“Plan Nacional de Salud mental”: Críticas y alternativas desde la comunidad

El Ministerio de Salud ha definido un proceso de elaboración de un nuevo “Plan Nacional de Salud mental” garantizando “la mayor participación posible”. Sin embargo, la propuesta metodológica para el desarrollo de esta iniciativa en el marco del Estado ha expresado restricciones para la ampliación de los espacios de construcción colectiva de la política pública de salud mental. La “Red salud mental y comunidad” representa un espacio de encuentro de perspectivas críticas y alternativas para superar esas limitaciones.

En Chile, las políticas públicas de salud mental se han desarrollado en los últimos años desde un enfoque comunitario. El eje de la reforma ha consistido en la inyección de mayores recursos para la ampliación de las consultas de salud mental en centros de atención primaria y el desarrollo de dispositivos ambulatorios, complementando las prácticas tradicionales de internación psiquiátrica y la presencia de instituciones psiquiátricas monovalentes en el modelo de atención de salud mental. En el marco del Estado, el enfoque comunitario se ha entendido principalmente como un “modelo de gestión” de los padecimientos mentales de la población, en base a la creación de una red de dispositivos comunitarios orientados a desarrollar acciones sanitarias y asistenciales en el ámbito local.

Si bien el enfoque comunitario en salud mental ha tenido avances en la reforma y reconversión de la asistencia psiquiátrica asilar, actualmente, persisten serias deficiencias en lo que respecta a su plena implementación. Las principales limitaciones se encuentran en la mayor cobertura y financiamiento para psicofármacos en comparación a intervenciones psicosociales y comunitarias. Las cifras señalan que el gasto público en psicofármacos antipsicóticos y antidepresivos entre los años 2008 y 2012 corresponde a más de 32 mil millones de pesos. A su vez, representan serias contradicciones con el modelo comunitario la plena la vigencia de hospitales y clínicas psiquiátricas de carácter público y privado, restricciones para la horizontalidad en el trabajo interdisciplinario a partir del predominio del modelo psiquiátrico en los procesos de atención y la escasa vinculación intersectorial orientada a garantizar servicios sociales para la inclusión en la comunidad; elementos que determinan graves deficiencias en la calidad de la atención y el respeto de los derechos humanos en el campo de la salud mental en nuestro país.

En este contexto, el año pasado el Ministerio de salud estableció como línea de trabajo la actualización del “Plan Nacional de Salud mental”, elaborando un documento convocante para su revisión y discusión ampliada. De acuerdo a la propuesta metodológica establecida por el Ministerio, el proceso de elaboración institucional del nuevo Plan incluye una consulta pública a realizarse en mayo, para culminar su redacción final y lanzamiento oficial entre junio y julio de este año. Sin embargo, hasta el momento, los organismos de gobierno han puesto barreras a la ampliación de los espacios participativos, anulando la apertura hacia el diálogo colaborativo con la ciudadanía. A pesar de los canales de difusión e instancias de análisis para recolectar observaciones y aportes en la construcción del nuevo “Plan Nacional de Salud mental”, estas orientaciones se han restringido a los espacios institucionales, limitando el desarrollo de un debate público sobre esta iniciativa.

En la práctica, la construcción del nuevo Plan se ha limitado a reproducir lógicas de participación cerradas en sí mismas, bajo el control de la institucionalidad. Por un lado, la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para la discusión interna y elaboración del documento se realizó de manera direccionada y restringida, limitándose a la presencia de actores institucionales. En esta línea, cabe destacar la participación de ONGs que dependen del financiamiento estatal por medio de subsidios o licitaciones de programas, sociedades científicas vinculadas a la industria farmacéutica y organizaciones de familiares asociadas a los organismos de gobierno y al gremio psiquiátrico. De esta manera, el documento fue discutido mayoritariamente con actores que despliegan una incidencia privilegiada al presentar intereses comunes y un consenso amplio en torno a la primacía del modelo psiquiátrico en salud mental, anulando el debate social sobre las críticas y falencias de este enfoque.

Por otro lado, los espacios de análisis del documento al interior de los servicios de salud se realizaron con delegados de equipos y establecimientos, limitando la participación ampliada de los ejecutores de los planes y programas en salud mental en este proceso. En particular, las trabajadoras y trabajadores de la salud mental que, de acuerdo a sus agendas y horas de contratación, pudieron hacerse parte del debate, fueron convocados en plazos acotados y en formatos inadecuados para profundizar la discusión y expresar un diagnóstico crítico, alternativo y propositivo en relación a los contenidos del borrador del “Plan Nacional de Salud mental”.

