Día de la Mujer: Derecho a decidir

El derecho a decidir y el derecho a una vida libre de violencia hacen parte de las reivindicaciones centrales que históricamente los movimientos feministas y de mujeres han sostenido y que al conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer resaltan por su persistente vulneración y el retraso con que las autoridades chilenas las enfrentan.

Desde hace dos años debate el Congreso Nacional la propuesta sobre aborto en tres causales que la Nueva Mayoría comprometió en su Programa de Gobierno. Permitir a las mujeres y a las niñas decidir la interrupción de un embarazo resultado de violencia sexual es una cuestión demasiado básica en un país que aspira a ser considerado genuinamente democrático. Especialmente considerando las más de 15.000 denuncias por delitos sexuales que consigna Fiscalía Nacional en 2016 y que por cada niña que denuncia se estima que otras seis no lo harán (Fiscalía Nacional, 2016).

Pese a la urgencia que reviste legislar en tal sentido, resulta preocupante que todavía no exista claridad que en el Senado se respaldará ampliamente legislar sobre aborto cuando el embarazo es resultado de violencia sexual. La denominada “causal violación” ha sido a lo largo del debate el punto álgido de la discusión, habiéndose escuchado toda clase de prejuicios y estereotipos respecto de las mujeres y niñas víctimas. En el debate se ha invisibilizado la gravedad de la violencia sexual y el sufrimiento que significa para ellas, minimizando la violencia en lugar de enfrentarla y procurar reparar a las víctimas.

En demasiadas “honorables” opiniones se advierte la desconfianza frente a la vivencia y la palabra de las mujeres, e incluso en algunas, derechamente el desprecio a su experiencia. De ahí que al proyecto se le hayan formulado diversas “indicaciones”, modificándose a tal punto sus contenidos que se han debilitado de manera importante sus alcances y obstaculizado seriamente que esta ley pueda constituir una alternativa efectiva para las niñas, adolescentes y mujeres que quedan embarazadas a consecuencia de la violencia sexual.

Desde hace más de 20 años la comunidad internacional declara repudiar toda clase de violencia contra las mujeres, conceptualizando la violencia sexual como una de las manifestaciones más graves de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. De ahí que los Estados han asumido compromisos, firmado declaraciones y suscrito tratados internacionales obligándose a adoptar medidas para la prevención y sanción de la violencia, como asimismo para la protección y reparación de las víctimas. Una legislación que permita decidir frente a un embarazo producto de la violencia sexual es precisamente una de las medidas de protección y reparación a las víctimas que Chile mantiene al debe.

El incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente la vigencia en el país de una legislación que criminaliza el aborto en toda circunstancia, no ha sido indiferente para la comunidad internacional. Por ello, desde hace 18 años se reiteran los reproches que organismos de Naciones Unidas formulan a las autoridades nacionales instándole a reformar las normas penales que sancionan a las mujeres y aquellas que vulneran la confidencialidad de la atención de salud de quienes requieren atención médica debido a complicaciones derivadas de abortos (Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité de Derechos del Niño, Consejo de Derechos Humanos, entre otros).

En tanto, la ciudadanía también demanda reformas que permitan proteger los derechos de las mujeres y en particular respalda mayoritariamente que se legisle sobre aborto en las tres causales que el proyecto de ley contempla. De acuerdo a la Encuesta de Corporación Humanas realizada en 2016, el 75% de las mujeres apoya una ley sobre aborto terapéutico, igualmente un 75% respalda si el embarazo es inviable, el 64% está de acuerdo en legislar si el embarazo es producto de violación y el 30% en cualquier situación que la mujer decida (Corporación Humanas, Undécima Encuesta Nacional “Percepciones de las Mujeres sobre su Situación y Condiciones de Vida 2016”).

De ahí que resulte tan preocupante la lentitud que ha caracterizado al debate parlamentario sobre aborto en tres causales, puesto que encubre las resistencias que numerosos legisladores mantienen frente a la necesidad de reconocer a las mujeres el derecho a decidir y garantizarles protección y reparación frente a la violencia.

Cabe esperar que con ocasión de la conmemoración del Día de la Mujer quienes representan a la ciudadanía en la toma de decisiones publicas transparenten si efectivamente están de acuerdo o no con una legislación que permita a las mujeres decidir frente a un embarazo producto de la violencia sexual. Puesto que en los próximos meses se definirá quienes serán los postulantes a la Presidencia de la República y a ocupar cargos en el Poder Legislativo esperamos que quienes aspiran a detentar cargos de representación popular efectivamente se comprometan en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, particularmente en cuanto al derecho a decidir y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.