, por ejemplo), los efectos de su condena son mínimos, pues ni siquiera inhabilitan al responsable para que siga ocupando el cargo de empleado público en el ejercicio del cual cometió la infracción.

Chile la tortura no está tipificada como delito, lo que impide que haya condenas por este motivo

El próximo año, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, institución perteneciente a Naciones Unidas, visitará Chile para evaluar el estado del país en la materia. Sus comentarios y recomendaciones serán entregadas al Gobierno en forma confidencial, y este tendrá la potestad para decidir si los hace públicos o no. Esperamos que dicho documento sea transparentado y se traduzca en una voluntad política real para combatir y erradicar la tortura de nuestro país.