Finalmente, los organismos de gobierno no han validado la participación de los beneficiarios inmediatos de la política pública: las personas que reciben atención de salud mental. La comunidad de usuarios y usuarias de servicios de salud mental ha sido marginada del derecho de decidir, opinar y sobre todo a participar del proceso de discusión de un plan que ambiciona proyectarse por 10 años sin consultar con la ciudadanía sus propósitos y contenidos. De esta forma, los organismos de gobierno han pasado por alto el reconocimiento básico que las perspectivas y orientaciones para mejorar y fortalecer la política pública de salud mental pueden adquirir un matiz distinto y un significado particular si nos posicionamos desde el punto de vista de las personas que reciben atención en los servicios de salud mental.

Sin embargo, las medidas anteriormente descritas no son recientes, más bien han sido una constante en los gobiernos democráticos. Durante décadas, los mecanismos de legitimación social de la política pública de salud mental en nuestro país, han operado sin considerar el rol de todos los actores sociales vinculados a este campo, desestimando la participación ciudadana ampliada en este proceso. Y esta lógica, nuevamente se reproduce en el marco de una propuesta metodológica que pretende ser participativa pero que no lo logra en principio. Por el contrario, expresa la esencia de un modelo de conducción de los asuntos públicos definido desde la tecnocracia de los “expertos”, principalmente psiquiatras y un reducido círculo de asesores, que promueven espacios consultivos limitados sólo para legitimar la centralización de la toma de decisiones. Un modelo que en la práctica representa las claves de un Estado que no dialoga con la sociedad.

En este contexto, la plena implementación del modelo comunitario que augura el nuevo “Plan Nacional de Salud mental” no puede realizarse a espaldas de la ciudadanía. Sectores conservadores defienden la tentativa de resguardar el modelo psiquiátrico asilar, por lo tanto, se requiere profundizar los procesos orientados a consolidar una política de salud mental más efectiva y democrática. La pregunta es si los sectores progresistas, ligados a los organismos de gobierno, estarán dispuestos a esta apertura o se aferrarán en su opción tradicional de negociar desde las cúpulas los espacios de poder y la distribución de los recursos. Desde los años 90, la discusión sobre la salud mental comunitaria se ha limitado al poder e influencia que los actores institucionales ejercen sobre el Estado para imponer sus demandas, dejando fuera de las decisiones políticas a los actores sociales, principalmente la comunidad de usuarios y usuarias de servicios de salud mental, modalidad que ha permitido la vigencia del modelo asilar y la ampliación de las lógicas manicomiales en nuestra sociedad.

Por lo tanto, es necesario asumir que las deficiencias en la implementación del modelo comunitario, tienen su origen en la lógica que los organismos de gobierno han establecido en la planificación de la política pública de salud mental desde el retorno de la democracia. En este sentido, un cambio de paradigma, como se ha querido llamar al modelo comunitario, no puede basarse en decisiones impuestas “desde arriba” sino en la direccionalidad de la ciudadanía en la construcción de una nueva salud mental comunitaria, que permee las prácticas institucionales, los modelos de atención y la relación ética entre los equipos de salud mental y las personas que demandan ayuda, en un marco de respeto a los derechos humanos.

Estas transformaciones no han podido concretizarse desde los espacios institucionales porque representan un proceso complejo, plagado de tensiones y resistencias, que solo podrá lograr avances por medio de la participación, colaboración y organización de las personas que han vivido experiencias compartidas en los servicios de salud mental hacia la construcción de un movimiento social. En este movimiento, las trabajadoras y trabajadores de la salud mental podemos estar involucrados, pero debe ser liderado necesariamente por la comunidad usuarios y ex usuarios de servicios de salud mental como expertos por experiencia.

Para esta democratización de la salud mental, es necesario abrir la temática a una discusión pública, construir espacios donde la ciudadanía pueda tomar la palabra y alzar la voz respecto a su bienestar colectivo, así como construir poder desde la comunidad y disputar los espacios de toma de decisiones para que el proceso de construcción de la política pública no lo lideren los mismos de siempre. Pero este camino requiere la ampliación de los espacios participativos, abrir los puntos de controversia, crear espacios de debate, propiciar el desarrollo de reformas y la construcción de alternativas.

Para ello, nos hemos reunido en torno a la “Red Salud mental y Comunidad”¹ con el objetivo de pensar y reflexionar sobre el estado actual de la salud mental en nuestro país, compartir experiencias, debatir perspectivas y problematizar los discursos y prácticas definidas desde la institucionalidad para intervenir en el campo de la salud mental; con el objetivo de proponer ejes de transformación en este ámbito desde las organizaciones sociales y los espacios comunitarios. Más allá de los intereses de la institucionalidad, la participación es el requisito para poner en marcha procesos de cambio. Lo(as) invitamos a ser parte de esta iniciativa para construir juntos una nueva salud mental para una nueva sociedad.