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Dilma Rousseff: Dos años antes y el día después

Publicado: 05.09.2016

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En estos días, ¡multitudes de brasileños marchan en decenas de grandes centros urbanos bajo la consigna “Fora Temer!” o “Temer jamais!”. Se puede acompañar las protestas quasi en tiempo real a través de Mídia Ninja | Facebook, JORNALISTAS LIVRES – Medium y otros sitios de Mediolibristas, como se llaman los colectivos de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, que junto con blogs profesionales (GGN | O jornal de todos os Brasis) y plataformas de prensa democrática han contribuido notablemente para el quiebre del monopolio informacional de los siete grandes grupos mediáticos brasileños, partidarios del impeachment, imponiendo una narrativa diferente de los hechos.

A días de la impugnación definitiva de Rousseff en el senado brasileño, Michel Temer, – “el presidente que nadie pidió” (El País, 02/09/2016), rechazado por 62 por ciento de sus compatriotas, involucrado en distintos delitos de corrupción y declarado inelegible – dijo “¡no soy golpista!” y exhortó a todos sus ministros para que salgan a “aniquilar” la versión del golpe de Estado.

Desde entonces, su ministro de Justicia, Alexandre de Morais – un ex abogado de narcos y traficantes de armas del “Primero Comando de la Capital”, pero en seguida ex secretario de Seguridad Publica en São Paulo y comandante de la policía más violenta del mundo –  pareciera actuar desde las sombras como artífice de una oleada de represión violentísima y gratuita a las manifestaciones contra el gobierno ilegítimo, que cobra inúmeros heridos graves, con perforación de ojos por balazos de goma y gas pimienta, fracturas de huesos por palizas y otras barbaridades más, a las que no escapan periodistas, insultados de “hijos de p…a”, “comunistas” y otras perolas del léxico de la extrema-derecha, sorpresivamente apropiado por los “servidores del orden” – suerte de militancia ideológica de la policía callejera nunca vista en Brasil, ni siquiera en el golpe militar de 1964.

En estos días, Brasil es un país con una profunda fractura ideológica y política, dividido en dos campos antagónicos y aparentemente irreconciliables, fruto der una sistemática campaña mediática de demonización de los programas sociales de los gobiernos tibiamente reformistas de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Sin sombra de dudas, se puede afirmar que la persistente invocación del “peligro chavista” por los medios dominantes ha generado la división y una suerte de “venezuelización” del país

 Crónica de un golpe anunciado. ¿Pero cuál es la lectura de los hechos que reproducen los medios chilenos?

Desde hace dos años, cuando los medios mainstream brasileños – apodados de P.I.G = “partido de la prensa golpista”, con un acrónimo que en inglés significa “chancho” – iniciaron su campaña sin treguas contra el gobierno Dilma Rousseff, es llamativo que  la mayoría de los medios chilenos reproduce casi que al pie de la letra lo que decían y siguen diciendo Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, las revistas Veja y Época y el buque-insignia de la oposición mediática, la TV Globo, perteneciente a la familia Marinho; con sus 22 mil millones de dólares, la segunda familia más rica de Latinoamérica.

La amenaza de impugnación a la reelección de Dilma Rousseff la hizo el candidato presidencial Aécio Neves, del oposicionista partido liberal-derechista PSDB, a la mañana siguiente a su derrota electoral ante la presidenta, en noviembre de 2014. Acto seguido, su compañero de bancada, el ultraderechista senador Aluyzio Nunes, amenazó con una frase digna de registro en la historia de la infamia. Dijo: “¡Quiero verla sangrar!”.

No es necesario ser afiliado, ni simpatizante del Partido de los Trabajadores (PT), para reconocer que la reelección de Dilma Rousseff es el punto de convergencia de cuatro bloques interesados en su desestabilización: la composición más conservadora y obscurantista en la historia del parlamento brasileño, con una poderosa bancada pentecostal; la embestida selectiva del operativo anti-corrupción “Lava Jato” (lavado de chorros) contra el gobernista PT y su demonización; las marchas encabezadas por el sector fascista de las clases medias y altas; y finalmente la concertación mediática contra el gobierno y el PT. Junto con el núcleo duro de policías, fiscales y jueces de “Lava Jato”, los medios le entregaron una narrativa a los manifestantes, que rápidamente cambiaron su consigna “contra la corrupción” por “¡Que se vaya Dilma!” y “No más PT!”.

