400 despedidos en la industria del salmón este lunes, alcaldesa de Ancud se querella en contra de la Armada y Sernapesca en tribunal ambiental, y los acuerdos parciales entre pescadores y el gobierno no tienen efecto para el desbloqueo de rutas y destrabar el conflicto en Los Lagos, que ya se extiende por más de dos semanas.
Nuevamente un conflicto local territorial vuelve a poner en jaque a los gobiernos en esta nueva década. Ya fue el caso de Magallanes (2011), Aysén (2012), Freirina (2012) y Tocopilla (2013), durante la gestión de Sebastián Piñera, y ahora, al manejo del desastre en Copiapó (2015), incluida la reciente movilización de funcionarios públicos en demanda del bono “Atacama”, se suma Chiloé y toda la región de Los Lagos.
Las evidencias son concretas y palpables. La fractura entre el Estado y los gobiernos democráticos, con un modelo centralista y neoliberal, con amplias prerrogativas al sector comercial empresarial, y el abuso en el control de bienes públicos y derechos esenciales, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ha hecho agua con Bachelet.
La participación con incidencia, que aún no entienden los políticos y el gobierno, es de verdad. Esto significa, señores, tener capacidad de influencia, poder de decisión, aunque sea en algún grado, por el solo hecho de ser actor involucrado, protagonista, ser ciudadano, o víctima en este caso de la contaminación del mar.
Por eso no sorprende que el gobierno haya decidido –cedido- recién ahora a conformar una comisión científica de alto nivel para dilucidar los efectos del vertimiento de 5 mil toneladas de salmón descompuesto en el agravamiento de la marea roja y del desastre humano, social, laboral y ecológico que se vive en el sur del país.
Y no sorprende, porque ¿cómo en más de 20 años de desarrollo de la industria salmonera se hicieron estudios sobre la productividad y mejor rendimiento del sector acuícola, pero no de las consecuencias del manejo y operación de esta industria, y de su relación o efectos en los ecosistemas marinos en la Patagonia? Nada es tan azaroso, y la ciencia tampoco está libre de ello.
Los conflictos socioambientales se transformaron en el nuevo estallido social que los gobiernos de Piñera y Bachelet, en convivencia con los intereses políticos y empresariales han permitido el abuso del Estado a costa de zonas de sacrificio. A esto se suma, la impericia del gobierno de Bachelet para reaccionar al conflicto, lo que se expresa en la estrategia del desgaste –incluido el desconocimiento de la profundidad del problema – de desgastar al movimiento organizado y de dividir para gobernar, como han criticado varios dirigentes de la pesca al usar las mesas negociadoras, con cada grupo o sector movilizado para ir “solucionando” uno a uno los focos de resistencia.
El camino que viene para el país, con transformaciones que se dan entre cambiar las bases del modelo (isapres, AFPs, educación, etc.) y en responder o contener a la lucha social, desde localidades y territorios y demandas nacionales, es poco auspicioso, todo esto cruzado por una agenda aún tomada por los casos de corrupción entre políticos, partidos políticos y empresarios y conglomerados empresariales, quienes detentan las grandes fortunas del país.
Respecto a lo primero, el gobierno quedó sin mucho aliento desde el primer año, con reformas modestas –tributaria, primera parte de la reforma educacional y “proceso del proceso” constituyente- que solo corrigen algunos aspectos del modelo, más no lo cambian, debido a fuertes presiones y negociaciones internas con poco liderazgo presidencial.
Mientras, que en lo segundo no se avizora un cambio de rumbo positivo. Las demandas locales –para las cuales el modelo de regionalización del ’78 no da abasto, con escasos avances democráticos para la autonomía de las regiones y el fortalecimiento de gobiernos locales- están cruzadas varias de ellas, como se da en Chiloé, con un modelo extractivista y depredador de los recursos naturales -desde los glaciares en la Región de Atacama hasta el recurso agua en la Región de la Araucanía, por mencionar los casos más insinuantes desde la movilización social-.
Este modelo se esconde y protege en una normativa ambiental deficitaria, que deja de lado a quiénes viven ahí y quiénes en lo colectivo luchamos y creemos por un país, no solo más justo, sino que pueda tener derecho y derecho a voz en el uso de los bienes y recursos públicos, que son prioritarios para la vida.
El saldo negativo de este ejercicio no hace más que restar. Los cambios sustanciales están muy atados a cadenas conformadas por una casta política tradicional defraudante y éticamente deplorable, y de movimientos sociales que aún están en proceso de reconocimiento, articulación y de lucha colectiva. Pese a esto, la amplificación del conflicto de Los Lagos hacia Los Ríos y Araucanía puede ser una “pesca de arrastre”, que, más que una migraña para el gobierno, se convierta en una agenda movilizadora, que permita enmendar –en algo- el segundo tiempo de Michelle Bachelet.