Si tuviésemos que hacer un análisis de la actividad política chilena durante el último año, fácilmente arribaríamos a una certeza ineludible: las reminiscencias de la memoria viva de la transición pactada siguen intactas, y su narrativa perdura con más vitalidad que nunca; la política responsable, la gradualidad y el “realismo sin renuncia”, siguen escuchándose en el vocabulario político de la centro-izquierda en la Nueva Mayoría. Y sus pregoneros disponen aún de tribuna pública para defender aquello que parecía indefendible: la relación entre política y dinero. Por lo pronto, la corrupción política pasó de ser una fechoría mediática y judicialmente condenable, a una necesidad de los tiempos, y cuyos participantes buscan trampear al sistema, con la argucia de la paz social y la cohabitación política. Por otro lado, una cierta narrativa rupturista que desde la “revolución pingüina” ha intentado configurar una otra política que demanda cambios sustantivos al modelo, ha sido abollada en innumerables ocasiones, cooptando a sus líderes como una forma de debilitamiento del movimiento social. El escritor haitiano Lyonel Trouillot, en su maravilloso libro Le doux parfum des temps á venir, nos habla de cierto hábito olfativo de la memoria colectiva, que perdura en una reminiscencia incrustada en lo cotidiano, y a veces nos hace percibir que aquello vestido de lo nuevo, no es más que los olores de ese pasado que se acondicionan a los tiempos actuales.
En un año políticamente convulsionado por la corrupción y el descrédito de las élites dirigentes, una política de la conveniencia, del negocio y del acuerdo se resiste a morir, y a pesar de su agonía, sus defensores –los “lobistas”– siguen perseverando en que la receta del país modelo se nutre con el mecenazgo de aquellos empresarios que amasaron su riqueza al amparo de la dictadura pinochetista. A la fecha, parece una actividad inoficiosa seguir analizando la relación entre política y dinero, tras los bullados casos Penta, Caval y SQM; sin embargo, esto no da señales de acabar pronto. Al terminar 2015, connotados político-lobbistas han intentado sostener que los vínculos entre política y dinero son absolutamente normales en la realidad chilena. Enrique Correa y Fulvio Rossi, dos personeros emblemáticos en esta coyuntura, han intentado restituir la labor del operador –aquel especialista en la cultura de la recomendación–, y del recaudador –aquel agente hábil para tender puentes entre militantes y empresarios.
La persistencia de estos lobbistas en reavivar la narrativa político-instrumental de la conveniencia, nos pone ante un escenario político y social en que probablemente el discurso de la política profesional colisionará con aquella narrativa de la calle, fraguada en una subjetividad político-social, que desde 2006 ha intentado devolver a la política, en sentido estricto, un contenido ético-ideológico que restituya su finalidad transformadora. En este fin de año, estas dos imágenes potentes nos muestran, por un lado, la desesperación de los Correa y los Rossi en su afán de blanquear a las élites políticas dirigentes respecto de su infección con el dinero de los privados, y por el otro lado, vemos a los estudiantes secundarios y universitarios, organizaciones sociales y gremiales que buscan revitalizar los votos contraídos con la sociedad chilena.
Lo que está en juego aquí no es un simple campo de disputa entre demandas y concesiones, entre quienes gobiernan y quienes reclaman, entre élites y movimientos sociales. Esto va más allá: es la narrativa conflictual y disputada de la política que, dentro del mundo “progresista”, sigue perturbando a los militantes, en un diálogo alborotado y confuso entre el discurso bonachón y el discurso fríamente instrumental. En otras palabras, una cultura política que al interior de los partidos de izquierda en la Nueva Mayoría, conviven todavía con cierta histeria ideológica en que desean proponer cambios sustantivos al modelo económico político, pero su fidelidad a la gobernabilidad del país, los cohíbe e inhibe en su afán inicial. Es tal la relevancia de esta cuestión, que dirigentes como Camila Vallejos y Giorgio Jackson, entre otros, han pasado de discursos rupturistas a discursos moderados y conciliadores. Esto demuestra que la transición es porfiada y subsiste de modo incombustible, a pesar de los numerosos certificados defunción que se han extendido en su nombre.
La transición política no hubiera sido posible sin el aporte de los partidos políticos y los empresarios, quienes colaboraron para la estabilidad y la paz social: ése es el relato de la política que intentan restaurar Enrique Correa y Fulvio Rossi, como una suerte de nostalgia hampona respecto de cierto quehacer partidario que busca sacarle rendimiento al negocio electoral. Estos ágiles lobbistas han recuperado la memoria que recuerda los beneficios que generó para sus finanzas personales la llamada política responsable y el paradigma de la cohabitación política. Son ellos, y otros lazarillos en los partidos de izquierda en la NM, quienes se han beneficiado de ese pragmatismo usado y abusado para manipular a sus propios militantes con las bondades del modelo económico-político.
Al interior del Partido Socialista y del PPD, estos personeros siguen siendo tan influyentes para sus dirigencias, que pese a concitar el desprecio de no pocos de sus militantes, ello no alcanza para impedir su participación en la toma de decisiones. Estamos frente a una política instrumental redimida, o más bien ante una política que está en proceso de reacomodo de sus hábitos de supervivencia. Algo de esto no parece tan claro: es una política recauchada, maquillada para ofrecer lo mejor a la ciudadanía, pero en el camino va desarmándose, y se cae a pedazos de tan gastada, de exceso, de abuso y sin interdicción. Es una política adicta al dinero, gastadora, poca austera y nada sencilla. Es una élite dirigente que en el pasado reciente quiso tomarse el cielo por asalto y termino asaltándolo todo. La pregunta que surge, entonces, es ¿se puede confiar en una élite política tributaria de los negocios y de los arreglines?
Aquel impulso “transformador” de la campaña de la Nueva Mayoría, a dos años de su entusiasmo épico, ha quedado reducido a gestos sensibleros que sólo conmueven a sus partidarios más incondicionales: por ejemplo, la aprobación de la “ley corta” de gratuidad en la educación superior aparece como un triunfo programático, y no deja de ser una medida política en la urgencia, que maquilla con algún decoro la relativa voluntad de sus élites dirigentes por cambiar el modelo educacional de mercado. ¿Dónde ha quedado el debate por rescatar el sentido público del sistema educativo chileno? Seguramente, una crítica a los tímidos avances del programa de la Nueva Mayoría sería respondida con la narrativa de la gradualidad y de la moderación. Es decir, la vuelta a esa política negociadora de la transición pactada, que se conformó con los guiños que las élites dirigentes le concedieron a una sociedad que comenzaba a manifestar su malestar con el modelo económico neoliberal.
El desafío es mayor en los tiempos que vienen: en 2016, la política seguirá siendo un campo de disputa de estas narrativas, y no sólo una confrontación entre demandas ciudadanas y ofertas institucionales. Por cierto, los ágiles lobbistas buscarán desactivar todo lo que provenga de la calle y de la asamblea, y seguramente su política perfumada de negocios intentará predominar… Entonces, otro olfato, hecho de barro, de calle y esquina deberá contraponer y reponer sus convicciones.