Durante todo el año de 2015, Neves y su PSDB literalmente hicieron un infierno la gestión de la mandataria con expedientes legales forjados, que le imputaron fraude electoral, financiación de campaña con platas sucias y, cuando ninguna de estas acusaciones tuvo éxito en tribunales, sus artífices ingeniaron alianzas con sectores institucionales como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

En la otra punta, la Cámara de Diputados torpedeó de modo sistemático las iniciativas de “reajuste” de la política económica del gobierno para tranquilizar a los mercados, frenando sus promesas de campaña. El boicoteo parlamentario dirigido por el corrupto presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del aliado y gobernista PMDB, se hizo todavía más agudo cuando Rousseff rechazó recortes en los programas sociales.

 El enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo abandonó a la propia suerte a una mujer ajena a negociaciones, sobre todo con interlocutores deshonestos, y así Dilma fue perdiendo apoyo y sufriendo derrotas en casi todas las votaciones de la agenda de su gobierno.

Incomprensiblemente, el PT parecía no llevar en serio o no darse cuenta por la ofensiva conservadora. La presidenta con sus mutismos y estilo perdulario, y su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, con su tolerancia permisiva de los excesos de “autonomía” de la Policía Federal y de la Fiscalía, que conspiraban abiertamente contra el gobierno, se hicieron rehenes del inmovilismo; un cuadro que se completó con el temor de avanzar con su proyecto de Ley de Democratización del Mercado de Medios y la consecuente pérdida de la narrativa para la derecha organizada.

Fue ahí que el vicepresidente Michel Temer olfateó su oportunidad. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, el vicepresidente y su PMDB emitieron dos señales alarmantes. Primero, Temer hizo filtrar a los medios una carta a la mandataria en la que se quejaba de actuar como “figura decorativa” y que su partido no disfrutaba de merecido espacio en el gobierno. Acto seguido, el PMDB abandonó al gobierno, que a partir de marzo se parecía a un gabinete en exilio.

Sin embargo, la trama de Temer estaba sincronizada con su amigo in pectoris Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.

Formalizado por la Fiscalía de “Lava Jato” debido al origen ilícito de 40 millones de dólares en su poder; de los cuales 5 millones en cuentas secretas de bancos suizos. Cunha mintió a la Cámara sobre poseer las cuentas secretas. La comisión de ética decidió procesarlo, lo que le podría costar su cargo y su mandato. Cuando el PT le negó los votos que necesitaba en dicha comisión, entre gallos y medianoche Cunha reabrió una solicitud de juicio político del PSDB contra Rousseff, que el corrupto parlamentario había encajonado durante algunos meses para usarla como moneda de trueque por su sobreseimiento.

Fue el golpe de misericordia del PMDB, que culminó en la aberrante votación de admisibilidad del juicio contra la presidenta en el mal afamado día 17 de abril.

 ¿Destitución legal o golpe?

Para verdaderamente comprender la escenificación kafkiana del juicio contra Dilma Rousseff, es oportuno recordar la corrupción sistémica y las aberraciones institucionales que afectan al mismo tribunal TCU que maquinó la acusación de maquillaje presupuestario contra la presidenta; expediente utilizado ad nauseam por todos sus antecesores y de repente declarado “crimen”.

Augusto Nardes, presidente de esta corte, hace años está encausado por grave delito de corrupción. Cobró coimas a cambio de reducir deudas tributarias de poderosas empresas, pero no puede estar preso porque está protegido por la inmunidad de autoridad judicial. Es más. Durante las audiciones de testigos de la acusación contra Dilma Rousseff en el Senado, el parlamentario Randolfe Rodrigues  logró destapar una trama insólita:  el ex auditor del TCU, Antônio Carlos D’Ávila, quien había avalado una representación judicial del fiscal Júlio Marcelo en contra de Rousseff, fue él mismo el autor de dicha representación – algo así como si un juez le escribe una petición para un abogado, que la devuelve al mismo juez, para que este emita su sentencia previamente tramada. Los absurdos siguen: en 2015, el fiscal Júlio Marcelo fue el promotor de “eventos de denuncia” pública contra la presidenta a la entrada del TCU, con bombástica divulgación en su muro de Facebook. Ricardo Lewandowski – presidente de la Corte Suprema, que la última semana coordinó el juicio político en el Senado – declaró sospechoso los alegatos y le quitó su rol de “testigo”.

