Nuestro país vive otra aberración fruto del Chile post 1990, donde la administración pública posee tres tipos de trabajadores: plantas, contratas y honorarios. Entre los honorarios y los “contrata” suman el 80% de la fuerza laboral pública, mientras los planta se van extinguiendo, tal como desean los neoliberales de izquierda y derecha. En el año ’90 la relación era inversa, ya que sólo un 20% se destinaba a labores temporales.
Los partidos políticos de la Concertación, hoy Nueva Mayoría, son los responsables de haber generado este adefesio, gracias al que tenemos un Estado tipo Cau Cau. Los partidos políticos tienen atrapado al aparato público, se reparten sus parcelas y el gobierno de turno disfruta de ese botín. Los grupos gremiales como la ANEF y la CUT están compuestos por militantes de esos partidos. A ello sumemos que las tasas de sindicalización en nuestro país son de sólo el 12%.
En síntesis, los trabajadores a honorarios -que son del 40% al 50% de los trabajadores- están solos y son explotados por el peor empleador: un Estado hipócrita que pide a los privados cumplir con el código laboral, mientras trata a los dos tercios de sus trabajadores como jornaleros.
Hastiados, los honorarios en 2013 empezaron a ir a tribunales cuando eran despedidos arbitrariamente, a ganar esos juicios, y luego organizaron con gran mérito sindicatos y asociaciones a lo largo de los ministerios y servicios públicos chilenos. Llevan cuatro años negociando un tránsito gradual para salir desde ese marasmo.
Pero pasó lo que es la especialidad del ADN concertacionista: tramitar en mesas de negociación y a última hora pasar la aplanadora neoliberal. Luego de marearlos 3 años en comisiones que resultaron en una charada, el gobierno de Michelle Bachelet quiere imponer ahora a los honorarios nuevos tratos, que los afectarán si pasan a contrata en un 30% en su sueldo líquido actual y los convierten en contratas de segunda clase respecto de los que hoy ya existen.
El gobierno de la presidenta Bachelet desea “cumplir” su meta de paso a contrata (que tampoco es para nada la panacea laboral), a través de una nueva argucia comandada por su ministro de Hacienda. Se trata de instalar la circular número 6 de la Dipres, para pasar a contrata en condiciones indignas, generando a la larga trabajadores de primera y segunda ralea.
En agosto los honorarios se han movilizado y detenido sus funciones en señal de protesta. Sin embargo, y como suele suceder con la prensa del duopolio, el paro en varias regiones no ha tenido la cobertura justa. En este agosto que termina han parado ministerios en el gobierno central y en regiones, también otras organizaciones del sector de Vivienda que están en paro o con movilizaciones diarias en Aysén, Los Ríos, Los Lagos, Bio Bio, Maule, Valparaíso, Coquimbo. También los trabajadores de otros servicios, como el INE, Cultura, Educación, Conicyt, se sumaron, pararon y marcharon.
Durante este paro los honorarios del sector Vivienda RM (Serviu, Minvu y Seremi) presentaron un recurso de protección contra el ministro Rodrigo Valdés y la ministra Paulina Saball. Se le pide a la justicia que el rector de la cartera deje sin efecto la Circular N°6/2017 del Ministerio de Hacienda, debido a que busca generar un actuar arbitrario y atentatorio contra la garantía de igualdad ante la ley, contenida en el numeral 2° del citado artículo 19 de la Constitución Política de la República.
El tercer aspecto que demanda el recurso de protección contra las autoridades mencionadas implica ordenarles a que dispongan de un mecanismo de traspaso de honorarios a régimen de contrata en el marco de atribuciones que fija el inciso final del artículo 24 de la Ley N°20.981, esto es, respetando la remuneración bruta de los afectados.
El Congreso Nacional ha rechazado las condiciones, mediante un proyecto de acuerdo transversal firmado en el Senado el 4 de julio. En tanto, el Poder Judicial ha unificado los criterios indicando que aquel trabajador que desarrolle labores habituales para el Estado, bajo la figura honorarios, se encuentra sometido a una contratación ilegal y debe regirse por el Código Laboral.
Años de negociaciones, movilizaciones y los honorarios aún no reciben un apoyo real de la ANEF y la CUT. De seguro porque estos gremios están dirigidos y llenos de militantes de estos partidos que desean seguir profitando de esta caja laboral en la que han convertido al Estado en 27 años.
La opinión pública no sabe que quienes les atienden en los servicios o ejecutan las políticas públicas son sub empleados, lejanos de toda lógica y dignidad laboral. Los partidos políticos desean continuar esta danza neo liberal, pues ello les permite instalar -con cada cambio de gobierno- más de 7 mil personas que ingresan sin proceso de admisión alguno.
En España existen las denominadas “oposiciones”, procesos que mediante exámenes unificados miden a los profesionales que desean servir en el aparato público. Es difícil pasar los exámenes que tienen los rangos de la Unión Europea. A su vez, en la comunidad británica hay un ente independiente, tipo Banco Central, que contrata a los funcionarios para que los partidos no metan las poruñas.
Acá lo único que se le parece es la PSU, pues aunque seas amigo de Ricardo Lagos Escobar y Luksic, no ingresarás a ninguna carrera sin cumplir el proceso en una casa de Bello, por ejemplo.
Paradojal entonces es que, para algo tan trascendente como es el servicio en el Estado, cualquiera que tenga el pituto o esté atento al desorden de admisión que impera, pueda ingresar a la administración pública chilena. Ahí le espera formar parte de ese 80% de la fuerza laboral, que no posee contrato digno por años, no se le pagan sus imposiciones y puede ser despedido en cualquier momento sin indemnización alguna. Después, esa misma elite política rasga vestiduras y pide o promete un Estado de calidad.
En un mes de movilización no hay prensa y no han sido recibidos por Hacienda ni por Vivienda. La carta dejada a la Presidenta en La Moneda en julio aún no es respondida. Sí se han acercado candidatos como Alejandro Guillier, el senador Montes, la diputada Maya Fernandez y, desde el PC, Lautaro Carmona dice que pondrá el tema en la Comisión de Trabajo de su cámara baja. Del Frente Amplio sólo se ha pronunciado Francisco Figueroa.
La verdad sea dicha, la elite política chilena tiene atrapado al Estado a través de la precariedad laboral y no desea una real solución para que tengamos un ordenamiento como en el mundo desarrollado. Sólo los tribunales podrán hacer justicia a estos 27 años de barbarie laboral en la administración pública, pues los honorarios empezarán a demandar prontamente al Estado.
Esto no da para más.