Reforma laboral: entre vetos y blindajes

Los últimos acontecimientos en la tramitación de la reforma laboral permiten concluir que ésta fue cocinada -desde la redacción misma del proyecto- sobre la base de la política de los consensos. Ello explica que la Nueva Mayoría le haya cedido a la derecha el 90% del articulado -incluidos los pactos de adaptabilidad- a cambio de que éstos cedieran en tres puntos: Que sólo los sindicatos puedan negociar colectivamente (titularidad sindical); el fin de la extensión unilateral de beneficios por parte del empleador y, la instauración de la obligatoriedad de negociación con sindicatos ínterempresa.

Esa era la lógica transicional de ésta reforma, como lo han sido todas las anteriores; la que tiene por origen tanto la existencia de mecanismos de veto -que impiden la aprobación de una reforma sin el acuerdo de la derecha- como la renuncia del programa original y abandono de la disputa política por parte de la Concertación, hoy Nueva Mayoría.

El detalle en esta ocasión, fue que la derecha no cumplió su parte e  impugnó el proyecto de reforma laboral ante el Tribunal Constitucional, en donde tienen mayoría.

Esta situación, que tras bambalinas es calificada por el gobierno como un atentado a la política de los consensos y la buena fe por parte de la derecha; hoy los mantiene estudiando las alternativas para superar el impasse. Desde el ala progresista rasgan vestiduras, reclamando que lo mejor que puede pasar con la reforma laboral es que no se promulgue y se archive; en cambio, en la DC, se regocijan con no pagar los costos tras la «advertencia de la inconstitucionalidad del proyecto», logrando con mano ajena su objetivo político.

En estricto rigor la alternativa del ala progresista es bregar porque no se promulgue el proyecto, y con ello no otorgar las mayores ventajas y prerrogativas que el proyecto supone para el empresariado; cuestión que si bien es lo menos malo que podría ocurrir, lo cierto es que no deja de ser irrelevante tomando en consideración las enormes ventajas de que ya goza este sector, producto de las reformas transicionales operadas desde 1990. Si a ello sumamos la irrelevancia del progresismo para incidir en la tramitación legislativa, es muy improbable que el proyecto se archive. Por lo demás siempre es mejor una buena puesta en escena para anunciar una «reforma histórica» en un contexto de año electoral, que auto propinarse una derrota de cara a la opinión pública, sobre todo tomando en consideración que el impacto negativo de la reforma solo lo entiende una pequeña parte del mundo del trabajo.

De una u otra manera el gobierno generará una salida a partir del veto presidencial, pero no para imponer un punto de vista al empresariado, sino para buscar una solución honorable que de por superado el impasse con la derecha y todo siga como siempre.

Lo cierto es que esta situación expresa que el sistema de representación es absolutamente impermeable a las reformas que apunten a pilares estructurales del modelo. Que no es posible la negociación política sobre estos aspectos y, que en el evento de ser discutido, operarán los mecanismos de veto institucional para garantizar «el empate», que no es otra cosa que el mantenimiento de las reglas del juego favorables a la derecha y el empresariado.

Por lo anterior resulta relevante comprender -y en especial por parte del mundo sindical- la necesidad de presionar para alcanzar el mayor acuerdo político y social entre las fuerzas democráticas y activar la movilización en torno a la eliminación de las trampas y vetos de la constitución del 80.

La superación del orden pinochetista pasa indefectiblemente por este cambio en las reglas del juego. Es por ello que esta demanda democrática y estratégica para concretar los cambios pendientes -e inclusive generar una Asamblea Constituyente- debe ser el eje del debate político en el actual contexto del bienio electoral.

No existe claridad en torno al camino para superar los blindajes, pero lo que es claro es que sin que los diversos actores políticos y sociales se manifiesten expresamente en favor de la superación de los mismos, ningún proceso de reforma institucional -e incluso una eventual asamblea constituyente- será capaz de garantizar una nueva institucionalidad sin cartas marcadas.

El debate en torno a la valoración o la participación en los mecanismos de canalización política y social del actual proceso constituyente, no puede obstaculizar el acuerdo central sobre el fin de las trampas constitucionales; es éste acuerdo el que hará posible sentar las bases para la conquista de los derechos sociales -entre ellos un nuevo Código del Trabajo- como obra del avance democrático de la sociedad chilena.