Entonces una imagen insólita rodó por el mundo: cara a cara con 46 parlamentarios formalizados o juzgados por crímenes de corrupción, improbidad administrativa, lavado de dinero, secuestro y homicidio, estaba la presidenta de Brasil, a la que hasta mismo algunos de sus enemigos le atestan una innegociable e incorruptible honestidad. Allí estaban los corruptos actuando como “jueces”, y ella como presunta criminal.

Y esa es la tragedia en que se hundió Brasil: el reino del cinismo y de la infamia.

 El día después

Luego de proferir un flamante discurso en el que dibujó la trama, durante 14 horas Dilma Rousseff enfrentó a sus “jueces” y destrozó, una a una, las acusaciones de la farsa. De nada le ayudó, era un juego de cartas marcadas. Al día siguiente, 62 senadores la destituyeron. Pero no completamente. Quizás por mala conciencia, no le quitaron sus derechos políticos, medida que la habilita para competir como candidata en cualquiera elección.

Expertos en Derecho Constitucional, Administrativo y Penal son unánimes: es un escándalo jurídico y político sin precedentes: primero porque la Constitución no autoriza la casación de un/a mandataria/o apenas porque supuestamente es mal presidente. No habiendo pruebas del crimen, no podría haber condena, y habiendo condena el juicio fue un golpe.

La confesión del golpe vino por la voz de dos oposicionistas radicales.

Dos días antes de la votación, circulaba por los pasillos del Senado el conservador senador Álvaro Días, cuando fue abordado por una periodista, que le preguntó, como evaluaba el curso del juicio. Con una sonrisa mefistofélica, Días fue tajante: “Pericias por aquí, testigos por allá, ¿qué importa todo eso? No va a cambiar mi voto, que para la mayoría de los senadores está decidido desde octubre de 2015.

La franqueza de Días y la tesis del golpe premeditado fueron advertidos en diciembre de 2015.

Para completa estupefacción de sus entrevistadores, en el programa televisivo

“Espaço Público“, del 15 de diciembre de 2015, en la estatal TV Brasil, entre gesticulaciones y tropiezos, Helio Bicudo, uno de los autores del pedido de juicio a la presidenta, dijo: “Miren, eso del maquillaje del presupuesto, cuyos detalles ni siquiera me acuerdo, no importa. ¡Lo que sí importa es ´toda esa corrupción´ [sic!] descubierta en Petrobras!”.

¡Pero como, señor, si está probado que la presidenta no está involucrada en ningún acto de corrupción! La acusación tiene que ser clara y las pruebas irrefutables, le recordó el periodista Paulo Moreira Leite, hace pocos días despedido por Temer en la TV estatal. Y le comentó que veía muy mal el futuro de la democracia, si cualquiera grupo de interés decide derrocar a un presidente porque es supuestamente mal administrador ¡Para cambiarlo están las elecciones!

Acorralado y gesticulando todavía más, Bicudo soltó el gato de la bolsa: “Bueno, pero la oposición también alcanzó gran número de votos en 2014. Ocurre que a lo largo de los meses los votos de la presidenta se fueron disminuyendo y los votos de la oposición creciendo… Digo: creciendo en las marchas. ¡Entonces había que sacarla!”

¡Así de simple!

Los abogados de la presidenta depuesta protocolaron recurso en la Corte Suprema (STF), cobrando de los insignes magistrados la inmediata anulación del fraude.

Sin embargo, un dicho brasileño advierte que de un manzanero no se debe esperar que cerezas.

Son muchas las razones para suponer que esta corte no actúe en favor del genuino Derecho. Fuese así y hubiera frenado el golpismo de Eduardo Cunha y aceptado la solicitud de su prisión por la Fiscalía, medio año atrás.

No fuese suficiente y escandaloso, en la Cámara celebran a Cunha como el “héroe” de la derrocada de Rousseff y preparan un expediente para una amnistía al criminal y más de un centenar de parlamentarios acusados de corrupción.

En trama paralela, policías, fiscales y el juez Sergio Moro diseñan el próximo acto de la cazada a Luis Inácio da Silva, que, a pesar de toda su humillación y desgaste con acusaciones fraudulentas, es el candidato favorito en todas las encuestas para las elecciones de 2018.

Así de simple, así de infame.

 

 

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